Los líos de la Imprenta Nacional: los pasaportes quedaron en manos de una entidad salpicada por escándalos y sin experiencia para elaborar esos documentos

La producción de pasaportes en Colombia nuevamente está en vilo. A partir del primero de septiembre esa tarea estará a cargo de la Imprenta Nacional, según Alfredo Saade, jefe de gabinete del Gobierno Petro, y no del consorcio encabezado por la firma Thomas Greg, que había tenido esa labor durante casi 15 años. Los colombianos están en riesgo de quedarse sin cómo obtener ese documento porque esa entidad no está preparada para encabezar esa misión.

La puja para definir el futuro de este asunto terminó sacando de la Cancillería a Laura Sarabia, quien defendía que es necesario firmar una nueva prórroga con esa compañía porque el Estado aún no está listo para encargarse de la fabricación de ese documento vital para que los colombianos puedan viajar al exterior.

Sin embargo, el presidente Gustavo Petro no escuchó a Sarabia y se quedó con la propuesta de Saade, supuesto pastor cristiano, sin experiencia en el asunto, quien le aconsejó entregar esa misión a la Imprenta Nacional con la asesoría de Portugal. Esa misma propuesta había sido planteada por el excanciller Luis Gilberto Murillo, quien salió del cargo en medio de escándalos

Ni Petro ni Saade escuchan a los técnicos y el Gobierno se encamina a responsabilizar de la impresión de los pasaportes a una entidad cuya misión ha sido la comunicación gráfica para operar como agencia del Estado. La Imprenta Nacional está envuelta en escándalos de acoso laboral y, además, la misma Cancillería ha reconocido que esta no está lista para encargarse de dicha labor.

Esa entidad suscribirá un convenio con la Imprenta Casa de la Moneda de Portugal para transferencia tecnológica con el objetivo de que esa administración capacite a Colombia en esa tarea. Sin embargo, faltando menos de dos meses para el cambio de modelo, el calendario de ese proceso aún no está definido.

La Cancillería le confirmó a la Procuraduría General que es necesario fortalecer a las entidades del Estado para que puedan ejecutar esa misión y le dijo que hay labores que aún son consideradas como reto para el Gobierno, como la implementación de la capacidad instalada.

SEMANA conoció un documento interno en el que el Ministerio respondió que aún faltan resolver los “aspectos físicos que permitan identificar la calidad, seguridad y continuidad de los altos estándares de las libretas de pasaporte; la importación de la maquinaria e insumos requeridos; aspectos logísticos tales como el transporte de las libretas desde la producción a las sedes de entrega final al usuario o en las distintas entidades territoriales y el fortalecimiento de la Imprenta Nacional de Colombia”.

El convenio interadministrativo entre Colombia y Portugal no ha sido suscrito y el Estado necesita 35 semanas después de esa firma para implementar el modelo. Es decir: hacen falta casi ocho meses para ejecutar el nuevo esquema y el Gobierno quiere hacerlo realidad en menos de dos.

Lo único que se firmó fue un memorando de entendimiento en el que las dos imprentas manifestaron su intención de trabajar juntas, documento que no es de carácter vinculante, mientras que falta consolidar el paso más importante: un acuerdo comercial que vincule a ambos Estados y a instituciones como la Cancillería, Migración Colombia y a la misma Imprenta Nacional. Justo por ese trámite, la Cancillería le confirmó a la Procuraduría que sería “inviable iniciar operaciones el primero de septiembre de 2025”.

Sin trámites al día, ni tecnología de impresión de documentos de identificación, ni experiencia en la materia, la administración Petro se prepara para entregarle la responsabilidad de los pasaportes de los colombianos a una entidad de solo 260 funcionarios, la mayoría contratados mediante prestación de servicios, que está salpicada por posibles escándalos de corrupción.

En contraste, esa misión la venía ejecutando una empresa que imprime pasaportes en 12 países y que tiene desplegada una fuerza de talento humano de 5.000 personas en el mundo. Además, el Gobierno Petro ha tenido tres años para cambiar el modelo y buscar cualquier otra empresa que cumpla con los requisitos, y no lo hizo.

Además, ¿acoso?

Pero los líos de la Imprenta Nacional no son solo de orden técnico. Desde la llegada de Viviana León Herrera a la gerencia, se ha desatado una batalla entre ella y el sindicato de la entidad (Sintraimprenal), que agrupa a, por lo menos, 150 empleados de los 260 que trabajan en la empresa. La situación es tan delicada, que la fachada de la institución está totalmente empapelada con letreros y afiches en los que piden la salida de la gerente y la señalan de “maltratadora” y “corrupta”.

De acuerdo con lo reportado por el sindicato, se han conocido al menos 80 quejas de acoso laboral por parte de León Herrera a sus colaboradores y cursa sobre ella una investigación preliminar que ordenó el mismo ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, debido a las anomalías reportadas por los trabajadores.

“El Ministerio de Trabajo inició dos averiguaciones preliminares contra la gerente de la Imprenta Nacional, Viviana León Herrera, por presunta violación a la convención colectiva y por conductas atentatorias contra la libertad del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Imprenta Nacional”, señala el comunicado oficial del MinTrabajo.

Sin embargo, las confrontaciones no quedan ahí. Según esta misma agremiación, también hay varias denuncias en la Fiscalía General de la Nación por un presunto caso de corrupción, además de las alertas que han elevado tanto la junta directiva del sindicato como su propio presidente, Néstor Bojacá, por las pérdidas millonarias de la entidad, que rondan los 17.000 millones de pesos durante 2024.

“El disgusto de la gerente es que la organización sindical, en cabeza del compañero Néstor Bojacá, y su junta directiva hayan denunciado una deficiente administración de la entidad al grado de incurrir en pérdidas por más de 17.000 millones de pesos para 2024, así como dar lugar a presuntos actos de corrupción”, señalaron desde la Confederación General del Trabajo (CGT).

Lo paradójico de esta situación es que, mientras avanzan las investigaciones contra la gerente de la Imprenta en el Ministerio de Trabajo y crece la presión sindical, ella aparece en una fotografía junto al ministro Sanguino, acompañada de un mensaje en el que afirma recibir “con plena disposición la medida anunciada por el señor ministro”.

“Con este anuncio celebramos que finalmente se nos brinde la posibilidad de exponer nuestros argumentos, más allá de aquellos actores que tradicionalmente han contado con acceso directo a su despacho. Como gerente general de la Imprenta, sigo comprometida con garantizar un clima laboral sin maltratos ni violencias, como lo hemos venido manifestando y comunicando de manera oficial”, señaló León Herrera.

Como si no fuera suficiente, a los múltiples problemas que ya tienen a la entidad bajo una fuerte presión que podría estallar en cualquier momento, se suma una investigación de la Procuraduría General de la Nación por un presunto caso de retención de empleados la noche en que el presidente de la república firmó el decreto de la consulta popular.

Sin una respuesta clara, desde la Imprenta aseguraron que se trató de un protocolo de rigor enmarcado en una “avanzada presidencial” (sin estar el presidente en ese lugar) que activó los protocolos institucionales de seguridad: “Estas medidas, orientadas a proteger la integridad tanto del personal como de la información custodiada por la entidad, se ejecutaron con total normalidad y dentro del marco legal vigente”.

A pesar de todos los problemas que enfrenta la Imprenta Nacional, el Gobierno insiste en que será la entidad encargada de producir los pasaportes. No obstante, todo indica que no está preparada para asumir una operación de tal magnitud: carece de experiencia en el proceso, sus capacidades técnicas son limitadas y la disposición del personal se ve afectada por un clima de desconfianza.