Lío con escoltas de la UNP: sindicatos señalan a la Unidad de contratar personal de protección sin experiencia

La Unidad Nacional de Protección (UNP) habría tercerizado la contratación de escoltas que no cumplirían con los requisitos para cuidar a las personas que deben ser protegidas por el Estado. Esa entidad habría subcontratado a una firma, que se presentó como Unión Temporal 2026, encargada de brindar servicios de seguridad en el Cauca, que inscribió a agentes de seguridad que no contarían con el tiempo de experiencia de dos años que se exige para prestar ese servicio.

El caso se hace más relevante teniendo en cuenta que en ese departamento residen líderes sociales que necesitan protección especial por las amenazas que han recibido de grupos armados. Incluso, los sindicatos ponen en duda si ese personal de protección ha tenido bajo sus funciones custodiar a la vicepresidenta, Francia Márquez, cuando visita su departamento.

La denuncia se da cuenta de un pleito entre la UNP y sus funcionarios sindicalizados que comenzó desde noviembre de 2024, cuando esas dos organizaciones señalaron al director, Augusto Rodríguez, de contratar personal de protección pese a que no contarían con las condiciones técnicas que se necesitan para estos cargos.

Se trata de personas que reciben dotación del Estado con pistolas nueve milímetros y que deben acreditar una experiencia mínima de dos años ejerciendo funciones de protección a personas para cuidar a quienes están amenazados, una certificación de vital importancia para una zona como el Cauca en la que hay presencia de grupos armados.

Los nombres de al menos una decena de agentes de protección que fueron contratados en la unión temporal llegaron a los sindicatos mediante un anónimo que les pidió revisar sus perfiles, especialmente porque entre los referenciados hay personal con los apellidos como Márquez y Mina, por lo que se levantó la duda sobre qué relación tendrían con la vicepresidenta.

Pues bien, el anexo técnico de ese contrato detallaba que el contratista debe certificar la experiencia de mínimo dos años de estas personas en las funciones de escolta, incluso para aquellos que son contratados mediante un enfoque diferencial para incluir a las comunidades en estos procesos.

Entonces, estos advirtieron a la UNP mediante un derecho de petición que el contratar a una persona que no cuenta con la experiencia certificada, “al asignarle un arma fuego, de una manera u otra pone en riesgo la vida e integridad física del protegido, la de terceras personas, y la del mismo”.

Esa advertencia llegó en un documento radicado en noviembre de 2024 en la que le recordaron a la entidad que esa determinación se contradice con la promesa que hizo Rodríguez de evitar que se contraten agentes que no cumplan los requisitos, una aseveración que presentó el director cuando anunció la ampliación de la nómina en 1.170 personas en el ámbito nacional.

Los sindicatos tuvieron que entutelar a la UNP para solicitar la información de cada uno de los guardas de seguridad y mediante un derecho de petición enviado a la Superintendencia de Vigilancia lograron constatar que los nombres enunciados tienen certificados de cursos de solo un año de antigüedad.

“Tenemos información de que se está contratando personal de escolta para ejercer como armado sin los años de experiencia. La respuesta que nos ha dado la UNP es somera en la que nos confirman que ya retiraron a uno de los empleados. Nos dicen que la información tiene reserva cuando en ningún momento hemos solicitado el detalle de los esquemas de seguridad, sino únicamente verificar si se cumplen los requisitos”, afirmó Marcos Campo, presidente del Sindicato Nacional de Escoltas. Esa advertencia también fue suscrita por el sindicato Asep, que encabeza el funcionario Yesid Barragán.

Este personal de protección subcontratado por la UNP solo fue reportado en la plataforma de Acreditación Personal Operativo (APO) de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada a partir de abril de 2024, incluso hubo quienes fueron reportados solo hasta noviembre de ese año, cuando se emitió la alerta, lo que da cuenta de que la experiencia laboral de estas personas solo puede documentarse a partir de la fecha de registro en ese sistema.

¿Está la UNP tercerizando personal que no es idóneo para salvaguardar la vida de las personas amenazadas en Colombia, especialmente de quienes residen en zonas en conflicto como el Cauca? Lo que responde la entidad es que la responsabilidad de verificar la experiencia de estos agentes recae sobre las mismas empresas que son contratadas para estas tareas y que esa labor no es atípica porque todos los escoltas de la entidad han llegado a la Unidad mediante ese tipo de contratos.

“La unión temporal reafirma que en materia de selección y contrato de personal cumple con lo dispuesto por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para estas materias y que, además, observa lo señalado en el anexo técnico al contrato de este servicio con la UNP, en el que se determina que cuentan con la experiencia exigida y con los cursos de formación como escolta”, consideró la entidad.

Según la UNP, los fallos de la Corte Constitucional “protegen y exigen el cuidado en el manejo de información relativa a la protección”, por lo que no dan más detalles sobre el catálogo de nombres de los escoltas mencionados en este caso que conoció SEMANA. Empero, de cuenta de esa misma negativa, es que los sindicatos no han podido constatar que estos agentes tengan más de dos años de experiencia salvaguardando la vida de las personas.

Un documento del Dapre dejó claro que la Vicepresidencia nada tiene que ver en la selección de los guardas que escoltan a los altos funcionarios del Gobierno en ese departamento y pidió que la Casa de Nariño fuera desvinculada de ese proceso.

Lo cierto es que el proceso de subcontratación de los esquemas de seguridad de las personas amenazadas en el país ha generado todo un manto de dudas sobre la creación y selección de empresas privadas que prestan ese servicio y que obtienen millonarios contratos del Estado, un problema que no es nuevo de este Gobierno, sino que comenzó a documentarse desde que se cerró el DAS y se entregó esta tarea a la UNP.

De hecho, esta semana fue confirmada la condena por uno de los casos más emblemáticos de irregularidades en la contratación de guardas: la del zar de la seguridad, Jorge Arturo Moreno.

Los sindicatos de la UNP advierten que el caso de Cauca, donde a las filas de la entidad llegaron agentes sin la experiencia idónea, no es nuevo, pues hay información que indica que esta situación podría repetirse en otros departamentos del país. Fuentes de la entidad relatan que se está haciendo común que las figuras públicas amenazadas reclamen que se les asignen policías y no personal de protección subcontratado porque temen que quienes deben custodiarlos no cumplan con las condiciones necesarias para brindarles seguridad.