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Miles de personas en Bogotá denuncian haber sido estafadas con falsas impugnaciones de fotomultas: SEMANA revela detalles del millonario negocio de Juzto.co
Miles de personas en Bogotá acudieron a Juzto.co para impugnar fotocomparendos, incluso con la promesa de que les devolverían el dinero en caso de no tener éxito. Pero a la mayoría le incumplieron.
“El dolor de cabeza de las fotomultas es de lo peor. Pero en Juzto.co tenemos la solución para aliviarlo. Nos encargamos de las multas injustas y te ayudamos a olvidarte de ese dolor de cabeza tan fuerte (…) No caigas en el mismo error, las fotomultas no se pagan, se impugnan, no pierdas más dinero”.
Con mensajes como esos, publicados en redes sociales, especialmente en Instagram y Facebook, Juzto.co, desde mediados de 2020, empezó a ofrecer sus servicios profesionales legales prometiendo y garantizando la impugnación de las fotomultas. La idea era que las personas no tuvieran que pagar ni un peso ante las respectivas secretarías de movilidad. La firma empezó a ofrecer esos servicios escudándose en la sentencia C-038 de 2020 de la Corte Constitucional, en la que declaró inexequible el parágrafo 1 del artículo 8 de la ley 1843, por medio de la cual se regula la instalación y puesta en marcha de sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de infracciones.
Dicho parágrafo que fue declarado inexequible establecía la responsabilidad solidaria entre el propietario del vehículo y el conductor. No obstante, la Corte decidió en su momento que los propietarios de vehículos no debían responder por infracciones cometidas por un tercero y que eran las autoridades las que debían probar esa responsabilidad en dichos casos.
En otras palabras, para que un comparendo realmente se hiciera efectivo, las autoridades de tránsito o la Secretaría de Movilidad debían probar que el dueño del vehículo era quien realmente iba manejando en el momento exacto en el que se cometió la infracción.
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Fue así como Juzto.co empezó a ofrecer varios servicios y a diferentes precios. Por un costo de 109.000 pesos, ofrecía la impugnación de la fotomulta; por 139.000 pesos, la impugnación y una especie de “garantía de devolución” del dinero si perdían el caso, y por 169.000 pesos, ofrecían el llamado servicio “impugnación a la fija”, en el que garantizaban que, en caso de no tener éxito, la empresa asumiría todo el valor de la sanción, incluidos los intereses.
Miles de personas, esperanzadas en lograr tumbar esa fotomulta impuesta por las ‘cámaras salvavidas’ en Bogotá, acudieron a los servicios de Juzto.co, cuya publicidad se propagó por internet. Muchas, aunque debieron esperar más tiempo del que les prometieron, finalmente lograron deshacerse del fotocomparendo, mientras que a otras miles el proceso se les convirtió en un verdadero dolor de cabeza, ese mismo que la compañía prometía aliviar, pero que, por el contrario, lo agudizó aún más.
Agobiados no solo por el incumplimiento de Juzto.co, sino también por las multas que crecen de manera exponencial por los altos intereses y hasta por las cartas de embargo que empezaron a recibir desde la Secretaría Distrital de Movilidad en Bogotá, centenares de personas empezaron a elevar su voz de denuncia en contra de Juzto.co, señalándolos de una posible estafa.
“Duré más de un año en un proceso de apelación de fotocomparendo y nada avanza con ellos. No hay contacto, solo correos que demoran mucho en contestar, terminé pagando los comparendos y, por supuesto, no regresan la plata”, señaló Oswaldo Páez.
“Lastimosamente también caí, pagué para la impugnación de una fotomulta hace un año, lo cual nunca pasó, se me venció la licencia de conducción y para poderla renovar tenía que estar al día en multas, por tal razón me tocó pagar el comparendo y aparte lo de los supuestos abogados, y nadie pone la cara, siempre son grabaciones o correos, nadie responde”, afirmó John Alexánder Hernández.
Varias personas no solo perdieron el dinero al contratar los servicios de Juzto.co, sino que ahora estarían a punto de ser embargados por no pagar la multa. “Yo pagué la impugnación con garantía de devolución, pero no me resolvieron nada, y me llegó una carta con una multa por el no pago de parte de la Secretaría de Movilidad, y otra carta de embargo si no hago el pago de inmediato”, acotó Diana Sotelo.
Todos ellos, quienes denuncian ser víctimas de estafa, crearon un grupo en Facebook para unirse y radicar las respectivas denuncias ante la Superintendencia de Industria y Comercio y la Fiscalía.
Luego de meses sin respuestas a sus clientes, Juzto.co simplemente les enviaba un correo anunciándoles que no habían tenido éxito con el caso.
Cierre de operaciones
La indignación de los clientes o víctimas de una posible estafa se hizo más grande cuando, en días pasados, Juzto.co, de un momento a otro, decidió cerrar sus puertas, sin respuesta alguna, a quienes ya habían depositado sumas de dinero a sus cuentas. “Lamentamos informar que Disrupción al Derecho S. A. S. (Juzto.co) está en proceso de cierre de operaciones y por esa razón no está recibiendo nuevos casos”, es el mensaje que se puede leer en la página web de la compañía.
Si bien hubo personas que pagaron los servicios de esta empresa desde hace un año y medio, o más, y nunca tuvieron éxito, “el negocio” de tumbar fotomultas se le habría caído a Juzto.co cuando, en septiembre de 2022, la Corte Constitucional emitió la sentencia C-321, en la que se establece que son los propietarios quienes deben velar por que los vehículos circulen cumpliendo con todas las normas de tránsito. Explicado de otra manera, ya no es necesario determinar quién conduce el vehículo para sancionar una infracción. Para ser exonerada de pagar la multa, una persona tendrá que entregar las pruebas necesarias para demostrar que fue víctima de fraude o hurto de su vehículo y así ser exonerada de la infracción. A pesar de ello, Juzto.co siguió ofreciendo sus servicios y recaudando grandes cantidades de dinero.
¿Negocio redondo?
Entre 2021 y 2023, la Secretaría Distrital de Movilidad en Bogotá recibió 17.048 acciones de tutela impugnando comparendos de fotomultas y de ese total, 6.211, es decir, más de la tercera parte, fueron radicadas por Juzto.co.
No obstante, la entidad le confirmó a SEMANA que Juzto.co ganó 898 tutelas, es decir, tan solo el 14 por ciento del total radicado, lo que quiere decir que 5.313 personas que les confiaron su dinero y sus procesos a Juzto.co se quedaron viendo un chispero.
Desde agosto de 2022, SEMANA alertó la manera en que compañías como Juzto.co estarían engañando a las personas con falsas promesas de impugnación de fotomultas. La manera en la que operan es desgastando y saturando a la Secretaría de Movilidad y a la rama judicial.
Es de mencionar que un comparendo o fotocomparendo es solo una orden para comparecer ante un inspector de Policía, quien es el que decide si habrá multa o no. En consecuencia, esta revista conoció que el actuar de Juzto.co consistía en radicar derechos de petición y acciones de tutela, reclamando que no había fechas disponibles para poder solicitar dicha audiencia ante el inspector de Policía.
Lo grotesco del caso es que esta firma de abogados, según un análisis de SEMANA a las bases de datos, presentaba para la gran mayoría de sus tutelas el mismo pantallazo o audio de un conmutador como “prueba” para demostrar que la Secretaría de Movilidad estaba vulnerando el derecho de acceder a una audiencia con el inspector, así los casos tuvieran meses de diferencia. Estos trámites son totalmente gratuitos y cualquier persona puede acceder a ellos sin necesidad de pagar un abogado.
SEMANA llamó en varias ocasiones a John Morales, CEO de Juzto.co, para que respondiera por las denuncias de quienes dicen haber sido estafados por la compañía y para que explicara los motivos del porqué decidieron cerrar las puertas de la empresa, pero no contestó. Serán las autoridades las encargadas de determinar si hubo o no algún delito.
“Información y publicidad engañosa”: Secretaría de Movilidad
De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, “esta empresa se encuentra brindando información a la ciudadanía, la cual no se ajusta a la realidad, está induciendo en error a quienes contratan sus servicios, pues los ciudadanos al caer en el engaño de que las fotomultas son ilegales, contratan sus servicios para que estos representen ante el Organismo de Tránsito sus intereses”.
“Recordemos que información debe entenderse como todo contenido y forma de dar a conocer un producto que en este caso se trata de un servicio de consultoría, asesoría y demás, el cual está siendo suministrado de manera errónea a la ciudadanía al afirmar que los Organismos de Tránsito están actuando de manera contraría a las disposiciones dadas por la Corte Constitucional, entonces que lo correcto sería que se asesoren y contraten sus servicios para “tumbar” esas fotomultas que a su consideración son ilegales”, agregó la entidad.
La Secretaría puntualizó que “un ciudadano del común quizás desconoce que el comparendo ya sea físico o electrónico es la orden formal de comparecer ante la Autoridad de Tránsito y que no es sinónimo de sanción, que no por el hecho de imponerse y notificarse quiera decir que se va a sancionar a la persona, para eso la norma establece un proceso y la Corte Constitucional con los diversos pronunciamientos que ha hecho ha regulado dicho proceso”.
En ese sentido, para la Secretaría de Movilidad, “es claro que la afirmación de los denunciantes de que las foto multas son ilegales, influye en la decisión del ciudadano y/o consumidor en contratar el servicio de representación y asesoría legal, porque, bajo esa afirmación aunque es errónea convence al ciudadano de que las Autoridades de Tránsito están obrando de manera indebida y ellos podrán solucionarle ese problema”.
Así las cosas, la entidad distrital puntualizó de manera tajante: “No nos encontramos ante una información ilícita, desleal, o ambigua, claramente estamos ante una información engañosa, a través de información errada y que induce en error a sus consumidores haciendo que contraten su servicio”.
Y concluyó: “queda en evidencia que existe una clara violación de las normas al consumidor, por lo que solicitamos sea investigada dicha conducta, la información y la publicad que están usando los denunciados es falsa, no es adecuada e induce en error a los consumidores”.