Las preocupantes dudas que rodean a la Agencia Nacional de Tierras: hay políticos inmersos y riesgo electoral para 2026

Una de las principales promesas del presidente Gustavo Petro fue sacar adelante la reforma rural integral y entregar 3 millones de hectáreas, especialmente a los campesinos y a las personas más pobres del país. Sin embargo, dicha meta estaría lejos de cumplirse.

Esa tarea la ha llevado a cabo la Agencia Nacional de Tierras (ANT), a cargo de Felipe Harman. Han dicho que supuestamente ya entregaron más de 650.000 hectáreas al campesinado y formalizaron 1.700.000, beneficiando a 250.000 familias, algo que estaría alejado de la realidad.

Eso no sería lo único, pues en medio de la entrega de tierras habría profundas dudas sobre su adquisición y el precio de varios terrenos, además de politiquería y burocracia, lo que genera un tufillo en medio del panorama electoral que se avecina.

Uno de los casos más llamativos es el del Cesar, donde Alexandra Pineda, exasesora de la Dirección de la ANT, quien se desempeñaba como directora de la entidad en el departamento, tiene a cuestas profundas dudas sobre su gestión. Hoy es precandidata a la Cámara por el Pacto Histórico y la Colombia Humana y, según fuentes enteradas de su proceso, seguiría moviendo los hilos en el interior de la ANT usándolos como beneficio para su campaña.

Esta revista conoció testimonios y pruebas de sus movidas en la región, conocidas por la Casa de Nariño. La periodista Katia Ospino denunció en su momento algunos de estos hechos y a los pocos días llegó Harman a Valledupar para apoyar a Pineda. Lo que no esperaban era que Andrés Idárraga, secretario de Transparencia de la Presidencia, también fuera y respaldara las denuncias de Ospino, anunciando que compulsaría copias a la Fiscalía. SEMANA conoció que ya hubo un allanamiento en las oficinas de la ANT en el Cesar y pronto podría haber resultados.

Idárraga dijo que se expidieron resoluciones que acreditan como beneficiarios a contratistas de la ANT y otras entidades que querían colarse en ese programa para recibir tierras. “Varios aspirantes del programa de formalización de tierra del Cesar, que certificaron los requisitos, sostuvieron contratos con la ANT”, denunció. Entre ellos mencionó a Alcides Rafael Araújo Molina, coordinador de la ANT, quien, según algunas fuentes, ha sido cercano a Pineda.

La precandidata tendría como contratistas de la entidad a varios miembros de su familia y habría logrado que su mano derecha, Mildred Suárez, quien, además, le maneja varios asuntos de la campaña, siga en la ANT.

Una de las dudas que despierta Pineda en ese cargo fue una entrega de tierras en la finca Las Américas en Chimichagua, que habrían sido dadas sin títulos. Los campesinos que llegaron allí terminaron vistos como invasores y tuvieron que ser desalojados, pues una decisión judicial declaró la nulidad en la compra de los terrenos porque ya tenían dueño. El presidente Gustavo Petro había estado en Mandinguilla, corregimiento de Chimichagua, entregando de manera simbólica estas tierras a unos 1.000 campesinos meses antes.

Ese panorama se repite en otras regiones. En Risaralda, Rodrigo Toro, quien fue alcalde de Santa Rosa de Cabal y asesor de la ANT de Harman, también se lanzó al Congreso. Cuando fue alcalde, surgieron dudas por la compra de menos de una hectárea por 1.500 millones de pesos para reubicar a familias en riesgo. Sin embargo, las escrituras revelan que los vendedores habían adquirido, dos años antes, 5 hectáreas por 400 millones de pesos, incluido ese mismo lote. Toro negó que haya habido irregularidades.

Hay regiones donde, más allá de irregularidades, se sabe que los políticos mueven los hilos de la ANT. Está el caso de Antioquia, Chocó y el Eje Cafetero, a cargo de Farlin Perea Rentería, gerente étnica de Medellín en la alcaldía de Daniel Quintero, hoy precandidato por el Pacto Histórico, quien, a su vez, es cercana al representante Alejandro Toro.

En el Tolima, la entidad tendría incidencia de la representante Olga Beatriz González, del Partido Liberal, una de las diez congresistas que componen el grupo de las Sin Piedad, que respalda a Petro. Ella estuvo en el tarimazo de la semana pasada en Ibagué junto con otros políticos cercanos al petrismo, como Marco Emilio Hincapié, candidato a la Cámara por el Pacto, hijo del presidente de Coljuegos. Allí también estuvo el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien tiene caudal político en la zona. El precandidato David Luna había denunciado que estaban obligando a contratistas de otras regiones a participar en ese evento.

En el Huila también hay dudas sobre la gestión de la ANT. Más allá de la politiquería, el poder ha quedado centralizado en una sola familia con la venia del Gobierno Petro. Armando Cuéllar Arteaga, quien fue gerente de Coomotor, es un aliado clave del presidente, pues lo ayudó políticamente en 2022. Gracias a eso, su hija Nika Cuéllar fue designada gerente de la Electrificadora del Huila. Pero no solo eso. Su esposo, Lester Garrido, fue nombrado coordinador territorial de la ANT en esa región.

El problema en el Huila es que a través de la ANT se han presentado varias dudas sobre los procesos de compra de tierras en los que, en algunos casos, habría sobrecostos o se estarían adquiriendo en terrenos improductivos. Es decir, se compran tierras a un alto valor que terminan siendo poco rentables.

La Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) ya le ha puesto la lupa a este tema y le ha reclamado a la ANT por la adquisición de terrenos en zonas de área protegida; sin embargo, hasta ahora no ha encontrado respuestas. “Aquí no había ocupación. Estamos hablando de unas comunidades que se están desarraigando de sus territorios y las están trayendo a habitar los parques regionales del Huila. El llamado también es al Ministerio de Ambiente, porque está en vilo y en juego el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y nuestros parques naturales regionales”, reclamó Camilo Augusto Agudelo, director de la CAM.

Sin cumplir las metas

Otro de los problemas del Gobierno con la adquisición de tierras es que no se estarían cumpliendo las metas. Si bien el Gobierno dice que ha entregado más de 650.000 hectáreas, el propio Ministerio de Agricultura, en el contador de la reforma agraria, establece que, de las 432.926 que dice que se han comprado, 240.169 todavía estarían en “proceso con oferta aceptada”, es decir, más de la mitad no están en sus manos.

Aunque en la tabla se menciona que 688.299 hectáreas ya se habrían entregado, lo cierto es que esa cifra está alejada de la realidad, pues apenas se habrían otorgado 260.410, algunas de ellas de forma provisional o pendientes de registro.

El Gobierno había puesto una meta inicial de 3 millones de hectáreas, pero luego se bajó a 1,5 para el cuatrienio, lo que estaría alejado de lograrse en menos de diez meses de mandato de Petro.

Varios de los predios adquiridos por el Gobierno aún no han sido entregados. En la práctica, el Estado se ha convertido en el mayor terrateniente del país, con 2,7 billones de pesos en tierras, según los estados financieros de la ANT a junio de 2025. La cifra casi duplica la registrada en marzo de 2024, cuando ese rubro ascendía a 1,4 billones de pesos.

Según el mismo contador, el Gobierno tendría 427.889 hectáreas en su poder, lo que refleja el actual alcance de la ANT.

SEMANA consultó a Harman y a varios de los implicados. El director de la ANT reconoció que la entrega efectiva de tierras a campesinos es de 268.000 hectáreas y que espera pasar el millón al finalizar el Gobierno. Sobre las incidencias políticas, dijo que conoce la información y que “mucha gente del Pacto Histórico trabaja en la ANT”. Sin embargo, descartó que haya irregularidades.

Este panorama causa preocupación en varios sectores que ven a la ANT como un posible monstruo político rumbo a 2026 por su influencia sobre campesinos, indígenas y otros grupos a los que les han prometido tierras en todo el país. Por eso, piden a la Fiscalía y al Ministerio Público avanzar en investigaciones y que certifiquen que el proceso de compra de tierras y la forma en la que se están entregando se haga con total transparencia.