Otro ‘decretazo’ de Gustavo Petro: busca que las tutelas contra él y su Gobierno no las revise exclusivamente el Consejo de Estado

El presidente Gustavo Petro firmó un nuevo decreto este miércoles, 9 de julio, que ya empieza a generar ruido en la rama judicial del país: busca que las tutelas en su contra y frente a su administración no sean revisadas exclusivamente por el Consejo de Estado, como ocurre hasta el momento.

Se trata del Decreto 799 de 2025 avalado por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, quien aparece firmando el documento oficial.

En él se decreta que “las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden nacional, así como las actuaciones del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, incluyendo las relacionadas con seguridad nacional y las actuaciones administrativas, políticas, programas y/o estrategias del Gobierno nacional relacionadas con la erradicación de cultivos ilícitos, serán repartidas, para su conocimiento, en primera instancia, a los jueces del circuito con igual categoría”.

Esta medida, según sustentó el ministro Eduardo Montealegre, “busca fortalecer la imparcialidad del sistema judicial porque evita que una misma corporación deba conocer previamente de un asunto en sede de tutela y, posteriormente, como juez natural del control objetivo de legalidad de los actos administrativos con el presidente de la República”.

Y agregó que se considera oportuno introducir una nueva regla de reparto que “refuerce” el principio de desconcentración funcional “y se fundamente en la aplicación uniforme de la regla prevista en el numeral 2 del mismo artículo del Decreto 1069 de 2015, según la cual las acciones de tutela que se interpongan contra las autoridades nacionales, deben ser conocidas por los jueces del circuito o de igual categoría”.

Según el decreto, “la regla de reparto que se propone no excluye ni limita el control constitucional de la Corte Constitucional ni restringe el acceso a la Justicia, dado que la acción de tutela continúa siendo ejercible en todo momento y lugar y su reparto se mantiene dentro del marco de los jueces ya competentes conforme a los factores territoriales y subjetivos reconocidos por el ordenamiento jurídico”.

Lo establecido en este decreto no es un asunto menor, porque resolver las tutelas contra el presidente es una de las competencias que tiene el Consejo de Estado, la máxima jurisdicción de lo contencioso administrativo en Colombia. De momento, se desconoce si reclamarán su jurisdicción.

La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, fue la primera en denunciar que demandará el nuevo ‘decretazo’ de Gustavo Petro.

“Demandaré en las próximas horas el decreto 0799, de julio de 2025 con el que Petro y su ministro de Justicia violan la Constitución y la Ley. Esto que pretenden es una amenaza directa al Estado de derecho. Con este decreto, el gobierno habilita que las tutelas contra el presidente, incluidas aquellas relacionadas con seguridad nacional, erradicación de cultivos ilícitos y decisiones de alto impacto ya no sean conocidas por el Consejo de Estado como instancia especializada, sino por jueces de circuito ordinarios”, dijo.

Esto —según ella— no es una simple medida administrativa. Es un golpe silencioso a la justicia. Es ilegal, inconstitucional y peligrosamente funcional al poder. Quiero aclarar que el presidente no tiene competencia para modificar la estructura judicial mediante decreto".

A su juicio," Petro busca controlar todos los frentes: la Corte Constitucional cuestionada, la Fiscalía tomada, y ahora, el Consejo de Estado desplazado en el control de tutelas. El régimen no quiere contrapesos. Quiere impunidad, silencio y obediencia".