Ministro de Justicia revela detalles de la política de drogas del Gobierno Petro: “Pensar en una regulación es inviable”

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, informó que el presidente Gustavo Petro presentará este sábado la estrategia para combatir las drogas en Colombia y anticipó los ejes fundamentales de la política.

El funcionario reconoció que el campo por el que se mueven tiene “cierta estrechez”. Es decir, el documento se sometió a las leyes y a los acuerdos internacionales que plantean límites en la ejecución del programa.

La primera espina es la regulación de las sustancias que estaría bloqueada por el ambiente político externo e interno. Prueba de ello sería el esfuerzo que se dio en el Congreso para formalizar la marihuana y que fracasó cuando se acercaba a la meta.

“No estamos en un mundo político en el que pudiéramos dar un cambio total hacia la despenalización. Pensar en una regulación más seria de las drogas es, políticamente, inviable”, comentó Osuna en un congreso en Cali.

Los puntos claves del programa

Frente a esta concepción, el proyecto antidrogas plantea perseguir a las grandes mafias del narcotráfico y no perturbar a los cultivadores de la hoja de coca, quienes recibirán alivios para transitar a economías lícitas.

Paralelamente, se plantearon objetivos para cuidar la vida y los derechos humanos de las personas que están expuestas a estos fenómenos criminales. Además, proteger el medioambiente.

Se priorizará el escenario “que realmente le hace daño a la sociedad colombiana. Lo que le hace daño son las mafias del narcotráfico, las grandes cantidades de dinero que (hay) detrás de esas economías ilegales”, agregó el ministro.

El manejo de la cocaína

Uno de los asuntos que causa mayor controversia es el de la cocaína. Néstor Osuna contó que estarán tras los integrantes del mercado, no contra las personas que se dedican a sembrar las hojas de coca.

“Lo que vamos a hacer es priorizar ese enfoque punitivo en la lucha contra la cocaína, no contra la hoja de coca, no contra el campesino pobre que no ha tenido una alternativa distinta a cultivar una hoja de coca”, manifestó el funcionario.

El futuro que les tiene diseñado el Gobierno Petro es una sustitución de economía, usos legales de la hoja de coca, pago por servicios ambientales o, por voluntad propia, trasladarse a territorios con otras oportunidades laborales.

Mientras que la fuerza pública se dedicará a incautar cocaína, destruir laboratorios, luchar contra el lavado de activos y apoyar una persecución penal contra los responsables del narcotráfico.

Estados Unidos pausó monitoreo de cultivos

Ahora bien, a mediados de julio se conoció que Washington suspendía el monitoreo de cultivos ilícitos en lo que se trataría de una medida “temporal”; sin embargo, no hay fecha exacta de cuándo pueda retomarse esa revisión.

Respecto a la evaluación que hizo Estados Unidos sobre el compromiso de Colombia en esa materia, en abril del año pasado ese país trasladó una misiva al Congreso en la cual comunicaba su decisión de cara al año en curso.

“Certifico que el gobierno de Colombia ha venido implementando una estrategia nacional antinarcóticos con el objetivo de reducir los cultivos ilícitos y producción de coca en un 50 % para el año 2023″, dijo en su momento la subsecretaria de Estado, Wendy Sherman.

Según indica la Cancillería en su página oficial, la política contra los estupefacientes en el gobierno actual busca disminuir el impacto de los mercados ilegales, mientras se enmarca en el desarrollo sostenible, justicia social, además de “regulación responsable y justa del cannabis de uso adulto y usos lícitos de la hoja de coca”.

Así las cosas, la apuesta del Ejecutivo colombiano busca otras opciones que no tengan como único foco la mayor erradicación de cultivos irregulares, un punto que sigue generando disputas.