Política
Miembro de la Unión Sindical Obrera denunció nombramiento de “tesorero de bolsillo” dentro de la organización para mover millonarios recursos
Una denuncia por desaparición de documentos, el supuesto uso irregular de firmas y presuntas estrategias dilatorias tiene en el ojo del huracán a la junta directiva de la Unión Sindical Obrera (USO).
Ariel Corzo Díaz, extesorero nacional de la USO, denunció públicamente lo que considera “una maniobra jurídica y administrativa, por parte de la junta directiva de esa organización, para controlar a conveniencia los millonarios recursos provenientes de los aportes sindicales de trabajadores del sector petrolero”.
Los hechos que sustentan su denuncia están relacionados con el proceso judicial que se adelanta en segunda instancia y que está en manos del magistrado Javier Antonio Fernández Sierra, de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cundinamarca, en el que se señala a la USO de reacomodar arbitrariamente su junta directiva para “poner un tesorero de bolsillo”.
En el marco de este proceso, Corzo ha señalado que se produjo la desaparición misteriosa de un documento clave dentro de la investigación que fue radicado por la parte demandada el 20 de marzo de 2025. El archivo —según consta en correos y escritos posteriores— desapareció del sistema del tribunal un día después de haber sido recibido, sin que hasta la fecha exista una explicación oficial.
El documento desaparecido contenía, entre otras cosas, una manifestación de David Mauricio Gómez, integrante de la Junta Directiva Nacional de la USO, quien negó haber autorizado el uso de su firma en un oficio presentado por sus colegas de la dirección nacional. Este hecho podría configurar los delitos de falsedad en documento público, fraude procesal y obstrucción a la justicia, por lo que ya se solicitó formalmente la compulsa de copias penales y disciplinarias para que las autoridades investiguen.
De manera paralela, el abogado Hernando Vargas, apoderado de Corzo, presentó su renuncia a la representación judicial argumentando presiones internas y externas que, a su juicio, vulneran la independencia judicial. La solicitud fue enviada directamente al Tribunal, junto con la petición de investigar las posibles irregularidades.
Desde la USO, la respuesta ha sido unificada: sus dirigentes defienden el derecho a la autonomía sindical, amparado en el artículo 391 del Código Sustantivo del Trabajo y en tratados internacionales como el Convenio 87 de la OIT, que protege la potestad de los sindicatos de organizarse sin injerencias estatales. En su defensa, la junta directiva asegura que las decisiones internas sobre la redistribución de cargos —como el del tesorero— son legítimas y no deben ser limitadas por fallos judiciales.
Para Corzo, sin embargo, detrás de ese discurso se esconde una intención concreta: imponer un “tesorero de bolsillo”, es decir, una persona que obedezca a intereses particulares dentro de la organización, y que permita el control discrecional de un fondo sindical que supera los miles de millones de pesos.
