El 13 de diciembre pasado, SEMANA publicó cómo la senadora Isabel Cristina Zuleta, del Pacto Histórico, y su círculo más cercano están interfiriendo en los operativos de la fuerza pública contra estructuras criminales.
Ocho generales de la república —cinco en servicio activo y tres en retiro—, tanto del Ejército como de la Policía, aseguraron a este medio haber recibido llamadas telefónicas de Zuleta, así como de sus familiares y asesores. En dichas comunicaciones, según relataron, se les habría solicitado frenar combates y procedimientos dirigidos contra personas presuntamente vinculadas en Antioquia con las disidencias de las Farc, comandadas por alias Calarcá, y con organizaciones delincuenciales que operan en Medellín y en municipios del Valle de Aburrá.
El 17 de julio de 2023 ocurrió uno de los episodios más escandalosos. Mientras ocho oficiales y suboficiales monitoreaban un combate que sostenían las Fuerzas Militares con los frentes 18 y 36 de las disidencias de las Farc en el municipio de Ituango, la tierra de la congresista, ella se comunicó con uno de ellos: “Pidió, prácticamente, que paráramos el combate porque las tropas estaban atacando, supuestamente, a mineros. Claro, mineros que estaban uniformados, armados y con menores de edad en sus filas”, comentó bajo reserva uno de los oficiales. Cinco de los uniformados presentes corroboraron esta versión a SEMANA: “La intención de ella era parar el combate”.
Estas denuncias de SEMANA generaron un gran revuelo político y el anuncio de investigaciones contra la congresista. “Están molestos porque hoy soy senadora y no solo les exijo como ciudadana, sino que les puedo hacer un debate de control político como se lo anuncié a la Policía de Colombia, por los atropellos y estigmatización a los mineros artesanales”, respondió la senadora.
En este contexto, este 22 de diciembre se conocieron chats que la misma senadora Isabel Cristina Zuleta le envió en febrero pasado a la entonces ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, en tono intimidante y molesta por la realización de operativos legales contra estructuras criminales en las cárceles.
“Ministra, esto parece un saboteo al proceso de paz de Medellín: un operativo en rechazo al Espacio de Diálogo Sociojurídico. Se lo digo con todo respeto. Le reitero: pudo ser cualquier otro día, pero el Presidente de este país reconoció los avances apenas ayer. El mensaje para los PPL (población privada de la libertad) y para la delegación del Gobierno que recibimos por parte suya es ese. Sabemos que usted no cree en los procesos de paz, pero esa es una decisión del Presidente, no suya”, le dijo en un mensaje dado a conocer por los colegas de El Tiempo.
“Semanas después de haber sido nombrada, la ministra Buitrago fue invitada por la senadora Zuleta a un ‘coloquio’ en Medellín. Allí apareció, sin que Buitrago hubiera sido informada previamente, José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas, uno de los capos históricos de la Oficina de Envigado y condenado a 30 años de cárcel por concierto para delinquir, secuestro extorsivo, homicidio y otros graves crímenes. El delincuente estaba custodiado por un fuerte escuadrón del Inpec, lo que llevó a que la exministra le preguntara al comisionado de paz por su traslado y por los costos para el erario que implicaba su participación en estos espacios de diálogo sociojurídico”, agregó el medio colega, citando la publicación de SEMANA.
La senadora Isabel Zuleta, la misma detrás del famoso “tarimazo”, en el que delincuentes salieron en tarima junto al presidente Gustavo Petro, lució muy molesta por el megaoperativo antiextorsión adelantado en la cárcel de Itagüí. Y le reclamó a la ministra de Justicia del momento. “Me dicen que hay un superoperativo en la cárcel (…). ¿Le parece eso coherente? Pudo ser cualquier otro día, pero justo después de que el presidente mencionara los avances de este proceso…”
Sobre estas nuevas denuncias, aún no se ha pronunciado la congresista petrista.
Por su parte, la exministra de Justicia del Gobierno Petro, Ángela María Buitrago, respondió a SEMANA por el papel que jugó en el marco de la polémica paz urbana de Medellín, visibilizada el pasado sábado 21 de junio de 2025 por el presidente Gustavo Petro al compartir tarima con los voceros de las estructuras más peligrosas de la capital de Antioquia.
La exfuncionaria mencionó que nunca intervino en las comunicaciones en la cárcel La Paz de Itagüí, porque no era su tarea, y que su participación se enfocó en el diseño de un marco jurídico que le diera forma a la eventual transición a la legalidad por parte de los actores delincuenciales del Valle de Aburrá.
Al parecer, su posición generó malestar entre los cabecillas y los voceros del Ejecutivo. Desde un principio, ella sugirió que cualquier pacto debía enmarcarse en la jurisdicción ordinaria, pero otros son los planes que tienen los delincuentes.
“Pusimos sobre la mesa la necesidad de un marco jurídico, pero no un marco jurídico de absolución total, ni un marco jurídico que permita decir que no cometieron nada. El marco jurídico tiene que ser de sometimiento a la jurisdicción ordinaria. Esa es mi propuesta desde el día uno y hasta hoy”, mencionó la exministra, toda vez que dejó su cargo en medio de estas controversias.
