La decisión del presidente Gustavo Petro de expedir el decreto de emergencia económica, con el que pretende recaudar 16,3 billones de pesos en plena vacancia judicial y del Congreso, tiene con los pelos de punta a varios sectores en Colombia.
Los nueve magistrados de la Corte Constitucional interrumpieron durante unas horas sus vacaciones y se reúnen virtualmente desde las 10:00 a. m. de este martes, 23 de diciembre, para examinar qué camino tomar: si esperan hasta su regreso de la vacancia judicial para examinar el alcance de la decisión de Petro o si lo hacen de inmediato.
Por su parte, en el Congreso crecen las voces que piden que se convoque con “urgencia” al Senado y la Cámara para estudiar, de fondo, el alcance del decreto que le entregó facultades al presidente Petro para adoptar la implementación de nuevos impuestos a los colombianos.
El senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, le envió una carta al presidente del Senado, Lidio García, donde le pidió que se suspendieran las vacaciones de los congresistas y estudiaran exclusivamente este decreto.
“En mi calidad de congresista me dirijo a usted con el fin de solicitar formalmente la citación del Senado con el objetivo de realizar control político sobre el estado de emergencia económica declarado por el presidente Gustavo Petro en el Decreto 1390 de diciembre de 2025″, se lee en la misiva.
“Lo anterior, en virtud de los artículos 135 y 138 de la Constitución, que establecen que la función de control político se podrá ejercer todo el tiempo. En ese sentido y aun cuando el Congreso se encuentre en receso legislativo, resulta imperativo que el Senado sea citado para analizar la conveniencia y pertinencia de la declaratoria del estado de emergencia económica”, añadió Motoa.
Dijo que es necesario que los colombianos conozcan las motivaciones detrás de esta inédita medida “que no solo pondrá en riesgo la estabilidad económica del país, sino que no resolverá los problemas de caja de una nación necesitada de un paquete de recortes (especialmente en materia de gastos de funcionamiento), no de nuevas subidas de impuestos, ampliación de base gravable ni recaudo”.
SEMANA conoció que el presidente del Senado, Lidio García, examina si suspende o no las vacaciones del Congreso.
Aunque García no se ha referido al tema este martes, la semana pasada había fijado su postura contra la emergencia económica.
“Como presidente del Congreso, rechazo cualquier intento del Gobierno de declarar emergencia económica solo porque este Congreso, en uso de su autonomía, no aprueba nuevos impuestos para cubrir déficits presupuestales. El artículo 215 de la Constitución es claro: solo procede ante hechos extraordinarios que perturben grave e inminentemente el orden económico y social, o grave calamidad pública. Nuestra decisión soberana no es un hecho extraordinario; es legítimo control político”, anticipó.
Quien fijó una postura en favor del polémico decreto fue el presidente de la Cámara, Julián López, cercano al Gobierno Petro.
“Su propósito es proteger a la población más vulnerable cuando están en riesgo servicios esenciales que el Estado no puede interrumpir. El decreto advierte tensiones graves en el sistema de salud, especialmente en la UPC, que ponen en riesgo la continuidad de la atención. En salud no hay margen de espera; cuando falla la financiación, los primeros afectados son los pacientes y los territorios más frágiles”, argumentó.
Agregó: “También reconoce necesidades urgentes en seguridad y orden público. Sin recursos suficientes, el Estado pierde capacidad para proteger la vida y la convivencia, impactando primero a las comunidades más vulnerables. La emergencia no es un cheque en blanco. El Congreso ejercerá un control político riguroso y la Corte Constitucional realizará el control automático. Pero negar herramientas excepcionales ante riesgos sociales reales no protege a la gente: la deja sola”.
