Los ‘micos’ que tiene el proyecto de paz total del Gobierno Petro: congresistas alertan sobre impunidad y beneficios para criminales

Mientras el Congreso sigue a la espera de tramitar el proyecto de la denominada paz total de Gustavo Petro, liderado por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, algunos congresistas ya empezaron a señalar varios problemas que traería esta iniciativa para el país.

Una de las principales críticas es que se trataría de una ley de sometimiento y, por lo tanto, debería tramitarse como una ley estatutaria y no ordinaria. Julio César Triana, representante a la Cámara de Cambio Radical, advirtió que el texto mezclaría instrumentos de una justicia transicional, en los que se incluyen penas diferenciadas, suspensión de condenas y sanciones alternativas, que no cabrían en una reforma de este tipo, por lo que considera que sería inconstitucional.

El congresista huilense argumenta que, según el artículo transitorio 66 del Acto Legislativo 01 de 2012 y la Sentencia C-080 de 2018 de la Corte Constitucional, estos temas solo podrían ser regulados mediante una ley estatutaria y no como se está tramitando.

“Se disfraza de ley de sometimiento, cuando también se están regulando instrumentos de justicia transicional, lo cual la hace inconstitucional desde su origen”, aseguró el representante de Cambio Radical.

Uno de los principales reclamos contra el proyecto, por el que varios congresistas y ciudadanos se oponen, es porque podría darles beneficios a los criminales que ya han reincidido y que en muchos casos se habían sometido a procesos de este tipo, como Justicia y Paz y al acuerdo de paz de La Habana con las Farc.

Luego del acuerdo que firmó el expresidente Juan Manuel Santos en 2016, quienes pertenecían a ese grupo guerrillero terminaron en diversas estructuras, bien sea porque no quisieron suscribir el acuerdo o porque volvieron a la guerra al no encontrar garantías en lo firmado, según ellos.

En la iniciativa se contempla incluir al Estado Mayor Central (EMC), comandado por Iván Mordisco; la Segunda Marquetalia, de Iván Márquez, quien salió de la lista de negociadores; la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y el Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF) de alias Calarcá. Dos de estos grupos se encuentran negociando con el Gobierno; sin embargo, hasta ahora no se han logrado mayores resultados.

Un mico adicional sobre el que han puesto la lupa algunos congresistas es que abriría la puerta nuevamente a beneficios que ya fueron negados por la JEP y Justicia y Paz, o reabriría casos ya juzgados, lo que para la representante Marelen Castillo desconocería las decisiones judiciales.

La congresista reclama que el proyecto le negaría la posibilidad a la Fiscalía de controlar los listados de los beneficiarios del acuerdo y que no haya un control real de quiénes están ingresando. Ella manifiesta que podría haber colados en esas estructuras, además de que sería inconstitucional.

Una de las mayores preocupaciones que habría sobre el proyecto de ley es la falta de garantías que puedan tener las víctimas, quienes podrían terminar sin una reparación real ni conocer la verdad sobre los crímenes que se cometieron.

La Corte Constitucional ha establecido que el Estado no podría dejar de castigar delitos a cambio de ninguna garantía para las víctimas, sin que haya reparación o se entreguen los bienes, pues podría abrir la puerta a la impunidad.

En ese sentido, si se aprueba la iniciativa como está planteada, se podría revictimizar a quienes han sido afectados por estos grupos armados ilegales, mientras que los victimarios no pagarían condenas por los crímenes que cometieron.

A su vez, se podría ver afectada la garantía de protección reforzada de las víctimas, que les reconoce que son sujetos de especial protección constitucional y por lo cual el Estado debería defenderlos para que puedan acceder a trámites más expeditos y ágiles.

Aunque en la iniciativa se habla de verdad y reparación, algunos congresistas consideran que en el texto no se establecen mecanismos reales para que las víctimas puedan acceder a ese tratamiento.

De otro lado, relegaría a las personas que han sido afectadas por esos grupos criminales al derecho de tener una reparación individual y tendrían que someterse a mecanismos de restauración colectiva.

Precisamente, otra de las críticas que ha surgido contra la iniciativa es que les permitiría que el 12 por ciento de los bienes ilícitos que han logrado en años de criminalidad sean legalizados. Para Castillo contradice la figura de extinción de dominio, pues, en vez de quitar todos los bienes que obtuvieron en la ilegalidad, el Estado permite que conserven parte de ellos.

Otro de los temas por los que se consideraría que puede haber impunidad si se aprueba la iniciativa es porque se establecerían penas entre cinco y ocho años, aun cuando muchos serían delitos graves, como actos de terrorismo, secuestro, masacres, reclutamiento forzado, entre otros. Esos delitos no se pagarían en cárceles ordinarias, sino que se establecerían unos “centros de armonización” para cumplir las penas.

“En lugar de fortalecer la Justicia, este proyecto la debilita, premia al delincuente y revictimiza a los inocentes”, criticó Triana.

Precisamente, sobre los delitos más graves, los congresistas subrayan que no se juzgaría como corresponde a quienes han cometido actos de terrorismo o delitos sexuales. No habría una diferenciación con otros crímenes ni garantías para las víctimas, lo que violaría los compromisos establecidos por el país en tratados internacionales.

En el caso de la primera línea, el grupo que estuvo en el frente de batalla contra los policías y miembros del antiguo Esmad en las protestas de 2021, también saldría beneficiado. Se trata de una intención que tiene el presidente Gustavo Petro desde que llegó al Gobierno. Ha reiterado la idea de que se les dé estatus de presos políticos y no de personas que están siendo juzgadas por delitos que cometieron en medio de esas manifestaciones.

El proyecto contempla que puedan quedar libres con el principio de oportunidad; es decir que la Fiscalía pueda suspender las penas, priorizando la eficacia y la protección de las víctimas. Asimismo, se propone que reciban rebajas de pena de hasta el 70 por ciento, lo que para algunos parlamentarios se trata de una “amnistía disfrazada”.

Cuando el proyecto arranque su discusión, uno de los grandes debates que se dará es que la iniciativa les daría un carácter insurgente a las organizaciones criminales, lo que es considerado un riesgo enorme, pues varios de esos grupos se financian de actividades como el narcotráfico, la extorsión y el secuestro, alejadas de los propósitos de una guerrilla tradicional.

Entre las alertas que exponen los congresistas a este proyecto se encuentra que solo se contempla a los seis grupos criminales, dejando por fuera otras estructuras que también causan terror en el país y que podrían continuar causando problemas de orden público.

La Corte Suprema de Justicia también se ha pronunciado sobre el alcance de la propuesta y ha hecho algunos reparos. Su presidenta, Myriam Ávila, envió un concepto a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes en el que deja clara la postura del alto tribunal.

Aclara que no respaldan lo presentado por el Gobierno, ya que consideran que tendría algunos vacíos jurídicos y pondría en riesgo varios derechos fundamentales. Además, alertó que podría ser inconstitucional. Ávila pidió que los grupos armados que hayan delinquido con posterioridad a procesos de desmovilización deberían ser excluidos de ese marco normativo.

Tanto la Corte como varios congresistas han cuestionado que el proyecto no contaría con un impacto fiscal que respalde la iniciativa.

Con el encuentro entre el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el de Justicia, Eduardo Montealegre, en el que se fumaron la pipa de la paz, se espera que los funcionarios del Gobierno trabajen conjuntamente para que el proyecto salga adelante en las próximas semanas. Sin embargo, se sabe que no se tratará de un debate sencillo para el país.