Petro agudiza su postura: insiste en expedir su presupuesto por decreto y advierte que si el Congreso lo rechaza, recortará gasto público

El presidente de la República, Gustavo Petro, ha venido lanzando varias pullas en contra del Congreso, en momentos clave sobre la discusión del presupuesto que radicó su Gobierno en el Legislativo para 2025.

En esta ocasión, por medio de su tribuna favorita, su cuenta personal de X, antes Twitter, el mandatario colombiano agudizó su postura e insistió en que si el Congreso rechaza el presupuesto, no solamente lo expedirá por decreto, sino que también dijo que recortará el gasto público.

“Si el Congreso no aprueba el presupuesto, la Constitución dice que el Gobierno lo decreta”, posteó Petro.

Y avanzó en el mensaje que publicó en redes sociales: “Como está desfinanciado se entrega al Congreso la Ley de financiamiento, cuyo principal artículo es reducir el impuesto de renta a todas las empresas de Colombia y más a la pequeña y mediana empresa, y financiamos el desbalance con la sobretasa al petróleo y el carbón, la tasa al carbón, con el IVA a los juegos de suerte y azar, por internet y la reducción de exenciones”.

“Si el Congreso la rechaza, entonces recortamos el gasto público sin tocar a los pobres y el gasto social”, detalló Petro.

La postura de Petro se dio en respuesta a un mensaje del senador Humberto de la Calle: “A ver si entiendo: si el presidente dicta el presupuesto desfinanciado por decreto, que puede hacerlo, y no hay Ley de financiamiento, que es competencia exclusiva del Congreso, pues el Gobierno queda en el limbo. Lo lógico es reducir gastos”.

Sumado a ello, el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla radicó este martes 10 de septiembre, ante la Secretaría de la Cámara de Representantes, la segunda reforma tributaria del Gobierno Petro, esta vez con el fin de ajustar las cuentas para poder financiar el presupuesto del año entrante, estipulado inicialmente en 523 billones de pesos.

La iniciativa, que en este caso se conoce como Ley de financiamiento, propone, entre otras cosas, reducir el impuesto de renta para las empresas, diferenciado por el tamaño de estas. Así, la tarifa general bajaría gradualmente de 35 a 30 %, y hasta 27 % para las micro, pequeñas y medianas firmas.

En ese escenario, Bonilla explicó que esa reducción aplicará para todos los sectores económicos, menos petróleo y carbón, que además ya tienen una sobretasa. A eso se le adicionará una ampliación del impuesto al carbón que pagarán los distintos sectores que utilizan ese combustible.

Entre tanto, trascendió que además se ajustaría la tarifa del IVA para productos o servicios que hoy no lo pagan, como las apuestas deportivas en línea o los servicios de hospedaje en casas particulares, tipo Airbnb, o productos que tienen una tarifa inferior a la general, como los carros híbridos que pagan 5 % y se subiría al 19 %. Con la primera medida esperan recaudar unos 2 billones de pesos y con los vehículos híbridos, otros 3 billones.

Finalmente, Bonilla detalló que el proyecto incluye también beneficios tributarios para algunos sectores como las energías renovables y para el desarrollo del turismo en municipios de menos de 200.000 habitantes, que van acompañados de estímulos que ya existen, como la exención del IVA de los tiquetes aéreos en aeropuertos donde no haya acceso terrestre.

“Esto va acompañado de la tarifa del 15 % en renta en aquellos casos en los cuales estén haciendo ampliaciones de instalaciones y tras el reciente acuerdo camionero, se extiende por cinco años la exención del IVA para el proceso de reposición del parque automotor. Pero incluye ascenso tecnológico, no es simplemente sustituir diésel por más diésel, es ir sustituyendo diésel para llegar a un parque automotor eléctrico”, precisó el alto funcionario tras radicar la reforma.