Política
“Mientras estamos aquí, se están cometiendo crímenes de guerra y de lesa humanidad en Catatumbo”: Iris Marín
La defensora del Pueblo le advirtió al Congreso que la situación de esa subregión está sobrepasando las capacidades del Estado. Es el mayor desplazamiento desde 1997.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió que el Catatumbo vive una crisis de derechos humanos y humanitaria sin precedentes, que generó el desplazamiento interno más grande que ha registrado Colombia desde 1997.
Esa fue la alerta que presentó Marín ante la plenaria de la Cámara de Representantes, recinto que se reunió para analizar el decreto de conmoción interior emitido por el presidente de la República, Gustavo Petro, para responder a la situación de esa subregión del país.
“En el Catatumbo, la Defensoría del Pueblo tiende a pensar que, aunque la crisis sí era previsible por la alerta temprana, esta proporción del impacto humanitario nos ha desbordado a todos. Lo tengo que decir porque este es el desplazamiento forzado masivo en un solo evento más grande que conocemos desde 1997 que se hace seguimiento a esta situación. Es más grande que el desplazamiento de la masacre de La Gabarra”, afirmó la defensora del Pueblo.
El ELN y las disidencias de las Farc han perpetrado ataques sostenidos a la población civil en los municipios de Tibú, San Calixto, El Tarra, Hacarí, Teorama, Convención y Ábrego, en un contexto de reacomodación territorial en la zona y de desconocimiento al derecho internacional humanitario.
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“La población está siendo señalada de ser cercana al ELN o cercana al Frente 33 (de las disidencias) y dependiendo de la cercanía que se les señala, los efectos de este impacto humanitario son diferenciales y agravados”, apuntó Marín ante la plenaria de la Cámara.
En todo el país se registran 790 municipios en 32 departamentos que están en algún tipo de riesgo por el accionar permanente o intermitente de grupos armados al margen de la ley.
Para el caso del Catatumbo, por ejemplo, no solo se tuvo la alerta de riesgo inminente emitida en noviembre de 2024, sino que para esa subregión del país se documentaron otras cinco alertas más direccionadas para determinados municipios, como el caso del Tibú. “Mientras estamos aquí se están cometiendo crímenes de guerra y de lesa humanidad en una operación sostenida contra la población civil”, afirmó Marín.
La defensora apuntó que el ELN y las disidencias de las Farc habían tenido un pacto de convivencia en esa parte del país, que se rompió el pasado 16 de enero, y desencadenó esa escalada de violencia, situación de orden público que se agravó en un escenario de rompimiento del cese al fuego entre el Gobierno y el ELN, que hasta hace unos días estuvieron sentados en una mesa de diálogos de paz. A esos puntos se les suma, además, la reacomodación del EPL.
“Este llamado necesario y urgente por el Catatumbo también es un llamado para prestar atención al resto del país que también tiene situaciones que se pueden agravar”, reclamó Marín.
El balance estadístico indica que se reportan 49 mil personas desplazadas y 28 mil confinadas. La Defensoría ha constatado la recuperación de 50 cuerpos sin vida y esa institución señala tener información de otros cuerpos que no se han podido rescatar. “Algunos de los cuerpos de muertos en combate que se han recuperado son de niños y niñas que habían sido reclutados”, aseveró la defensora del Pueblo ante la plenaria de la Cámara.
