“La meta es llegar al 70 % de actualización catastral en este cuatrienio”: Gustavo Marulanda, director del Igac

SEMANA: ¿Cómo va el avance de la actualización del catastro multipropósito?

Gustavo Marulanda (G.M.): Este Gobierno, al llegar en agosto, encontró la situación del catastro en un avance del 9,4 % en términos del área actualizada catastralmente. Es decir, de los 114 millones de hectáreas que tiene el país, más o menos se tenían actualizadas 10 millones de hectáreas. Esa es la línea base con la que arrancamos. Al cerrar el año pasado, luego de unos procesos, actualizamos cerca de 17 municipios en el país. Cerramos en el mismo nivel, 9,4 %. ¿Por qué? Porque obviamente, como hay municipios que entran en actualización, otros se desactualizan. El país tiene una norma que dice que los municipios deben estar actualizados en los últimos 5 años. Es una suma y resta, entran algunas áreas, pero se quedan sin actualizar otras.

SEMANA: ¿Cuál es el reto que se plantea el Gobierno Petro en términos de catastro multipropósito?

G.M.: Para este periodo se nos viene una meta de actualizar el 70 % del país. Esto es lo que dice la meta del Plan Nacional de Desarrollo. Para este cuatrienio el esfuerzo es gigantesco. Partiendo del 9,4 %, la idea es llegar, como mínimo, al 70 %. Este año, se aspira a empezar procesos de actualización catastral en 127 municipios. Eso quiere decir que la meta de este año es empezar a poner en procesos de actualización catastral a cerca de 30 millones de hectáreas. Es triplicar el área con la que recibimos el catastro del Gobierno anterior. Para el año siguiente, estamos pensando en poner a actualizar cerca de 196 municipios, casi 200 adicionales, con una meta de 20 millones de hectáreas. En el año 2025, otros cerca de 100 municipios para que, en el último año del Gobierno, cerremos con ese 70 % de actualización. Quiere decir que, en este Gobierno, se actualizarán cerca de 79 millones de hectáreas. Es una meta ambiciosa, de un esfuerzo gigante. Obviamente, esto dependerá de las apropiaciones presupuestales que se den por parte del Gobierno. En la medida que se aseguren los recursos, se podrá cumplir esa meta.

SEMANA: ¿Qué recursos tienen para este año?

G.M.: Para este año, en la adición presupuestal que se está discutiendo en el Congreso, estamos solicitando 400.000 millones de pesos para poder completar los recursos para la actualización de esos 127 municipios.

SEMANA: ¿Por qué es importante tener actualizado el catastro multipropósito en el país?

G.M.: El catastro, con ese enfoque multipropósito, tiene la bondad de aportar a muchos de los temas estratégicos del país. En primer lugar, sale de los acuerdos de La Habana. En el punto uno, que es la reforma rural integral, uno de los temas clave es tener un catastro actualizado. La discusión en los acuerdos fue importante porque estaba desactualizado y lo denotan las cifras. Adicionalmente, la información catastral es clave para seguridad jurídica. Hoy no tenemos la total claridad, además por la separación del catastro y el registro de cuáles son los poseedores del país. Eso no está del todo claro.

Cuando uno quiere tomar decisiones de política pública sobre a quién comprarle, redistribuirle o formalizarle, no está la información. Después es importante que, una vez se tenga la información, que esta sea útil en materia de planeación y ordenamiento del territorio. Obviamente, cuando se quiere construir el territorio, uno debe tener claro cómo está construido, cuáles son las propiedades del territorio, en dónde están ubicados y cuáles son los usos. Sirve también para tomar decisiones en políticas públicas sobre inversiones en saneamiento básico y agua potable, como el resto de los servicios públicos. Se debe tener información de los predios y la población para esas estrategias. Algo similar pasa en educación y salud, etcétera.

Para el mercado de suelos es importante porque el catastro, en el ciclo completo, te da una información relevante sobre el suelo y lo que se construye encima. Hay que tener información agrológica detallada del territorio para saber cuál es la capacidad productiva del suelo. Es precisamente para saber, por ejemplo, en temas de reforma agraria dónde se debe hacer la concentración de la adquisición de los predios. Otro tema importante es la cartografía total del país, para tener los mapas. No menor es el tema de la información para ser mucho más equitativos en el tema de cobro de los impuestos, en particular del predial, que es una de las principales fuentes de financiación de los municipios.

SEMANA: Frente a esta información sobre las propiedades del suelo, el presidente Gustavo Petro aseguró que, en el marco de la reforma rural integral, los terrenos puestos a disposición por Fedegán no eran tierras fértiles. ¿Tenía el Ministerio de Agricultura la información del Igac sobre estos predios?

G.M.: Efectivamente, la priorización de las tierras las hace el Ministerio de Agricultura y el sector. El Igac entrega la información para que tomen las mejores decisiones. En la medida que no haya catastro o información agrológica, la decisión va a ser mucho más difícil. De ahí la necesidad de que el país evolucione a tener información de mayor calidad para tomar mejores decisiones. Eso no quiere decir que no se pueden tomar decisiones. Lo que pasa es que las decisiones se toman sobre una cobertura muy amplia, pero a partir de la información, el Ministerio tomó la decisión sobre dónde era más sensato comprar tierras. En esa medida, seguramente, lo que hizo el Ministerio fue priorizar ciertas zonas donde es de mayor interés comprar predios.

SEMANA: Dentro de una polémica proposición al Plan Nacional de Desarrollo, que muchos denunciaban que era una ‘expropiación exprés’, el Igac era quien hacía el avalúo para una compra forzosa. ¿Qué opina usted de esta propuesta?

G.M.: La Agencia Nacional de Tierras presentó ese articulado. Lo único que puedo anotar de ese punto en particular es que el Igac se encarga de hacer todos los temas valuatorios en cualquiera de los escenarios. Ahí hay metodologías y formas que aplican a cualquier tipo de compra del Estado. Ahí el Igac, en esa línea, aplicará las metodologías vigentes para la compra de las tierras que correspondan, ya sea por negociación voluntaria o por procesos de expropiación, si así lo define el Gobierno y la autoridad correspondiente.