Norma Hurtado alerta sobre “estrategia de presión” del Gobierno para la reforma a la salud: “He sentido una agresión”

SEMANA: Usted defiende que sí debe hacerse una reforma a la salud. ¿Por qué deciden presentar la ponencia alternativa?

Norma Hurtado (N.H.): La ponencia alternativa surge de la búsqueda de consensos que no se ha podido lograr con el Gobierno nacional, fruto de las audiencias, de las mesas técnicas, del diálogo con las universidades y los expertos. El momento crítico que se vive en el sector salud lleva a que se necesiten transformaciones.

SEMANA: Cuando la Comisión Séptima hundió la reforma laboral, el Senado la revivió en plenaria. ¿La estrategia de tener una ponencia negativa es la respuesta para intentar que en esta ocasión no se reviva la reforma a la salud en el Senado?

N. H.: Yo no trabajo bajo presión, sino con las herramientas que me da la ley y una de las que me da la Ley Quinta es poder presentar una reforma alternativa. Yo presenté una ponencia alternativa pensional, y también laboral, porque no acompaño decisiones herméticas e imposibles de modificar como las quiere presentar el Gobierno. Lo que más quiero es que haya debate sobre la reforma a la salud.

SEMANA: El Gobierno está jugando a presionar el Congreso. El ministro Armando Benedetti, por ejemplo, dijo que las comisiones económicas reaccionaron al aprobar la ponencia alternativa del presupuesto para 2026 ante el temor de que el presidente expida uno por decreto. ¿Está pasando lo mismo con la reforma a la salud, considerando que el ministro Jaramillo ya publicó decretos para intentar reglamentar la reforma?

N. H.: Más que una presión, he sentido una agresión. Nada de lo que digo lo consideran cierto, nada de lo que sustento con cifras lo ven real y lo que se ha dado hacia mí es una descalificación verbal sin presentar soportes. A estas alturas no tengo debilidad, ni ante la descalificación, ni ante un apretón por parte del Gobierno. Yo trabajo de acuerdo con lo que generan las mesas, las audiencias, los diálogos, las preocupaciones. Son muchos los actores del sistema que pasan por la Comisión Séptima radicando documentos; cada uno ha sido analizado. Entonces, bajo presión del Gobierno yo no trabajo.

SEMANA: ¿Su relación con el Gobierno puede sanarse después de esa agresión de la que dice que ha sido víctima?

N. H.: Ya entendimos que no podemos generar unos lazos de amistad frente a las posturas que cada uno tiene, pero a mí lo que más me interesa es el centro de la reforma: el paciente, que lo voy a defender hasta el final.

SEMANA: El ministro Benedetti está diciendo que la Comisión Séptima actúa con parsimonia y que tendrán que convocar al pueblo para que sea este el que le diga la importancia de aprobar la reforma a la salud. ¿El ministro amenaza a la Comisión con marchas?

N. H.: Esa es una forma de presión, una estrategia. Ellos están en sus posturas, mientras nosotros estamos en el diálogo, la concertación y la apertura de puertas, como se ha hecho desde el principio de este cuatrienio.

SEMANA: La ponencia de ustedes mantiene las CAPS y el sistema preventivo, pero hace algunos ajustes en la definición de cada uno de esos puntos. ¿Qué diferencia la propuesta de reforma que presentó con Ana Paola Agudelo y Lorena Ríos Cuéllar a lo que el presidente está buscando?

N. H.: Cuando los extremos hablan, algo estamos haciendo bien. Esto no se trata de privilegiar intereses privados, jamás ha sido nuestra intención, pero tenemos diferencias importantes y creo que una de las principales es que este Gobierno insiste en estatizar el sistema bajo la figura del aseguramiento social. Nuestra propuesta defiende el modelo mixto y que se preserve el sistema general de seguridad social en salud, algo que ya no hace parte de la estructura del sistema que pretende sacar adelante el Gobierno del presidente Petro. Esta figura está contemplada en la Constitución y es el derecho de los colombianos a tener seguridad social en salud. Nosotros preservamos el aseguramiento con la gestión del riesgo integral de la salud. Nosotros blindamos los recursos del aseguramiento porque los habían tomado para infraestructura, dotación y cumplir la promesa de los equipos extramurales. Tiene que haber nuevas fuentes de financiación para esas promesas porque esto no puede hacerse realidad con los recursos del aseguramiento.

SEMANA: ¿Y sobre la Adres?

N. H.: El Gobierno trazaba una super-Adres con funciones de pagador, recaudador, asegurador, auditor, de aplicar las diferenciales de la UPC, de manuales tarifarios, una mega entidad. En los años venideros sería más importante ser director de la Adres que ministro de Salud y ese debate debe abrirse en la Comisión Séptima.

SEMANA: Ustedes en su ponencia le pasaron tijera a todas las funciones que le entregaba el Gobierno a la Adres.

N. H.: Claro. Lo dejamos acorde a la ley. La Adres fue creada a través de una ley en la que se le limitaron las funciones y la misma Defensoría del Pueblo advirtió que centralizar en ella el manejo del sistema puede generar riesgos de congestión, pagos y vulneración de derechos a la salud. Hay un tema en el que nos diferenciamos de manera importante: el cálculo de la UPC. Llevamos varios meses esperando el recálculo ordenado por la Corte Constitucional, pero no hay voluntad, compromiso ni una respuesta jurídica seria hacia la Corte. Debe hacerse un estudio técnico de la UPC y su definición debe pasar por el Consejo Nacional de Salud, una entidad que queremos que sea vinculante desde los conceptos que emita. ¿Por qué la demora en los ajustes de la UPC, si ya lo ordenó la Corte?

SEMANA: ¿Ya hablaron con el Gobierno sobre esas diferencias en la ponencia de la reforma?

N. H.: Tuve una corta conversación con el viceministro Martínez y está dispuesto al análisis. Sin embargo, la ponencia no la construí sola, fue todo un equipo de trabajo, y tendremos que mirar si hay puntos de encuentro o si esto se va a voto limpio.

SEMANA: Cuando ustedes pidieron la prórroga para presentar la ponencia también les acompañó la senadora Esperanza Andrade. ¿Por qué no hizo parte de esta ponencia?

N. H.: Por temas de partido. Es respetable. El Partido Conservador tiene una postura y nosotros nos debemos, igualmente, a la ley de bancadas. Esa es la situación que limitó la firma de la doctora Esperanza Andrade.

SEMANA: Mencionó que todo se irá a voto limpio. Cuando uno mira los bloques de congresistas que se conformaron para votar las anteriores reformas, se creería que esta ponencia es la que puede prosperar. ¿Su propuesta puede ser la que tenga más respaldo dentro de la Comisión Séptima?

N. H.: En esta oportunidad no me atrevo a decir nada. Tengo incertidumbre frente a cómo puede ser la votación de las diferentes ponencias.

SEMANA: ¿El Gobierno está intentando acercarse a los congresistas para amarrar su voto por la ponencia positiva?

N. H.: No puedo hablar por los demás, pero en el caso mío, no.

SEMANA: Estamos en una crisis que no da espera y la reforma a la salud, así se apruebe, necesitaría un periodo de implementación. ¿Para cuándo estaría la reforma?

N. H.: Tenemos una entrada en vigencia de tres años. El mismo Gobierno le generó una expectativa muy grande a la Comisión Séptima, al Senado y a la red prestadora pública y privada. En el aval fiscal número cuatro el Gobierno dejó una condición para empezar a operar la nueva reforma señalando que el Ministerio de Hacienda exigía el pago de las deudas del sector salud al cierre de 2025 de las obligaciones del corriente (el día a día) que ha tenido graves traumatismos desde el 2023. Estos tres años corresponden al Gobierno del “cambio” del presidente Gustavo Petro. Nosotros tomamos esa condición que había puesto el Ministerio de Hacienda en el aval número cuatro y la convertimos en un artículo. Entonces, condicionamos la entrada en vigencia a que se paguen las deudas del corriente al 2025. Nosotros no hablamos de EPS liquidadas en ningún momento.

SEMANA: ¿Qué va a pasar con el sistema de salud mientras se implementa la reforma?

N. H.: Estamos en una crisis muy profunda. El mensaje de la Clínica Shaio deja a la deriva a los afiliados de la Nueva EPS que no van a encontrar en Bogotá ese centro que les garantizaba la vida a los pacientes porque son 95.000 millones de pesos que han dejado de pagar dentro del corriente, de los 365 días que corresponden a este Gobierno.

SEMANA: Nueva EPS, que era la EPS llamada a recibir los pacientes de las entidades liquidadas, se está quedando sin cómo operar. ¿Qué mensaje da el caso de Nueva EPS sobre la propuesta de sistema de salud que quiere implementar el Gobierno?

N. H.: El ministro de Hacienda retiró del aval fiscal todo lo que tenía que ver con las deudas de la Nueva EPS. El ministro expresó que era responsabilidad de los privados, como si varios de los integrantes de la junta directiva no fueran del Gobierno. No entendí cuál era el argumento de fondo y en ese punto el doctor Germán Ávila simplemente decidió sacar las deudas de la Nueva EPS para que esas sean objeto de pago de los privados. Mientras el Gobierno se radicaliza en que las deudas de la Nueva EPS las deben pagar los privados, ellos están en los territorios salvando vidas y facturando a una Nueva EPS en la que no sabemos quién pagará esa prestación del servicio.