Lo que viene para el presidente Gustavo Petro después de las cartas de Álvaro Leyva: ¿le pueden exigir exámenes médicos?

Las dos cartas que emitió el excanciller Álvaro Leyva en contra del presidente Gustavo Petro lo podrían poner en aprietos. Hasta ahora, se han radicado dos denuncias en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que el mandatario sea investigado y varios congresistas han pedido que, en bloque, se le soliciten exámenes médicos para verificar si cumple con las condiciones de salud para llevar las riendas de Colombia.

El exministro de Relaciones Exteriores reveló el 22 de abril que, supuestamente, el jefe de Estado tendría un problema de drogadicción y que así lo comprobó en un viaje que realizaron juntos a París, donde este habría estado desaparecido unas horas. Además de ese caso en Francia, Leyva habló este 6 de mayo de otros episodios turbulentos que habrían afectado la agenda del mandatario en viajes al exterior.

La primera solicitud la radicó el exministro de Justicia Wilson Ruiz, para que la Comisión estudie el estado de salud mental y física de Gustavo Petro: “La petición se sustenta en las graves afirmaciones hechas por el exfuncionario, quien cuestionó públicamente la estabilidad del presidente para ejercer con plena capacidad las funciones inherentes a su cargo”. La petición incluye la práctica de pruebas periciales y técnicas. Sin embargo, expertos en derecho constitucional relataron a SEMANA que no hay una norma que obligue al presidente a someterse a estos trámites.

Más allá de la supuesta drogadicción del presidente, que no tendría debate legal, las denuncias tomaron forma este martes cuando Álvaro Leyva informó que la Presidencia habría cometido irregularidades en la expedición del decreto que amplió la estadía de Petro en París, donde habría estado desaparecido y donde él habría comprobado el supuesto problema de drogadicción: “Lo asesoraron mal al ponerlo a firmar el decreto (…), consignando en ese acto administrativo una falsa motivación del mismo y una falsedad ideológica en documento público”.

Como se recordará, en ese decreto se manifestó que el regreso del jefe de Estado estaba planeado para el 24 de junio de 2023, pero que se debía que modificar la fecha por las siguientes razones: “Un cambio en la agenda del señor presidente y por razones de orden técnico aeroportuarias, de tal manera que el presidente regresará el 25 de junio”. De acuerdo con el excanciller, se trataría de una falsa motivación.

Por un lado, la senadora María Fernanda Cabal radicó una denuncia en la Comisión de Acusaciones en contra del primer mandatario por el presunto delito de falsedad ideológica en documento público: “Petro debe evaluar su continuidad en la Presidencia. Su elección, su proceder y sus escándalos lo hacen cada vez más ilegítimo en el poder”.

Lo mismo hizo la senadora Paola Holguín por los posibles delitos de falsedad ideológica en documento público y prevaricato por acción: “Con independencia de lo que estuviera haciendo Gustavo Petro, una cosa es clara e irrefutable, las razones esgrimidas por él mismo para expedir el Decreto 1009 del 24 de junio de 2023, por el que pospuso su regreso a Colombia, no fueron ciertas”.

El representante a la Cámara Hernán Cadavid explicó que el deber ser es que estas denuncias lleguen a la presidencia de la Comisión de Acusaciones y, después, les sean asignadas a los representantes investigadores, pero no ve futuro: “Lo que ha sucedido durante estos años en la Comisión de Acusaciones sobre los temas Petro es vergonzoso, en la manera como han sepultado todo, como frenan todo o como lo han absuelto de todo. Desde el punto de vista formal, del deber ser, se le podría dar trámite. En la práctica política y como las fuerzas están conformadas en la Comisión de Acusaciones, es difícil que suceda”.