La inviabilidad del ‘fast track’ de Petro: este es el tortuoso camino jurídico y político que le espera a la iniciativa del presidente

El 20 de julio se iniciará la tercera legislatura del Congreso y desde ya se avecina una gran discusión política sobre las prioridades que se deberán implementar para avanzar en diferentes temas que están pendientes para los partidos. Aunque las colectividades tienen una amplia gama de proyectos para beneficiar a sus regiones, el trámite de las reformas del Gobierno Petro ha truncado su avance. Nuevamente, la agenda legislativa estará centrada en los anuncios del mandatario, que a menudo se quedan en meros anuncios y tardan varias semanas en explicar su propósito.

Sumado a todo el enredo de la constituyente que deberá liderar Juan Fernando Cristo, asunto que todavía no ha sido aclarado sobre cómo se llevará a cabo, ahora Petro propuso ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) un fast track, que no es nada distinto a un mecanismo para recortar los trámites legislativos y que las iniciativas sean aprobadas de manera expedita.

Si la propuesta de Petro es echar mano de la misma figura que se usó para crear un marco normativo para el acuerdo de paz con las extintas Farc-EP en 2016, la idea sería que por medio de este mecanismo pudiera acelerar la aprobación de unos temas puntuales que anunció: modificación de las normas de las vigencias futuras, cambio en la distribución del Sistema General de Participaciones para dirigir recursos a las zonas de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), excarcelar al campesinado productor de hoja de coca, inversiones forzosas para la sustitución productiva de economías ilícitas, creación de la figura de la conversión hereditaria en las zonas selváticas, reforma agraria, la transformación de la Agencia Nacional de Tierras en una entidad estructuradora de proyectos productivos, un tribunal de cierre para todos los actores del conflicto y la ampliación del acuerdo por siete años más.

En el papel es un trámite que se podría hacer en el Congreso por la vía ordinaria, pero Petro quiere hacerlo rápidamente, según él, para acelerar la implementación del acuerdo de paz. No obstante, todo este asunto podría resultar siendo una discusión estéril a dos años de terminar su mandato y de que haya elecciones al Congreso. Para que Petro pueda sacar adelante su idea del fast track, el Gobierno deberá presentar un nuevo acto legislativo que contemple las modificaciones y reglas que se quieren cambiar para que sea aprobado por el Congreso.

El antecedente es el acto legislativo 01 de 2016 que reglamentó el marco normativo del proceso de paz y que ya se ejecutó cabalmente porque su vigencia era de seis meses. En ese momento quedó claro que los proyectos de ley y actos legislativos serían únicamente de iniciativa del Gobierno nacional, que tendrían un trámite preferencial, que los proyectos serían debatidos en sesiones conjuntas y que las reformas constitucionales serían aprobadas en cuatro debates. Por esa razón, tendría que llegar un nuevo texto para ser discutido y ese trámite podría llevar hasta 12 meses, es decir, junio de 2025.

Según el senador Iván Cepeda, dicho acto legislativo debería surgir de un acuerdo nacional, pero tampoco está claro cuándo ni cómo se lograría porque la realidad política es muy diferente a la que existía en 2016, cuando las bancadas apoyaban la paz y estaban respaldando las políticas de Juan Manuel Santos, excepto el Centro Democrático y los líderes del ‘No’ que ganaron en el plebiscito. César Lorduy, magistrado del Consejo Nacional Electoral, recordó datos interesantes sobre el trámite de dicha reforma de 2016, y sería la muestra de que meter al país en esta discusión es totalmente inocuo.

“Entre la presentación del acto legislativo que dio origen al fast track para la paz y su aprobación en el Congreso, pasaron diez meses, exactamente 296 días”, dijo. Además, contó que entre la presentación del proyecto y la expedición del primer decreto autorizado por la normativa, pasaron 472 días; en otras palabras, un tiempo similar al que le queda a Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

Dado el caso de que el Congreso aprobara la propuesta de Petro, todas las iniciativas tendrían un control constitucional para dar un blindaje y esto tendría otros tiempos que tampoco se logran cumplir en su mandato.

Si a todo esto se suma que desde 2025 el Congreso entrará en modo campaña y que cada legislador estará pensando en su futuro político, la idea de Petro no tiene ningún asidero. Por ahora, Cristo no ha querido pronunciarse sobre esta idea de Petro, y seguramente esperará a reunirse con el mandatario para tener claro el panorama. En 2016 él estaba frente a la cartera política y conoce muy bien el mecanismo, pero seguramente también tiene la certeza de que las circunstancias son totalmente diferentes.

¿Qué dicen los partidos?

Como nadie sabe en qué consiste el acuerdo nacional de Petro, cada anuncio del mandatario genera más incertidumbre que el anterior. Como las cosas no están claras, para algunos este fast track bloqueará al Congreso y el tiempo irá pasando sin que se legisle en favor de los colombianos. Para otros, la nueva propuesta podría ser una constituyente disfrazada. “Una amenaza a la democracia y un intento más por quedarse en el poder. Al presidente hay que insistirle en que el fin no justifica los medios”, dijo el senador Miguel Uribe, del Centro Democrático.

El senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, pidió a Petro que presente iniciativas que beneficien a los colombianos y no meterse en temas que enredan la Constitución. “El Estado colombiano no requiere más normas al respecto, ni mucho menos reformar la carta política mediante la figura del fast track, ese mecanismo excepcional se implementó en el año 2016 y cumplió con su objetivo en su momento”, sostuvo.

Juan Espinal, vicepresidente de la Cámara, tampoco está de acuerdo y anunció que el Centro Democrático votará en contra de ese acto legislativo si se presenta. “No se puede permitir un trámite relámpago para una reforma a la justicia, una ley de servicios públicos o su constituyente, que seguramente para eso es que quiere utilizar el fast track, para la constituyente y para su reelección”, añadió.

El expresidente Iván Duque alertó sobre las intenciones que tendría Petro de meter sus reformas mediante mecanismos vinculados al proceso de paz con las extintas Farc para decir que son de la implementación. Petro le respondió que no era cierto y que lo invitaba al acuerdo nacional. En el liberalismo no apoyarán la propuesta de Petro, así lo hizo saber el senador Mauricio Gómez Amín. “Tampoco cuenten conmigo para este fast track. Primero el blindaje de nuestra democracia y la institucionalidad de nuestro país. No se equivoque, Gustavo Petro, Colombia es un país de instituciones fuertes”. María José Pizarro, del Pacto Histórico, sí cree que el fast track es el impulso que le falta a la implementación del acuerdo de paz y por eso esa coalición apoyará la propuesta de Petro. “Es el pie en el acelerador y ese anuncio lo recibimos con agrado”, dijo.

Sobre la ampliación del plazo de la implementación del acuerdo de paz, Pastor Alape, delegado del partido Comunes, le dijo a SEMANA que, por ahora, esa es una propuesta unilateral del Gobierno nacional y que no se ha tocado el tema conjuntamente para definir las eventuales reglas del juego. En todo caso, desde la próxima semana, Colombia podría verse sumida en discusiones que no tendrán ningún fruto. Un ejemplo es aquella época que se denominó la Patria Boba, un periodo de nueve años (1810-1819), cuando federalistas y centralistas discutían cómo se iba a organizar el Estado, en medio de enfrentamientos, hambrunas y anarquía, mientras el imperio adelantaba la reconquista.

De llegar a ese escenario, el país se vería sumido en una discusión bizantina, es decir, como aquellas que se dieron cuando los bárbaros trataron de entrar a sangre y fuego por las murallas (Constantinopla), mientras los teólogos se perdieron en discusiones inocuas sobre el sexo de los ángeles. ¿Volveremos a esas épocas?