Los detalles secretos del proyecto de ley para ampliar Justicia y Paz: bandas criminales tendrían grandes beneficios jurídicos

El proyecto de ley que busca fortalecer y ampliar el marco de la Justicia y Paz, pieza clave de la política de ‘paz total’ del gobierno del presidente Gustavo Petro, genera intensas reacciones a pocos días de haber sido radicado en el Congreso de la República.

El debate se centra en los beneficios jurídicos que recibirían, incluso, capos del narcotráfico y estructuras criminales, incluyendo rebajas de penas y la posibilidad de reclusión en sitios especiales distintos a las cárceles.

Se trata de otra iniciativa diferente de la que radicó el Gobierno Petro y que ha defendido el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, asegurando que “el objetivo no es premiar a los criminales, sino darle herramientas al Estado para acabar con la violencia, proteger a las comunidades y fortalecer la justicia”.

No obstante, reconoce que la propuesta enfrentará una dura discusión legislativa, especialmente a menos de un año de las elecciones al Congreso.

¿Qué plantea el proyecto?

Según el senador Antonio José Correa Jiménez, uno de los promotores de la iniciativa, el objetivo es consolidar un marco jurídico que permita:

• Fortalecer institucionalmente a las entidades que participan en el proceso de Justicia y Paz.
• Definir la situación jurídica de los postulados y desmovilizados ya vinculados al proceso.
• Abrir la puerta a nuevos grupos armados que se acojan bajo los lineamientos gubernamentales.

Entre las novedades del proyecto se destacan:

• Implementación de macrocasos y audiencias concentradas, reduciendo la necesidad de que todos los magistrados asistan a cada diligencia.
• Enfoque en la justicia restaurativa y fortalecimiento institucional.
• Un plazo de cinco años para resolver la situación jurídica de los postulados actuales.
• Términos definidos para tramitar casos de nuevos grupos admitidos bajo acuerdos con el gobierno.

El punto más polémico de la propuesta es la posibilidad de otorgar beneficios penitenciarios especiales —como reclusión fuera de cárceles convencionales— y rebajas de penas a miembros de bandas criminales que hoy son considerados de alto impacto, siempre que se comprometan con la verdad y la reparación de las víctimas.

Sectores políticos de oposición y analistas han advertido que este tipo de medidas podrían convertirse en un incentivo para estructuras del narcotráfico y bandas dedicadas al crimen organizado, cuestionando si se estaría enviando un mensaje de impunidad.

Pese a las críticas, el senador Correa Jiménez subrayó que esta propuesta “no es un proyecto de autor, ni del Gobierno, es un proyecto del país”, destacando que:

“Se construyó a partir de los diálogos realizados con diferentes actores del conflicto, relacionados directa o indirectamente con la jurisdicción especial. Es una apuesta seria por la verdad, la reparación de las víctimas y el cierre definitivo de una justicia transicional que no puede ser eterna”.