Los lotes de la discordia: esta es la batalla legal de la Supersociedades para que terrenos comprados con plata de DMG sirvan para reparar a sus víctimas

La historia de la pirámide DMG, que captó de manera ilícita miles de millones de pesos y fue intervenida en 2008, aún no termina. En medio de la disputa por recuperar los dineros de las víctimas, llama la atención la suerte de tres lotes, que suman seis hectáreas, ubicados en el costado occidental de la Autopista Norte con calle 191, en Bogotá, que podrían servir para reparar a los afectados de la estafa masiva. Sin embargo, pese a decisiones judiciales que servirían para vender los terrenos y usar los dineros en esa reparación, eso no ha ocurrido.

Ruby Ruth Ramírez Medina, superintendente delegada de Intervención y Asuntos Financieros Especiales de la Superintendencia de Sociedades, dijo que se probó que dichos lotes fueron adquiridos por 23.000 millones de pesos, el 8 de junio de 2008, con dineros provenientes de DMG, la firma de David Murcia Guzmán. Dicho origen de los recursos fue probado por la Fiscalía el 9 de diciembre de 2014.

Según Ramírez Medina, los compradores fueron identificados en la promesa de compraventa como Luis Eduardo Gutiérrez Robayo y Juan Carlos Valencia Yepes, quienes los adquirieron a través de cinco transacciones en efectivo. Los terrenos fueron vendidos por las sociedades Colbank S. A. e Inversiones López Piñeros Ltda. El problema radica en que la propiedad de esos predios, hasta ahora, no ha sido inscrita por la Oficina de Instrumentos Públicos, zona norte. Por lo tanto, como los bienes no figuran a nombre de DMG, no han podido ser usados en las devoluciones a las víctimas.“Esos tres bienes no se han podido inscribir a nombre de la intervenida DMG. Hay una discusión en la propiedad de esos lotes por parte de Colbank e Inversiones López Piñeros Ltda.

La Supersociedades, a través de juez de intervención, solicitó la inscripción de esos bienes a la Oficina de Instrumentos Públicos mediante un auto del 22 de febrero de 2012”, señaló la funcionaria. Pese a esa orden, la pregunta que ronda es por qué no se ha hecho el registro de esos lotes. SEMANA conoció que se avecinan acciones judiciales para garantizar el cumplimiento de lo ordenado ante la Superintendencia de Notariado.

Inicialmente, se realizaron las inscripciones de los lotes, pero bajo la anotación de “extinción del derecho de dominio privado”, lo que llevó a la Supersociedades, en 2016, a emitir órdenes para que se corrigieran tales anotaciones, algo que no ha ocurrido. “La Oficina de Instrumentos Públicos dice que no existe un título, es decir, nos están exigiendo una promesa de compraventa. Hay que tener en cuenta que las decisiones de la Supersociedades son a través de un juez, son órdenes que se deben acatar”, sostuvo Ramírez.

De hecho, el Consejo de Estado, el 13 de diciembre de 2022, en sentencia de segunda instancia, determinó que las órdenes de la Supersociedades estaban ajustadas a la ley. Adicional a ello, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 3 de mayo de 2018, en fallo de primera instancia, respaldó las actuaciones de la Supersociedades al negar una acción de reparación directa interpuesta por Colbank S. A.

El registro de los lotes a nombre de DMG es clave porque, cuando se haga, la interventora puede venderlos y los dineros se podrán entregar a los afectados por la pirámide de Murcia Guzmán. Se han identificado 193.302 víctimas y de un monto de 1,1 billones de pesos afectados, solo se ha podido reparar al público con 96.909 millones de pesos. DMG adquirió bienes por medio de terceras personas, por lo que ha sido difícil seguir el rastro del dinero recaudado en la estafa. Un avalúo de 2016 dijo que dichos lotes podrían costar unos 64.000 millones de pesos.

Hoy, ocho años después, la cifra es mayor (el avalúo tendrá que actualizarse) y ayudaría a reparar a las víctimas. Los lotes siguen en manos de Colbank S. A. e Inversiones López Piñeros Ltda. María Mercedes Perry, liquidadora de DMG, le dijo a SEMANA: “Esos lotes los compró DMG con dinero en efectivo que les pagó a los expropietarios desde 2008. Ellos mismos fueron a la Fiscalía a declarar y confesaron eso bajo juramento. Ellos no hicieron la escritura pública, por eso la Supersociedades intervino y le pidió a la Supernotariado que se hicieran las inscripciones, y, a la fecha, eso no se ha hecho. Es ilegal lo que están haciendo, no se entiende lo que pasa”. Según Perry, los tres lotes estarían avaluados hoy en unos 150.000 millones de pesos y es lo único que falta para cerrar la historia de DMG.

SEMANA contactó a la Supernotariado, que señaló que Colbank S. A. e Inversiones López Piñeros Ltda. presentaron recientemente una acción de tutela contra un fallo del Consejo de Estado que validó las actuaciones de la Supersociedades.

“En este sentido, y toda vez que existen acciones judiciales en curso, que deben ser decididas de manera autónoma e independiente por las autoridades competentes, la Superintendencia de Notariado y Registro no puede pronunciarse sobre esos hechos que forman parte de una discusión procesal”, dijo. Mientras tanto, las víctimas de esa estafa siguen esperando una reparación pronta y efectiva.