La ley de Justicia y Paz, del gobierno de Álvaro Uribe, se convertiría en la tabla de salvación de la ‘paz total’ del Gobierno Petro; estos son los detalles

La llamada ley de sometimiento con la que el Gobierno del presidente Gustavo Petro buscaba crear el marco jurídico para dialogar y someter a grupos criminales y narcotraficantes en el marco de la paz total quedaría en el olvido y no se tramitaría en el Congreso de la República.

El Gobierno tiene la certeza de que esa iniciativa, cuyo eje central contempla el desmantelamiento de las bandas criminales, que tienen en jaque al país, no logró mayorías en el Capitolio y, por eso, se hundió en la pasada legislatura.

Aunque el Ministerio de Justicia tenía previsto radicar la iniciativa nuevamente el pasado 20 de julio, diversos sectores que apoyan la denominada paz total le recomendaron al ministro Néstor Osuna no presentar la iniciativa ante una serie de posibilidades que se estaban analizando.

En ese sentido, SEMANA conoció que se está cocinando la prórroga de la Ley 975 de 2005, que se conoce como la de Justicia y Paz, creada durante el mandato del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Varios congresistas y expertos han hecho recomendaciones al comisionado para la paz, Danilo Rueda, a fin de que se la jueguen por dicha ampliación y evitar otra derrota con la ley de sometimiento.

Aunque la Ley de Justicia y Paz, que permitió el proceso de desmovilización de grupos paramilitares en Colombia, fue bastante criticada por grupos de derechos humanos y dirigentes que ahora pertenecen al Pacto Histórico, parece ser el plan B del Ejecutivo para avanzar en ese frente. Aunque todos los caminos conducen a esa vía, hay que recordar que en marzo de 2023 el presidente Petro dijo sobre esa iniciativa que “era una ley de impunidad a los narcotraficantes armados de Colombia”. No obstante, la política es dinámica y es normal que los dirigentes cambien de opinión rápidamente y sin sonrojarse.

En todo caso, la apuesta por la ampliación de la Ley de Justicia y Paz se basa en que todo el proceso de sometimiento queda en cabeza de la Fiscalía General de la Nación y tendría otros ajustes para actualizar la medida, ya que han pasado casi 20 años y la dinámica del conflicto ha cambiado y todos los grupos criminales están ligados con el narcotráfico.

Así las cosas, lo que haría el Gobierno Petro es una mezcla entre el texto de la ley de sometimiento y la Ley de Justicia y Paz, pero se mantendrían las condenas de ocho años de cárcel. También quedaría un capítulo sobre la diferenciación entre lo que es y no es una organización de alto impacto y quedaría claro que no existirán penas restaurativas ni por fuera de la cárcel. Es decir, las penas serían efectivas.

También habría otro capítulo sobre el mecanismo de versiones libres para los postulados y se replanteará el tema de entrega de bienes, que en la ley de sometimiento les permitía a los criminales quedarse con el 6 por ciento de ellos.

No obstante, el ministro Osuna tiene dudas sobre la ampliación, porque Justicia y Paz se creó pensando en sometimientos individuales y no en su totalidad, pero las conversaciones con Rueda han ido resolviendo esa serie de dudas.

Lo que está claro para congresistas cercanos al Gobierno es que la ampliación de Justicia y Paz debe tener en cuenta criterios internacionales para que los jueces sean los encargados de negociar las penas y beneficios de integrantes de grupos criminales para su sometimiento.

En la última semana se dieron más de cinco reuniones para abordar el tema y todo apunta a que el Gobierno Petro se la jugará por ese plan B a pesar de las críticas que puedan recibir al adoptar un mecanismo que creó Álvaro Uribe. La próxima semana, Rueda y Osuna volverán a encontrarse para definir el asunto, que, en todo caso, se conocerá en la primera semana de septiembre.

El cambio de postura también obedece a las críticas de sectores políticos, la Fiscalía y la Procuraduría, que desde un principio no estuvieron de acuerdo con la ley de sometimiento, pues se beneficiaba más a los victimarios que a las víctimas.

Otro asunto por resolver es si la Segunda Marquetalia tendrá posibilidades de incorporarse en este nuevo esquema, pero será un asunto que se estudiará posteriormente. ¿El presidente Gustavo Petro estará de acuerdo con este plan B?