Paloma Valencia le envió carta a Marco Rubio pidiendo que no se renueve el mandato de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia

La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, le envió una carta formal al secretario de Estado, Marco Rubio, en la que les pide dar su concepto negativo para la próxima sesión de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia que se realizará en agosto.

“Esta oposición se justifica por una razón simple, pero contundente: los objetivos fundamentales de la Misión no se han cumplido, y su alcance actual ya no justifica su renovación sin una evaluación exhaustiva de su desempeño“, solicitó la senadora en un documento conocido por SEMANA.

La congresista pidió cuatro solicitudes puntuales. Que Estados Unidos presente ante el Consejo de Seguridad de la ONU la oposición a la renovación de la Misión de Verificación, que el secretario general de la ONU presente un informe público y verificable de los resultados de esa misión y el reparo a las víctimas, que se revise el apoyo de EE. UU. de acuerdo a lo dicho por Trump y que la futura cooperación se reoriente al fortalecimiento de la seguridad de los colombianos.

Según argumentó, tras siete años y medio de haberse creado la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), y tras haber recibido importantes recursos de cooperación internacional durante ese tiempo para su funcionamiento, considera que no se han logrado los objetivos por los que se estableció este organismo, ya que no se han dictado condenas en contra de los excombatientes de las Farc y las víctimas siguen sin ser reparadas.

“Estas personas, que ahora ocupan escaños en el Congreso colombiano, permanecen en total impunidad, sin sanciones penales ni medidas restaurativas significativas”, reclamó Valencia.

Según dijo la congresista, una de esas cuantiosas contribuciones ha sido por parte del Instituto Estadounidense para la Paz (USIP).

Valencia reseñó una investigación de SEMANA en la que se denuncian los viajes que han hecho los magistrados en el exterior bajo el nombre de “comisiones técnicas”, que han sido financiadas con cooperación internacional.

“Según documentos internos obtenidos por la prensa, estos viajes forman parte de un patrón recurrente de viajes no esenciales y gastos discrecionales incompatibles con la urgencia de los mandatos judiciales y las expectativas de las víctimas”, reclamó la senadora.

Mencionó que los 25 magistrados han realizado viajes internacionales a países como el Reino Unido, Suiza y Estados Unidos, con el permiso del presidente del tribunal especial, el magistrado Alejandro Ramelli.

“Este episodio, lejos de ser un incidente aislado, refleja una preocupante cultura de abuso, opacidad y engaño institucional. Resulta particularmente alarmante que dichos viajes se produjeran mientras decisiones judiciales clave seguían pendientes y las víctimas seguían esperando justicia”, reclamó Valencia.

La senadora puso de precedente que, según ella, no se habría respetado en su momento que en el plebiscito de 2016 ganara el no. Dijo que desde entonces la justicia transicional ha operado “sin legitimidad democrática, sin resultados judiciales verificables y sin un respeto efectivo a los derechos de las víctimas”.

“Casi una década después del acuerdo de La Habana, los resultados son profundamente preocupantes: más hectáreas de cultivos de coca, el fortalecimiento territorial del crimen organizado, un aumento de la violencia contra líderes sociales, un grave deterioro de la seguridad y la influencia de las dictaduras cubana y venezolana en Colombia”, dijo.

Asimismo, reclamó porque los excomandantes de las Farc fueron beneficiados con escaños en el Congreso sin haber tenido sanciones por sus crímenes.

La misiva fue enviada con copia a la representante María Elvira Salazar, presidenta del Subcomité del Hemisferio Occidental y miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de los EE. UU. y al senador Rick Scott.