La promesa incumplida de Petro en Turbaco, cerca de Cartagena: prometió en campaña eliminar un peaje, y no lo hizo

Hay conmoción en Bolívar porque se reanudó el cobro en el peaje de Turbaco, a pocos minutos de Cartagena. Después de dos años de haber sido suspendido, desde el 18 de mayo, a los habitantes de la zona se les pedía pagar 5.100 pesos, una suma que impacta económicamente a cientos de familias y negocios de transporte de pasajeros.

El viernes 24 de mayo, el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el gobierno local lograron que se exceptuaran algunos vehículos en el cobro por un mes, pero para muchos son paños de agua tibia frente a un problema estructural que lleva varios años afectando a la comunidad.

Pequeños empresarios, comerciantes, transportadores y ciudadanos que trabajan en Cartagena y otros municipios no olvidan que en febrero de 2022, en plena campaña presidencial, el entonces candidato Gustavo Petro se puso una gorra que decía “No + peaje”, comprometiéndose con la causa de la gente.

El entonces candidato del Pacto Histórico dio su acostumbrado discurso en plaza pública con la gorra, mostrándoles a sus simpatizantes que iba a tener en cuenta desmontar el peaje, que es uno de los mayores dolores de cabeza de muchos, porque automáticamente el costo de vida en Turbaco aumenta si este se mantiene.

Luego de ser elegido presidente, Petro no volvió a hacer referencia sobre la crisis que atraviesa el municipio. Según los miembros del comité No Más Peajes, todo comenzó desde 2010, año en el que se contrató la construcción de la doble calzada entre Cartagena y Turbaco como parte del contrato con la concesión Autopistas del Sol-Ruta Caribe 1.

La comunidad aceptó el cobro en un principio, dado que significaba un beneficio para sus vías. El 30 de julio de 2021, la ANI anunció que la concesión alcanzó el recaudo esperado de recursos. Por esa razón, los habitantes esperaban el desmonte de la caseta, pero eso no ocurrió.

En agosto de ese mismo año, el Gobierno adjudicó la concesión Autopistas del Caribe-Ruta Caribe 2, la cual proyecta construir 79 kilómetros de segundas calzadas, 16 kilómetros de variantes y ocho intersecciones, así como la operación y mantenimiento de 253 kilómetros de corredor.

Esto generó un fuerte descontento entre los habitantes de Turbaco, quienes dicen que ya no ser directamente beneficiados e igual seguir pagando el peaje, con un aumento considerable de tarifa. Esto llevó a una serie de acuerdos entre los gobiernos nacional y local, el concesionario y la comunidad para levantar los pagos en las categorías 1 y 2, las cuales cubren carros particulares y de transporte público.

“El nuevo contrato no contiene obras para Turbaco. Ya tiene dos calzadas hechas completamente, así como los puentes y los corredores. Sin embargo, dejan el peaje ahí para el municipio. Tenemos que pagar obras que no son para nosotros”, dijo Carlos Vargas, excandidato a la Cámara por el Pacto Histórico y uno de los líderes que se oponen al peaje.

Los acuerdos se fueron renovando cada seis meses, pero con la llegada del Gobierno de Petro, en principio, se decidió suspender el cobro y trasladar la caseta a la vía que comunica a Turbaco con Arjona. El mismo Guillermo Reyes, entonces ministro de Transporte, levantó la talanquera, pero esta medida no duró lo suficiente.

Legalmente, con la adjudicación de la nueva obra, que trae consigo seis peajes y uno por instalar, no era tan sencillo la suspensión del cobro y traslado de la caseta. Nuevamente, se tuvo que llegar a acuerdos, pero el último se venció el pasado 17 de mayo, por lo que al día siguiente se cobró a particulares y vehículos de transporte público, lo cual provocó fuertes protestas y desmanes.

Yamil Arana, gobernador de Bolívar, le explicó a SEMANA que un fondo de contingencia financiaba la falta de cobro, pero este se agotó, por lo que el Gobierno tuvo que permitir que se siguiera cobrando. “Se agotó y no hay manera de prorrogar la suspensión del cobro. El Gobierno no puede girar plata, solo puede venir del fondo de contingencia porque se trata de una iniciativa privada”, indicó.

Desde el 18 de mayo, quienes no están de acuerdo no pagan el peaje, se llevan por delante las talanqueras, que los funcionarios luchan por mantener en su puesto. Otros, especialmente los transportadores, están protestando.

Imágenes de la zona muestran cómo se han quemado troncos de árbol, llantas y demás material inflamable para no permitir el paso. Con pancartas y banderas de Colombia, los habitantes de Turbaco se aglomeraron frente a las casetas para impedir el paso y para que se escuchara su descontento. Con la excepción establecida para algunos vehículos, se espera que mermen las manifestaciones, pero el pueblo sigue pidiendo el desmonte de la caseta.

Llamado a Petro

Jaime Castillo, líder de los transportadores en la protesta, aseguró a este medio que el presidente no es consecuente con su eslogan, con el que afirma ser el ‘gobierno del cambio’. “No ha habido voluntad. El presidente está amarrado porque el contrato es difícil de tumbar jurídicamente, pero no es imposible. Las personas estamos creyendo en el cambio, pero el resultado es diferente”, indicó.

Y asegura que el impacto al bolsillo es abismal: “A los transportadores les representa 2 millones de pesos mensuales por cada vehículo. Tenemos que trabajar para el ACPM, para la empresa, para la terminal y otros costos asociados al diario. Se vuelve insostenible el negocio con esa caseta”.

Óscar Sánchez, miembro del comité No Más Peajes, aseguró que han demostrado la “ilegalidad” del peaje y espera más firmeza del presidente. “Hemos hecho lo que él dijo en campaña, que nos convirtiéramos en veeduría y estableciéramos las ilegalidades de cada concesión”, expuso el líder.

Incluso, el excandidato a la Cámara del Pacto Histórico llamó la atención del Gobierno, que sigue respaldando. “Le pido que se pronuncie más concretamente. Es una bomba de tiempo. Hay que sentarse a revisar qué se debe hacer. Su voz es muy importante para buscar una salida del conflicto”, indicó.

Y le envió un mensaje a la bancada de la colectividad en el Congreso: “Ha habido demasiada timidez de los compañeros del Pacto Histórico, demasiada falta de compromiso. No es fácil, pero hay que meterle el pecho”. Por otro lado, el gobernador de Bolívar, quien recientemente logró postergar el pago en categorías 1 y 2, hizo un fuerte llamado al mandatario, con el fin de solucionar la situación a la mayor brevedad.

“Él prometió en campaña que no iba a cobrar el peaje. Que se acuerde de su promesa y que nos ayude a solucionar este enredo. Se puso la cachucha en Turbaco que decía que no se va a cobrar. ¿Qué dice la gente ahora? Que lo prometió. ¿Que al presidente no le han dicho? Presidente, entérese y dé la orden de desmontar el peaje”, manifestó el gobernador.

La ANI sostiene que para que se adelante la obra se necesita el cobro de peajes. Turbaco representa 39 por ciento del tránsito promedio diario del proyecto, por lo que es un peaje vital para ellos. Se está buscando un acuerdo definitivo del Ministerio de Transporte, la ANI, la Gobernación de Bolívar y la comunidad. Incluso se ha planteado una reducción en la tarifa, pero los habitantes de Turbaco sostienen que la única opción es desmontar la caseta de la concesión.

Más de 100.000 habitantes, además de los más de 2 millones de personas que viven en el departamento de Bolívar, están frente a un presidente que aún no les cumple con un compromiso de campaña. Petro no responde personalmente, ni siquiera desde su activa y polémica cuenta de X.