INVESTIGACIÓN
Millonario fracaso: SEMANA revela los costos de la ‘paz total’ del Gobierno Petro. Le han destinado 64.000 millones de pesos
SEMANA revela los elevados gastos de la política de la paz total del Gobierno de Gustavo Petro, ausente de resultados y rodeada de múltiples escándalos.
El presidente Gustavo Petro apostó todas sus cartas a la política de la paz total para intentar que los grupos armados ilegales y las organizaciones delincuenciales dejaran las armas y transitaran a la legalidad. Por ahora, los negociadores no han logrado resultados trascendentales, pero sí gastos multimillonarios que causan revuelo en el Gobierno.
La Oficina del Alto Comisionado para la Paz le confirmó a SEMANA consumos por más de 64.000 millones de pesos, con corte al 30 de abril de 2025, en cuatro mesas de diálogo y tres espacios de conversación sociojurídicos, relacionados con tiquetes aéreos, honorarios, logística, viáticos, medidas de protección, desplazamientos y vuelos privados.
ELN
La mesa de diálogos con esta guerrilla, suspendida desde el 17 de enero de este año, consumió 30.000 millones de pesos provenientes del Presupuesto General de la Nación, aunque también recibió respaldo económico por parte de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (Mapp), de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
La versión del Gobierno es que con este grupo armado ilegal desarrolló seis ciclos de diálogo y tres reuniones en las que se suscribieron 28 acuerdos y 14 protocolos que no tienen efecto desde que el presidente Petro tomó la decisión de frenar las conversaciones por la toma violenta de los guerrilleros en la región del Catatumbo.
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“El Gobierno suspendió los diálogos de paz que adelanta con el ELN debido a los hechos de violencia ocurridos en la región del Catatumbo, donde se han reportado asesinatos de civiles y de firmantes de paz, que son atribuidos a ese grupo guerrillero”, se lee en un derecho de petición respondido por el Ejecutivo a SEMANA.
Disidencias de las Farc
Por las conversaciones con las disidencias de las Farc, en las cuentas del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) hay facturas que suman 21.404 millones de pesos justificadas en logística, viajes y honorarios, entre otros elementos. Este dinero también salió del Presupuesto General de la Nación.
En este caso, se han sumado los gastos de los primeros acercamientos que sostuvo la Oficina del Alto Comisionado para la Paz con los delegados de alias Iván Mordisco y, tras la fractura del 40 por ciento de la estructura criminal, con los voceros de alias Calarcá que delinquen en Putumayo, Caquetá, Meta, Norte de Santander, Bolívar y Antioquia.
El presidente Petro decidió levantar el cese al fuego con esta guerrilla y las Fuerzas Militares la combaten en todo el país. Para el Ejecutivo, en este escenario “se ha avanzado en la identificación y la formulación de acciones precisas con concurrencia de actores institucionales, de la mesa de diálogos y de las comunidades locales”.
Tras un acuerdo en esta negociación, el jefe de Estado firmó una resolución el pasado 23 de mayo en la que estableció una zona de ubicación temporal en el Catatumbo para el frente 33 de las disidencias y dio un plazo de 45 días. El tiempo ya se cumplió y, en respuesta a SEMANA, la Casa de Nariño informó que durará siete meses, pero no está lista la medida y se sigue diseñando.
Segunda Marquetalia
En cuanto a la mesa de diálogos de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano –Segunda Marquetalia–, los gastos suman más de 6.429 millones de pesos por inversiones en materiales logísticos, tiquetes aéreos, honorarios y viáticos, con corte al 30 de abril de 2025. El dinero se suministró a través del Presupuesto General de la Nación.
Las divisiones internas de esta organización ilegal han obstaculizado el avance de las conversaciones. Entre tantos acuerdos pendientes por materializar, se pactó la “transición a economías lícitas de 3.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito ubicadas en territorios con presencia de la Coordinadora Nacional en Nariño (2.000) y Putumayo (1.000)”.
Comuneros del Sur
La mesa de diálogos de paz con Comuneros del Sur, disidencia del ELN, ha facturado 4.277 millones de pesos en materia de “gastos logísticos, tiquetes aéreos, honorarios, viáticos y gastos de desplazamiento, vuelos privados y medidas de protección”. Toda la inversión ha salido del bolsillo de los colombianos.
Los logros que resalta la Oficina del Alto Comisionado para la Paz son la renuncia de estos combatientes a más de 500 artefactos explosivos, pactos para la sustitución de los cultivos ilícitos y un plan para la reincorporación de, al menos, un centenar de sus integrantes. Este es el único proceso de la paz total que ha mostrado resultados.
Buenaventura
El “espacio de conversación sociojurídico de construcción de paz urbana con las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto de Buenaventura” le ha costado al Estado más de 1.373 millones de pesos en gastos logísticos, tiquetes aéreos, honorarios y viáticos.
En la mesa están sentados los grupos Shottas y Espartanos. “Partieron de un primer acuerdo de reducción de la violencia, incluyendo cero homicidios y la disminución de conductas tales como la extorsión y el hurto”, dijo el Gobierno a SEMANA. Las treguas no se han cumplido al pie de la letra y las autoridades les atribuyen múltiples crímenes.
Medellín
El “espacio de conversación sociojurídico de construcción de paz urbana en Medellín y el Valle de Aburrá”, que se realiza en la cárcel La Paz del municipio de Itagüí, acumula gastos por 867 millones de pesos y los recursos, en su totalidad, han sido asumidos por el Presupuesto General de la Nación.
Entre los logros que resalta el Ejecutivo hay un acuerdo entre las estructuras criminales por disminuir los homicidios en las comunas y los casos de extorsiones en algunos barrios de la región. La Alcaldía de Medellín cree que la reducción en los crímenes sería producto de la persecución e investigaciones de la fuerza pública y la Fiscalía.
Quibdó
El “espacio de conversación sociojurídico de construcción de paz urbana en Quibdó” suma 537 millones de pesos en gastos. Allí habla el Gobierno con representantes de varias estructuras ilegales. El proceso es amenazado por la rápida expansión del Clan del Golfo, que quiere asumir el control de todas las economías ilegales.
En el curso del proceso, y con grandes excepciones, “se comprometieron a reducir la extorsión en la ciudad en contra de profesores, personal de salud, obras comunitarias en los barrios, mejoras de vivienda y construcciones menores, acarreos de material de construcción y taxis”.
Como en la capital del Chocó, los resultados de la paz total siguen siendo inciertos y no es claro qué están negociando las estructuras criminales con el Ejecutivo, faltando pocos meses para que Gustavo Petro entregue el poder y sin un marco jurídico que blinde las palabras de las partes.
