¿Nepotismo en el Gobierno Petro? Esto dice una queja que llegó a la Procuraduría por lo que ocurre en el Ministerio de Educación y el ICBF

Dos altas funcionarias del Gobierno del presidente Gustavo Petro tienen una relación estrecha que hasta ahora había pasado desapercibida. SEMANA conoció una denuncia ciudadana remitida a la Fiscalía, con copia a la Procuraduría, en la que se deja de presente una cuestionable coincidencia que habría entre la subdirectora del ICBF, Adriana Velásquez Lasprilla, y la viceministra de Educación, Gloria Mercedes Carrasco Ramírez.

En la denuncia se asegura que no deja de ser llamativo que en el despacho del Viceministerio de Educación, Preescolar, Básica y Media trabaje Juan Fernando Rueda Guerrero, desde el 8 de noviembre de 2024, como asesor código 1020 grado 14, quien es el esposo de la subdirectora del ICBF.

Sin embargo, el enlace cobra más relevancia al saber que la subdirectora del ICBF tiene en su despacho, contratada por prestación de servicios, a Manuela Serrano Carrasco, la hija de la viceministra de Educación.

Serrano Carrasco tuvo un contrato de prestación de servicios durante siete meses en 2024 por 67.487.338 pesos, que se ejecutó en seis pagos mensuales de 10.797.974, y uno de 2.699.494 para “apoyar a la subdirección general en el desarrollo de acciones y estrategias relacionadas con políticas de acompañamiento y movilidad humana en contexto migratorio”.

SEMANA confirmó con fuentes de la entidad que Serrano Carrasco sigue trabajando con la subdirectora.

En otro documento conocido por esta revista, queda reflejado que fue la misma subdirectora quien avaló las competencias de Serrano para ser su asesora.

SEMANA también tuvo acceso al documento en el que Manuela Serrano declara sus posibles conflictos de interés o incompatibilidades y no menciona en ningún momento que su madre sea la viceministra de Educación.

“No tengo vínculos de parentesco, hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con los servidores públicos de los niveles directivo, asesor, ejecutivo o con los miembros de la junta o consejo directivo, o con las personas que ejerzan el control interno o fiscal de la entidad contratante”, dice el documento.

A pesar de eso, no deja de llamar la atención la relación entre la viceministra de Educación, la subdirectora del ICBF y sus familiares en cargos claves de asesoría de cada uno de los despachos, máxime cuando se trata de personas del círculo más cercano de cada una.

Según la denuncia que llegó a la Fiscalía y a la Procuraduría, estos hechos podrían constituir un posible tráfico de influencias, consagrado en el artículo 411 del Código Penal, en el que se establece que el servidor público que utilice indebidamente en provecho propio o de terceros influencias derivadas de su ejercicio en el cargo o para obtener un beneficio podría incurrir en prisión entre 64 y 144 meses, adicional a una multa económica.

“La comisión del mencionado delito posiblemente se configura junto con un desconocimiento de los principios de moralidad, transparencia y legalidad de las actuaciones administrativas”, dice la denuncia en la que le piden a la Fiscalía adelantar las investigaciones correspondientes.

Además, se trataría de un posible caso de nepotismo, pues un funcionario favorece a familiares o amigos para ayudarlos a conseguir empleo o cargos públicos más allá de los méritos o capacidades que puedan tener.

SEMANA contactó a la viceministra y a la subdirectora. Carrasco dijo que a Rueda lo conoce “desde hace aproximadamente 15 años en el ámbito laboral. Cuenta con la formación académica y la experiencia laboral pertinente para apoyar las funciones del despacho a mi cargo”.

Agregó que, aun cuando no tuvo ninguna incidencia con el contrato que tiene su hija en el ICBF, conoce a la subdirectora desde hace aproximadamente 17 años, cuando trabajaron en el Distrito.

Velásquez afirmó que la contratación de Serrano se debió a su perfil. “Su hoja de vida clasificó luego de un proceso de preselección técnica para ser vinculada como profesional contratista”. Asimismo, mencionó que su contrato se firmó cuando Carrasco aún no era viceministra.

A pesar de las explicaciones, de configurarse el conflicto de interés entre ambas funcionarias y sus familiares, la promesa de cambio de las prácticas políticas con la que llegó el petrismo al poder quedaría desfigurada.