Los refugiados venezolanos en Colombia denuncian persecución por parte de Nicolás Maduro en Bogotá. Estos son los casos que encienden las alertas

El pasado lunes 13 de octubre, Yendri Velásquez y Luis Peche, dos activistas venezolanos, fueron víctimas de un ataque sicarial en el norte de Bogotá. Más allá de generar temor entre los habitantes del barrio Los Cedros, en el norte de la capital, el caso incrementó el miedo en decenas de refugiados venezolanos que se encuentran en Colombia y que ven materializadas las amenazas que les han llegado desde hace tiempo de parte del régimen de Nicolás Maduro que, según dicen, actuaría a través del Tren de Aragua.

Más allá de un atentado sicarial, lo que habría detrás de este hecho es una estrategia sistemática de intimidación que estaría siendo coordinada por el régimen chavista, comandado, en parte, por el ministro del Interior y de Justicia, Diosdado Cabello. Así lo consideran varios refugiados que se encuentran en el país y que hoy tienen temor, pues dicen que por la cercanía y condescendencia del presidente Gustavo Petro, se sienten desprotegidos.

La exdiputada Gaby Arellano es una de las que creen que estas intimidaciones han aumentado desde que el régimen le “robó” las elecciones a Edmundo González.

Cientos de venezolanos han llegado al país solicitando refugio en los últimos años, otros han seguido su rumbo a otros países. Muchos de los que se han quedado hoy tienen temor de lo que les pueda suceder, pues no sienten que realmente tengan garantías de protección, especialmente luego del atentado contra Velásquez y Peche, quienes aún se encuentran recuperándose en un centro médico. Peche había logrado hace apenas unas semanas la nacionalidad colombiana, mientras que Velásquez se encontraba en proceso de solicitud de refugio.

Uno de los principales reclamos de los refugiados venezolanos es que los tiempos de espera están siendo más demorados por parte de la Cancillería, pues antes duraban unos ocho meses, pero en el último año ha aumentado considerablemente o a veces ni siquiera encuentran respuesta en la Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado (Conare), la dependencia encargada de tramitar estos permisos.

“Es un proceso un poco lento que te brinda garantías de seguridad porque cuando eres un perseguido político, el Estado donde tú naciste no te da garantías”, criticó Arellano.

La exdiputada venezolana afirmó que, desde la llegada de Petro al poder, varios de los altos dirigentes de ese país que se encontraban como refugiados en Colombia decidieron irse a otro territorio, pues no sentían garantías, entre ellos Julio Borges, expresidente de la Asamblea, o la exfiscal general Luisa Ortega.

Otros han decidido quedarse, pero el miedo ha ido aumentando, especialmente por la presencia del Tren de Aragua, sobre el que Petro ha dicho que se trataría de simples criminales.

“Yo no digo que sean aliados de Maduro, yo lo digo con mucha responsabilidad: el Tren de Aragua es una organización criminal y transnacional que es creada, auspiciada y dirigida por la normativa política que emana de Miraflores”, afirmó Arellano, quien recordó que ese grupo habría nacido de una cárcel en Maracay bajo las directrices de Tareck El Aissami e Iris Varela.

Son varias las voces que aseguran tener información de primera mano de que este grupo tendría una relación directa con el régimen de Maduro y que el mismo Diosdado Cabello les daría lineamientos en algunas ocasiones. Se sabe que esta estructura tiene presencia en Colombia, especialmente en Bogotá.

Incluso, hacen una denuncia más grave y es que dicen que desde la Embajada de Venezuela en Colombia se manejaría un centro de contrainteligencia para llevar información al régimen sobre los movimientos de los opositores venezolanos en el país.

“Esto no es nuevo. El centro de la embajada de Maduro en Bogotá es un centro de contrainteligencia afines a ellos, el consulado es igual. Uno trata de convivir manteniendo la distancia y respetando sus dinámicas”, denunció Arellano, quien dice que con el atentado contra los dos activistas venezolanos esto pasó de ser un secreto a voces a una realidad.

Además, alertó que el embajador Carlos Eduardo Martínez viene de las Fuerzas Militares venezolanas y que esto pasaría con otras oficinas diplomáticas que tiene ese país en el mundo. “No está velando por la seguridad de los venezolanos en el país”, criticó Arellano.

Los refugiados aseguran que tampoco han encontrado muchas respuestas de las autoridades colombianas, incluso, teniendo algo de estatus, como fue el caso de Velásquez, que forma parte de Amnistía Internacional.

“La respuesta de las instituciones ha sido lenta, y la del presidente Petro, triste y lamentable. Sigue queriendo tapar el sol con un dedo y complaciendo a Caracas”, cuestionó Arellano.

Aunque el caso de Velásquez y Peche ha sido el más alarmante, esta misma semana la activista Ana Karina García, directora de la Fundación Juntos Se Puede, denunció que su asistente fue interceptada por hombres venezolanos cuando iba al gimnasio cerca de su casa. Le preguntaron si trabajaba para García, y cuando respondió afirmativamente, la intimidaron y le robaron su celular, desde donde manejaba las cuentas de la fundación y tenía información relacionada con refugiados de ese país. El tema coincide con que García ha sido una de las que más ha condenado el ataque sicarial de días pasados y lo ha relacionado con el régimen.

Según contó García, luego del atentado contra Velásquez y Peche comenzaron a hacer solicitudes a la Cancillería colombiana para que hubiera celeridad en los procesos de solicitud de refugiados para que les dieran medidas de protección a las organizaciones sociales y se evaluara de forma individual la seguridad de los perseguidos políticos, con el objetivo de generar una medida colectiva para estos migrantes.

“A esto se le suma que en el mes de agosto empezó a rodear a la fundación una camioneta blanca de placas venezolanas. Nosotros lo informamos a la Alcaldía de Bogotá, todos subestimamos estos hechos. El día del robo a mi asistente, esta misma camioneta estuvo rondando las cercanías de mi casa”, denunció García, quien está convencida de que se trata de un proceso sistemático de persecución de la dictadura en territorio colombiano.

“Sabemos que en Colombia hay inteligencia del régimen de Nicolás Maduro, sobre todo desde que se retomaron las relaciones diplomáticas. Hay una lista de organizaciones, entre ellas nosotros, que dicen que lo que hacemos es desestabilizar la paz y la seguridad”, agregó la activista.

Aunque esta situación ha generado un mayor número de alertas en las últimas semanas, hay casos de refugiados que han recibido mensajes intimidantes desde diciembre del año pasado. Varios han sido mediante redes sociales, en los que les piden que se silencien, que dejen de respaldar a María Corina Machado o que cesen su actividad, los cuales, lamentablemente, se han ido normalizando, pero que, con los ataques recientes, generan una mayor alerta.

A pesar de que estos son los casos más recientes, se trata de una práctica que viene sucediendo desde hace años. Marta Barón, colombovenezolana líder de la Fundación Venezolanos por Decisión, dice que hace unos dos años y medio fue víctima de extorsión de miembros del Tren de Aragua. Le pedían 500.000 pesos mensuales y el 10 por ciento de un contrato que se enteraron firmaría para vender productos a una cadena de supermercados. La intimidaron diciéndole que si no pagaba sabían la ubicación de su familia e irían tras ellos.

Una de las razones por las que Maduro habría intensificado esa persecución es por el reconocimiento a María Corina Machado como Nobel de la Paz y las críticas que han hecho al régimen, especialmente en medio de la tensión que se vive en ese país por una posible acción de Estados Unidos, pues varios de esos activistas han utilizado las redes para criticar al régimen, lo que consideran que estaría causando ese malestar.