Militar estadounidense estaría involucrado en aterradores abusos sexuales a niñas indígenas en el Guaviare

Un militar estadounidense estaría involucrado en supuestos abusos sexuales a menores de edad indígenas en el Guaviare y que implicarían a uniformados colombianos y a población civil de este departamento.

La información se conoció semanas después de haberse publicado la investigación periodística ‘La ley de la selva’, hecha por la cadena de televisión Univisión y encabezada por el periodista Gerardo Reyes, quien le contó detalles de esta situación a SEMANA.

Según Reyes, el panorama en San José del Guaviare, capital del departamento, por cuenta de esta problemática es “angustioso” y “descorazonador” y una de las razones que agravan la situación es que las investigaciones por parte de las autoridades colombianas poco avanzan. En esta problemática estarían siendo víctimas indígenas Nukak Makú y Jiw, especialmente.

“Allí existe la creencia cultural, dentro de estas comunidades indígenas, de que las niñas después de que tienen la menstruación, ya gozan de libertad sexual y los padres no intervienen en eso. Ahí ya empieza el choque cultural, porque eso en la ley colombiana es violación, pero para ellos es libertad sexual”, le dijo el comunicador a esta revista.

John Rhatigan, portavoz de la embajada de Estados Unidos en Colombia, le dijo a SEMANA: “Las Fuerzas Militares de los Estados Unidos se toman en serio cualquier acusación de abuso sexual y están comprometidas con la investigación de cualquier acusación de delitos sexuales o de mala conducta. En este momento, no tenemos conocimiento de ninguna investigación por parte de las autoridades colombianas sobre ninguna denuncia en el Guaviare”.

SEMANA: ¿Cómo fueron los casos de abusos sexuales a niñas indígenas en el Guaviare que usted logró documentar?

GERARDO REYES (G. R.): Nos enteramos a través de un artículo de Natalia Pedraza Bravo. Era un dato perdido en una crónica de El Espectador y era sobre una persona que estaba enterada de que una niña indígena, menor de edad, había sido violada en San José del Guaviare y atendida en el hospital de la ciudad. Me llamó la atención saber cuál sería el alcance del problema. Viajamos a San José del Guaviare. Estuvimos allí una semana con el corresponsal nuestro, Yezid Baquero, que después volvió.

SEMANA: ¿Y qué encontraron?

G. R.: Encontramos un panorama muy angustioso y descorazonador. A pesar de que esto se había detectado y había otros medios que habían visitado la zona y denunciado el problema, este continuaba. Decidimos hablar con todos los actores y protagonistas de la situación: el Gobierno, las comunidades indígenas. Hablamos hasta con un misionero que vivió alrededor de diez años con una de las comunidades y nos explicaba otro problema que hace mucho más vulnerables a las niñas a estos abusos.

SEMANA: ¿Cuál es?

G.R.: Es el hecho de que allí existe la creencia cultural, dentro de estas comunidades, de que las niñas después de que tienen la menstruación, ya gozan de libertad sexual y los padres no intervienen en eso. Ahí ya empieza el choque cultural, porque eso en la ley colombiana es violación, pero para ellos es libertad sexual. También nos dejó muy impresionados el hecho de hablar con el director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), allí en San José del Guaviare, quien decía que sí conocía el problema, pero al momento de preguntarle sus dimensiones, no tenía idea y tenía que mirar constantemente a una de sus asistentes.

SEMANA: ¿Quiénes estarían involucrados en las violaciones a estas niñas indígenas?

G.R.: Las violaciones no solamente provienen de los militares, sino también de la población civil, la cual abusa de estas niñas a cambio de darles algún tipo de alimento, bóxer o 20.000 o 40.000 pesos. Es una combinación. El caso de los militares se da porque los asentamientos indígenas están muy cerca de algunos de los batallones de la zona. Una de estas comunidades indígenas es desplazada. Es tal vez la última comunidad indígena nómada que queda, creo yo, en toda Sudamérica y perdieron el bosque, que era su principal fuente de sustento, y los niños y las familias salen a pedir limosna, porque no tienen con qué comer. Y las niñas cambian su cuerpo por una ración de comida. Hay militares y civiles involucrados. Uno de los entrevistados nos explicó que hay dos clases de depredadores sexuales, “los cuchos blancos”, hombres mayores que se las llevan a cualquier rincón oscuro de la ciudad a cambio del equivalente de dos dólares, y los jóvenes “bien organizados” que las recogen en motocicletas.

SEMANA: ¿Cómo es el caso en el que estaría involucrado un militar estadounidense?

G.R.: Lo que nosotros supimos fue a través de una persona que no podemos identificar, pero que vio todo el proceso de llegada de una niña a un hospital en San José del Guaviare. Ella llegó con un familiar. Aparentemente un tío. Nos dicen que la rescató en el momento en que se dirigía a un río a abortar. Parece que es un río que usan las niñas para abortar, pero él tenía el temor de que, por ser tan pequeña, iba a morir. La montó en un automóvil o un transporte intermunicipal y la llevó al hospital. La niña no hablaba español. Solo quería comunicarse con su tío. El tío explicó allí que ella había tenido relaciones sexuales con un militar gringo, porque los gringos les daban raciones de comida a cambio de esto.

SEMANA: ¿Qué pasó con la niña?

G.R.: La niña tuvo un bebé que rechazó y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tomó custodia de ellos dos. Esta entidad nos confirmó que el caso existe, pero hay un gran hermetismo. Hay una cosa curiosa y es que cuando entrevistamos al director del Instituto allí le preguntamos si ellos estaban en Colombia y dijo que no podía dar información, por lo que se trata de un caso confidencial. Uno puede llegar a concluir que se abre la posibilidad de que los hayan tomado en adopción o que los hayan enviado a otro país, o que el padre haya asumido la responsabilidad. Son tres posibilidades que se abren ante esa respuesta del funcionario.

SEMANA: ¿Se sabe qué grado tendría este militar estadounidense?

G.R.: No, no hay información. La propia fiscal que está investigando no nos dio mayores detalles y en la embajada se quedaron callados. Me mandaron a hablar al Departamento de Estado. Aún no hemos hecho la petición a esta instancia, pero le preguntamos a la fiscal si los encargados de la investigación habían pedido información a la embajada y nos dijo que no sabía o que no podía revelar más sobre el caso. No sabemos si está investigado. La respuesta de la embajada, después de más de una semana de silencio, fue que ellos remitían el caso al Departamento de Estado, a la oficina de subsecretaría encargada de América Latina y, específicamente, de Colombia.