Organizaciones de la sociedad civil alertan riesgos democráticos por convocatoria de Petro de consulta popular por decreto

Se siguen sumando voces en contra de la posibilidad de que el presidente Gustavo Petro convoque a una consulta popular a través de decreto. Varias organizaciones y centros de pensamiento se unieron para rechazar esa posibilidad.

“Las organizaciones y los centros de pensamiento firmantes, comprometidos con la democracia, el Estado de derecho, la defensa de la Constitución, los derechos humanos, los derechos de los trabajadores y con cambios pertinentes que lleven al progreso social y al crecimiento económico del país, expresamos nuestra profunda preocupación ante el anuncio del presidente de la República de convocar una consulta popular nacional mediante decreto, a pesar del concepto negativo, plenamente legítimo, del Senado de la República”, aseguraron.

Además, dijeron que este tipo de convocatorias anunciadas por el Gobierno nacional vulneraría el procedimiento constitucional y legal que tiene el Senado, y que lo que estaría en riesgo de fondo es la democracia misma.

“Constituye un abuso y desnaturalización del propósito del mecanismo de participación ciudadana consagrado en el artículo 104 de la Constitución. Desconocer el concepto negativo del Senado infringe también las leyes y quebranta un principio esencial de la democracia constitucional: la separación e independencia de los poderes”, dijeron.

Las organizaciones pidieron que las reglas constitucionales sean respetadas especialmente cuando incomodan a quienes están gobernando. “Actuar por fuera de ese marco no es una señal de fortaleza ni de respeto de la voluntad ciudadana”, afirmaron.

Además, dijeron que convocar a una consulta popular por decreto sería negar el Estado de derecho y de una democracia representativa, por lo que se vería en riesgo la institucionalidad y el respeto por las reglas de juego.

“Hacemos un llamado al Gobierno nacional a que no avance con la firma de un decreto que amenaza con quebrantar abiertamente el principio de separación de poderes y el marco constitucional y legal vigente en Colombia”, pidieron.

También le hicieron un llamado a la Corte Constitucional y al Consejo de Estado para proteger la Constitución de 1991 y el equilibrio de poderes. Solicitan que, si lo consideran oportuno, se decreten medidas cautelares y de suspensión provisional para garantizar la estabilidad institucional del país.

“Hacemos un llamado al Congreso de la República a que siga cumpliendo, con responsabilidad y plena independencia, las tareas constitucionales de discutir y decidir sobre proyectos de ley y de hacer control político al poder ejecutivo”, solicitaron.

Y le pidieron a la comunidad internacional que observe con atención la situación que se está viviendo en el país y que podría poner en riesgo la democracia.

“No estamos ante un asunto ideológico ni una controversia política pasajera. Se trata de un desafío directo al orden constitucional que nos rige desde 1991. Romper las reglas de ese pacto fundamental no fortalece a la ciudadanía, ni amplía ni protege sus derechos. Por el contrario, debilita el marco que la protege y despeja el camino hacia el despotismo”, aseguraron.

Algunas de las organizaciones son Anif, la Universidad EIA, Transparencia por Colombia, ProAntioquia, Movilizatorio, el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, la Fundación para el Desarrollo de Derecho, Fundación Ideas para la Paz, Fundación Corona, Centro Regional de Estadios de Energía, Corlide, Corporación de Excelencia en la Justicia, Consejo Privado de Competitividad, Centro de Estudios e Incidencia de la Universidad Eafit, el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos y Así vamos en salud.