Llegó la hora de la verdad sobre la financiación de la campaña de Gustavo Petro. Esto es lo que podría pasar en el CNE y la Comisión de Acusación

Este 2025 será definitivo para el futuro de las investigaciones en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara contra el presidente Gustavo Petro y su campaña por la presunta violación de topes electorales.

En el CNE, donde el proceso contra el mandatario avanza a pasos agigantados, porque la sala plena dejó en firme el pliego de cargos en su contra y los directivos de su campaña, el ambiente está agitado. Y, en algunos casos, los vientos parecen soplar a favor de Petro porque los tiempos parecen estar de su lado.

Como están las cosas, entre junio y agosto de 2025 la investigación caducará y la defensa del presidente y los directivos de su campaña buscan ganar tiempo y acercarse a la mitad de este año.

Petro desconoció al CNE y no refutó las pruebas expuestas en su contra en el pliego de cargos, en el que se habla de una violación a los topes electorales en la primera y segunda vuelta presidencial por encima de los 5.300 millones de pesos. Por el contrario, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien fue el gerente de la campaña, radicó sus descargos en 150 páginas y pidió que se decretaran unas pruebas. Igual hicieron los partidos políticos del Pacto Histórico que resultaron salpicados en la investigación.

Lo más probable es que la próxima semana los magistrados del CNE empiecen a resolver las nulidades que también fueron interpuestas por los investigados, quienes argumentaron que el tribunal electoral no es competente para investigar al presidente de la república.

Aunque el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y varios jueces han proferido jurisprudencia frente a casi 30 tutelas y demandas de petristas que le han dado la razón al CNE y han dejado en firme el pliego de cargos en contra de Petro y sus directivos de campaña, los togados deberán resolver las nulidades propuestas.

Ahí gana tiempo el petrismo. Lo más seguro es que los magistrados Fabiola Márquez, Alba Lucía Velásquez y Altus Baquero, cercanos al Gobierno Petro, pidan la rotación de las nulidades y cada uno tendría hasta dos semanas para analizarlas y definir su voto.

En otras palabras, las nulidades se decidirían a mediados de febrero.

Luego se decretarán las pruebas pedidas con los descargos. Ricardo Roa, por ejemplo, pidió que el CNE le solicite a la Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi) que entregue la información oficial sobre los vuelos de la aeronave HK5328 y que fueron realizados durante la primera vuelta presidencial. Los vuelos en esa aeronave en los que estaba el entonces candidato, al parecer, fueron producto de una donación que hizo a la campaña la firma de criptomonedas Daily Cop, que estafó a centenares de colombianos. Ese supuesto respaldo económico no fue reportado a las autoridades electorales.

Roa también pidió el testimonio de Ralph Alirio Castillo Herrera, encargado de las donaciones en la campaña de Petro, y la declaración del representante legal de la Unión Sindical Obrera (USO), Henry Jara, pues busca aclarar el aporte de dicho sindicato en la contienda presidencial.

Como si fuera poco, la auditora de la campaña, María Lucy Soto Caro, pidió al CNE que le concedan otros dos meses para presentar un informe pericial en el que promete desvirtuar varias pruebas en su contra, entre ellas la supuesta omisión del préstamo de 500 millones de pesos a la campaña por parte del Polo Democrático, reportado inicialmente y luego retirado de la contabilidad; la factura de publicidad que Roa pagó a Caracol Televisión por 367 millones de pesos y cuya cifra no fue reportada a las autoridades; así como las facturas emitidas por la empresa aérea Sadi por los vuelos aéreos del entonces candidato.

Tal y como dice la ley, hay 60 días hábiles para la práctica de pruebas, es decir, casi 70 días calendario. En otras palabras, esa etapa se extendería hasta mayo de 2025.

Posterior a ello, los magistrados evaluarán las pruebas y sus resultados, habrá alegatos y, finalmente, se tomará una decisión en la sala plena.

No está descartado que las partes intervengan con escritos durante el recaudo del material probatorio y el tiempo se extienda unas semanas más. Además, los togados aprovecharán el escaso margen de tiempo para solicitar nuevas nulidades o recusaciones, entre otros.

Como si fuera poco, la recta final de la investigación contra Petro en el CNE estará rodeada por decisiones relevantes como la elección del nuevo magistrado que reemplazará a César Lorduy, quien renunció a su cargo el pasado 3 de diciembre.

La renuncia la tendrá que aceptar la Cámara y el Senado en una sesión conjunta después del 16 de febrero, cuando el Legislativo regrese de vacaciones. La puja no será fácil y promete generar tensión. La razón obedece a que Cambio Radical, el partido de Lorduy, reclamará ese escaño en el CNE, pero el petrismo se atravesará.

Petro buscará quedarse con el cupo de Lorduy y desbaratar las mayorías que hoy juegan en su contra. El pulso en el Congreso está para alquilar balcón porque el CNE será clave en la toma de decisiones frente a las elecciones presidenciales y parlamentarias en 2026. Además, se desconoce qué ocurrirá con la curul del magistrado Altus Baquero, hoy en manos de la Corte Constitucional.

Por los lados de la Comisión de Acusación de la Cámara, el proceso avanza a paso lento. Mientras el CNE elevó pliego de cargos contra el presidente Petro y los directivos de su campaña, en el Congreso se siguen decretando pruebas.

La investigación continúa en manos del triunvirato de parlamentarios cercanos al presidente: Alirio Uribe y Gloria Arizabaleta, del Pacto Histórico, y Wilmer Carrillo, del Partido de la U.

De ellos depende la suerte de la investigación por presunta financiación irregular y serán quienes decidan si le abren una investigación formal a Petro o si, al contrario, la archivan por falta de pruebas.

Aunque Uribe, Arizabaleta y Carrillo son autónomos en escoger la fecha para tomar una decisión, SEMANA confirmó que hay incomodidad en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara porque algunos congresistas estiman que es hora de que le rindan un informe al país y tomen una decisión de una vez por todas.

El escenario de Alirio Uribe y Gloria Arizabaleta es complejo porque no les quedará bien abrir una investigación formal contra Petro, su jefe político. No obstante, no hacerlo, pese a las pruebas contundentes que ha venido mostrando el CNE contra la campaña presidencial, supone un problema aún mayor porque los pueden denunciar por prevaricato. Una cascada de demandas está lista para ser radicada en la Corte Suprema, donde se pide que se inste a los congresistas investigadores a tomar una decisión porque el proceso contra el presidente no avanza.

¿Los investigadores y amigos de Petro abrirán investigación formal en su contra o ganarán tiempo para esquivar el chicharrón? La respuesta es incierta, pero si no toman la decisión en 2025 tendrían que hacerlo en 2026, en plena campaña electoral a la presidencia y el Congreso.

Como están las cosas, Petro podría correr con la misma suerte del expresidente Ernesto Samper, quien, pese al escándalo del proceso 8.000, salió bien librado en la Cámara.

Quien no correría con la misma suerte sería el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, porque su caso podría terminar en manos de la justicia penal.

Roberto Prieto, entonces gerente de la campaña de Juan Manuel Santos, terminó condenado a cinco años de cárcel, multado, destituido e inhabilitado por 12 años en la Procuraduría porque falsificó el informe de ingresos y gastos de la campaña en el CNE.