Petro convoca consulta popular para que los colombianos definan futuro de las reformas laboral y de salud

Ante el inminente hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado, tras la radicación de una ponencia de archivo con el respaldo de ocho congresistas, el presidente Gustavo Petro hizo una declaración desde la Casa de Nariño para fijar su postura.

El mandatario de los colombianos lanzó duras críticas contra esos ocho legisladores y dijo que ellos les mintieron a los colombianos y que son los responsables de que los trabajadores del país no cuenten con verdaderas garantías laborales.

Petro dijo que desde el Congreso de la República se orquestó un “bloqueo institucional contra el voto popular” y que eso es grave, ya que a él lo eligieron para hacer los cambios que prometió durante la campaña presidencial.

En medio de su discurso, el presidente Petro resolvió todas las dudas que había sobre si se retirarían o no las reformas del Congreso, y dejó claro que hará uso de uno de los mecanismos establecidos por la Constitución Política para que los colombianos tomen una decisión.

“Hay que hacer una convocatoria al pueblo para movilizarse y a decidir directamente. Eso se llama consulta popular y eso haremos para decidir sobre la reforma laboral y la reforma a la salud. Que sea el pueblo el que decida”, dijo.

Según Petro, en el país hay antecedentes de estallidos sociales y lo que está pasando podría llevar a otro porque no se les está cumpliendo a los ciudadanos. Así mismo, reconoció que el acuerdo nacional que se convocó tuvo un fracaso rotundo.

“Es al pueblo al que le toca decidir. El acuerdo nacional fracasó porque pensaron que era que nos arrodilláramos y eso no es así. El bloqueo institucional es una dictadura contra el voto popular, pero al bloqueo se le responde con democracia real”, insistió Petro.

Durante la declaración, el mandatario defendió la reforma laboral y la reforma a la salud, iniciativas que calificó como primordiales para poder garantizar los derechos fundamentales de los colombianos.

En su argumentación señaló que no entiende las razones por las cuales el Congreso se está oponiendo a dichas iniciativas y que por eso debe acudir a la ciudadanía. Aunque no hizo referencia sobre el futuro de las iniciativas en el Legislativo, se da por descontado que el trámite se frenará ante la convocatoria a la consulta popular.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, será el encargado de anunciar en las próximas horas qué pasará con esas iniciativas que están para estudio en la Comisión Séptima del Senado.

¿Qué es una consulta popular?

Es uno de los siete mecanismos de participación que contempla la Constitución Política de Colombia de 1991 para garantizar el ejercicio del poder político por parte de los ciudadanos. A diferencia del plebiscito, que es para votar sobre una iniciativa presidencial, y del referendo, que es para aprobar o derogar leyes, la consulta popular busca que la gente decida sobre asuntos de interés nacional, departamental o municipal. En otras palabras, que defina el destino del territorio que habita.

La Ley 134 de 1994 establece que una consulta popular es una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local. Es sometida a consideración del pueblo por el presidente de la República, el gobernador o el alcalde, según el caso, para que este se pronuncie formalmente al respecto.

La pregunta formulada para la consulta también es sometida a un examen de constitucionalidad por parte de las autoridades judiciales. Para que sea válido el resultado de las votaciones debe participar al menos la tercera parte del censo electoral y la opción ganadora será aquella que obtenga la mitad más uno de los sufragios.

Para la realización de una consulta popular de carácter nacional, el texto que se someterá a la decisión del pueblo debe ir acompañado de la justificación de la consulta y de un informe sobre la fecha de su realización enviado por el presidente de la República al Senado para su aprobación. En ese caso, la votación debe llevarse a cabo en los cuatro meses siguientes.