Paro minero, a punto de estallar en Colombia: “Vamos a entrar en protestas indefinidas hasta que nos resuelvan la situación”

Líderes mineros de al menos tres departamentos están molestos porque el Gobierno no les ha cumplido los compromisos que el mismo presidente Gustavo Petro suscribió en abril de 2023 para levantar el paro minero que se tomó esas regiones del país durante 33 días. Las protestas, que incluyeron bloqueos en las carreteras, buscaban llamar la atención sobre la falta de condiciones para la regularización de esa actividad.

Entre los representantes de las asociaciones mineras ya se están realizando reuniones para definir la hora cero de las marchas, que sería en cuestión de dos semanas porque ya pasó un año y medio desde que la Presidencia les prometió apoyar la formalización para la pequeña y mediana minería, pero el 18 de septiembre la Agencia Nacional de Minería les dijo, en medio de una reunión en Caucasia, que no todos pueden ser formalizados.

Se trata de más de 20.000 mineros informales que se dedican a la extracción de oro de manera artesanal en Antioquia, utilizando maquinaria amarilla. Ellos estaban esperando ser formalizados porque ese era el primer paso para entrar en un proceso de legalización de su actividad, que se lleva a cabo a las orillas del río, muy cerca de donde están las grandes multinacionales. En el sur de Bolívar serían 5.000 los que salgan a paro, y en Córdoba unos 1.000 más, según las cuentas que entregaron los mismos voceros del gremio. Pero los números no son exactos ante la falta de un censo claro de quienes se dedican a ese oficio en el marco de la informalidad.

Los acuerdos de la discordia se suscribieron el 4 de abril de 2023, y esa regularización no se dio. “Vamos a entrar en un paro indefinido hasta que nos resuelvan la situación. El presidente estuvo en Caucasia y se comprometió con los mineros a formalizarlos y resulta que ahora nos está incumpliendo. El ultimátum es: o nos dejan trabajar y nos formalizan, o no trabaja nadie”, señaló el líder minero tradicional Argemiro Franco, desde Córdoba.

Sin embargo, la Agencia Nacional de Minería responde que los artífices de esos reclamos no cumplen con las condiciones necesarias para formalizarse bajo los programas que anunció el presidente y deben buscar otros caminos de regularización.

La molestia comenzó entre los trabajadores de Antioquia y fueron ellos los que convocaron al resto de regiones mineras. En ese departamento, la caracterización inicial dio cuenta de la existencia de unas 2.499 unidades productivas de maquinaria amarilla, es decir, aparatos que se utilizan para la extracción irregular de oro con los que trabajan decenas de jornaleros.

Esos vehículos son los que el presidente prometió formalizar, pero todo cambió en la reunión que tuvieron esos empleados informales con la Agencia Nacional de Minería, en la que les dijeron que quedaban por fuera del proceso porque este sería solo para los que utilizan motobombas.

“Después de habernos tenido un año y medio preguntándoles cómo era el debido proceso, diciéndoles que no se puede comparar un minero de maquinaria amarilla con una multinacional, nos dan esa respuesta. Estamos hablando de más de 300.000 personas que habitamos este territorio, y nos íbamos a beneficiar con ese proceso”, relató Liseth Osorio, desde el Bajo Cauca.

Esa conversación con SEMANA tuvo lugar en medio de una pausa de sus actividades de extracción de oro, actividad que es el sustento de esa subregión de Antioquia. La formalización implicaba a varios actores: el Ministerio de Transporte, para levantar el censo de los aparatos; la Agencia Nacional de Minería, para regularizar a los mineros, y el Ministerio de Defensa, para impartir políticas que se tradujeran en no perseguir más a los propietarios de esa maquinaria.

El revés en MinDefensa

El Gobierno terminó haciendo lo opuesto a lo que prometió y publicó una normativa que ahora permite la destrucción de la maquinaria pesada que sea detectada en el uso de minas informales. Se trata del Decreto 1035 del Ministerio de Defensa, que le dio a la Fuerza Pública la posibilidad de acabar con los aparatos utilizados en los proyectos que no cuenten con título minero ni licencia ambiental. Así, por una decisión de la misma Casa de Nariño, los extractores de oro quedaron sin formalización y con el riesgo de perder sus equipos, a pesar de que la promesa del presidente Petro era otra.

En el gremio se sienten traicionados. “El presidente fue el que hizo el compromiso con nosotros de formalizar la pequeña y mediana minería, entonces, queremos que nos dé una respuesta. Creemos que a él no le están diciendo la verdad sobre la falta de avances que ha tenido esto”, aseveró Osorio.

Desde el Sur de Bolívar, los mineros advierten que no ha habido claridad sobre cuál es el debido proceso que deben seguir para aplicar a un título minero. Alejandro Lobo, representante de la Asominacol, una asociación que se creó con los acuerdos de 2023 para la formalización minera, es claro y señala que “se viene un paro inminente porque es la única manera de que el Gobierno nos escuche. Hay un inconformismo en toda la comunidad porque los pueblos son dependientes de la minería, hemos querido acercarnos al Gobierno y no hemos tenido respuesta”.

Los mineros presentaron un derecho de petición al presidente Petro pidiéndole respuestas sobre las promesas incumplidas. Junto a esa solicitud adjuntaron una carta con cuarenta puntos de la cronología de compromisos incumplidos al sector en la que advirtieron que ya no creen en la entidad. Por ejemplo, el presidente les prometió subsidios y títulos mineros que no existen después de año y medio de su visita.

“Pierde hoy la credibilidad el Gobierno nacional, en el desacierto de excluir la maquinaria amarilla de un proceso, por falta de claridad de los funcionarios, que no supieron o no quisieron explicarles a los mineros cuál era el debido proceso para que se hubiesen podido formalizar de acuerdo con la normativa vigente. No es responsabilidad de nosotros los mineros, porque siempre hemos tenido la voluntad para ello, sino de aquellos que hoy, desde sus cargos, nos manosearon y nos irrespetaron”, escribieron en el pliego de quejas.

Los jornaleros están convocando a líderes del Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca para que se sumen al paro minero bajo el argumento de que los procesos de formalización deben darse al pie de la letra, tal y como les prometió el jefe de Estado, y no solo sobre los barequeros.

El presidente de la Agencia Nacional de Minería, Álvaro Pardo, apuntó en conversación con SEMANA que “el programa de formalización es para pequeños mineros, y encontramos pequeñas unidades de producción que se pueden formalizar. La norma es clara: se trata de formalizar mineros cuya maquinaria es de baja capacidad porque, si tienen maquinaria amarilla, tienen otras vías de legalización y no a través de nuestros programas. Además, entre estos mineros hay personas que no han entendido que están en sitios donde no pueden hacer minería por determinantes ambientales. No podemos ignorar la ley”.

La cuestión de la minería informal atañe un largo debate porque las minas a pequeña y mediana escala han sido señaladas como responsables de parte de la contaminación ambiental que genera esa actividad. Los informales aseguran que sus prácticas mejorarían con el proceso de regularización que les prometió Gustavo Petro y que ahora se quedó en el limbo.