Las cuentas de Nueva EPS: así quedaron las auditorías financieras hasta 2022. La entidad es hermética con sus cifras

La crisis explícita del sistema de salud de la que habló el Gobierno de Gustavo Petro se vive en Nueva EPS, la entidad que tiene a su cargo a 11 millones de afiliados al sistema de salud en todo el país y que es propiedad de los privados y del Estado.

Ni sus directores, ni sus agentes interventores, los mismos que ha designado la Superintendencia Nacional de Salud, han presentado el estado de las cuentas de la entidad en más de dos años y la EPS está a punto de completar tres años de opacidad en sus cifras.

Lo cierto es que las auditorías más recientes entregadas por Deloitte y KPMG dejaron claro que no existía evidencia de alguna actividad que no se ajustara con los estatutos de la empresa o que diera cuenta de medidas no adecuadas dentro de la contabilidad, como quedó constatado en el informe firmado en marzo de 2022, que corresponde al año fiscal de 2021. Esa misma conclusión fue acogida por la firma internacional en marzo de 2023 en su análisis sobre las cuentas de 2022.

Esa fue la última ocasión en la que los colombianos pudieron conocer el estado de la EPS más robusta del país que es propiedad del Estado, a través del Grupo Bicentenario, y de los privados, por medio de las cajas de compensación. De hecho, el mismo gobierno tiene silla dentro de la Junta Directiva, lo que hace que las decisiones sobre la entidad tengan una responsabilidad compartida.

La crisis de Nueva EPS suscitó la salida de Giovany Rubiano de la Superintendencia Nacional. En marzo, Rubiano prometió que los estados financieros de 2023 se conocerían en cuestión de dos semanas, pero pasaron siete meses y su administración no pudo entregar esos resultados. Este asunto no es solo problema de Rubiano.

El nuevo superintendente designado, Bernardo Camacho, fue agente interventor de Nueva EPS durante nueve meses, desde noviembre de 2024 hasta agosto de 2025, y tampoco los entrego. Ahora, como encargado de la vigilancia del sistema de salud del país, tendría que revisar las decisiones que él mismo tomó mientras estuvo en ese rol, lapso durante el que se mantuvo el hermetismo de la empresa sobre su situación financiera.

Es más, Nueva EPS no ha enviado información financiera a la Superintendencia desde marzo de 2024, contrario al resto de entidades prestadoras del servicio de salud que sí están reportando sus cifras. ¿Por qué la EPS que tiene participación del Estado no destapa su realidad económica ante sus más de 11 millones de afiliados?

“No hay estados financieros de 2023, tampoco desde 2024, ni siquiera hay información financiera reportada desde marzo de 2024. No se entiende cómo un pésimo interventor será un superintendente. Él debería declararse impedido para todos los temas relacionados con Nueva EPS, lo que hará que tenga que nombrarse un interventor ad hoc para la EPS que está encargada de una quinta parte de la población colombiana”, advirtió el representante a la Cámara, Andrés Forero.

No se puede olvidar que los asuntos relacionados con esa entidad están permeados por figuras cercanas a los políticos afines al presidente Petro. La tía del senador Inti Asprilla, Gladys Asprilla, fue designada como contralora para la Nueva EPS por parte de la Superintendencia de Salud, lo que se traduce en que ella sería una de las encargadas de darle el visto bueno al estado de cuentas.

El exsuperintendente de Salud, Fabio Aristizábal, advierte que el patrimonio de esa entidad ha retrocedido de forma sustancial desde que se efectuó el cambio de administración en la Casa de Nariño. Las cifras son claras: la empresa pasó de tener números en positivo a presentar cifras en rojo que dejan a la entidad con necesidad de financiamiento externo.

“El patrimonio de la Nueva EPS era de 485 mil millones de pesos, pero hoy a julio de 2025 va en nueve billones negativos. El pasivo que reportaba pasó de 5,4 billones en 2022 a cerca de 21 billones de pesos en el año actual. El objetivo del Gobierno era asfixiar las EPS y generar la crisis explícita que tanto anunció Carolina Corcho”, advirtió Aristizábal.

Saldar las cuentas de Nueva EPS es uno de los asuntos que está pendiente en la reforma a la salud que va para su tercer debate en la Comisión Séptima del Senado y en ninguno de los seis avales fiscales que ha presentado el Ministerio de Hacienda se deja claro cómo se van a costear los 21,3 billones de deuda que reporta esa empresa, según el dato más actualizado que fue revelado por la Contraloría General de la Nación.

De hecho, en uno de esos documentos la cartera de Hacienda propuso que el pago estuviera a cargo de los privados, es decir, de las cajas Cafam, Colsubsidio, Compensar, Comfenalco Valle, Comfenalco Antioquia y Comfandi, olvidándose de que las responsabilidades económicas de la EPS más robusta del país también dependen de las decisiones del Gobierno nacional. Por lo pronto, la Superintendencia asegura que está realizando una auditoría forense de las cuentas que se efectuaron entre 2019 y 2025 para buscar dónde está la responsabilidad el hueco económico de la entidad.