Política
Polémica por orden de la JEP: el controversial párrafo que se incluirá en placa sobre la toma del Palacio de Justicia
La Jurisdicción Especial para la Paz le ordenó a la Alcaldía de Bogotá reemplazar una placa sobre el Palacio de Justicia. Uno de los párrafos causa revuelo.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó incluir un polémico párrafo en una placa sobre la toma del Palacio de Justicia. La decisión levanta ampollas y genera malestar en varios sectores de la opinión pública.
La historia se remonta al 16 de noviembre de 2023 cuando el tribunal le pidió a la Alcaldía de Bogotá remover una lámina instalada en el Palacio Liévano sobre estos hechos violentos, con el objetivo de permitir “duelos necesarios y los procesos restaurativos que contribuyan a reparar o restaurar el daño causado”.
En esa plancha se escribió en la época: “Durante los días 6 y 7 de noviembre la ciudad es conmovida con el suceso más audaz que recuerde nuestra historia: el sacrificio trágico por fuerzas de la subversión de un grupo de magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, maestros del derecho, defensores de la ley. El Palacio es consumido por las llamas, así como los expedientes, cuya destrucción buscaron los asaltantes”.
Para el 13 de diciembre de ese mismo año, la JEP le solicitó al Distrito concertar una reunión con las víctimas a efectos de llegar a un acuerdo respecto al contenido de la nueva placa que se instará en el mismo lugar. El 16 de noviembre de 2024 se comunicaron los acuerdos.
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En el primer párrafo se estableció incluir lo siguiente: “El 6 y 7 de noviembre de 1985 Colombia vivió una brutal ruptura del orden constitucional. La guerrilla del M-19 asaltó el Palacio de Justicia, sede principal del poder judicial, manteniendo como rehenes a magistrados, servidores, trabajadores de la rama y visitantes”.
En el segundo se pactó redactar: “La retoma por parte de las Fuerzas Militares se realizó con exceso de fuerza y violencia, causando la destrucción del Palacio de Justicia y dejando como resultado casi una centena de muertos y más de una decena de personas desaparecidas forzosamente”.
El tercer fragmento es el que generó controversia. En un principio, se proyectó de esta forma: “Como resultado de la persistencia de los familiares, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó en el 2014 al Estado colombiano y determinó su responsabilidad en las desapariciones forzadas, ejecución extrajudicial y torturas, ejecutadas por la fuerza pública”.
En un informe de la Alcaldía de Bogotá, se documentó que “un grupo de familiares manifestó que incluir esta mención es primordial y necesario como parte del proceso de reparación. Por otro lado, otro grupo de familiares argumentó que no era necesario destacar lo hecho por los familiares y que el enfoque debía estar en lo sucedido a las víctimas, y daba un énfasis innecesario en el grupo de víctimas de personas desaparecidas reconocidas en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo frente al tercer párrafo, se le asignó la tarea a la JEP, siempre y cuando tuviera en cuenta los argumentos de las víctimas. El 17 de febrero de 2025, el tribunal desenredó la confrontación y estableció el siguiente texto: “Como resultado de la persistencia de los familiares, el Estado colombiano ha sido condenado nacional e internacionalmente y se ha establecido su responsabilidad en las desapariciones forzadas, ejecución extrajudicial y torturas, ejecutadas por el Ejército Nacional”.
Aunque la placa se piensa instalar a finales de mayo, hay fuertes críticas hacia el párrafo que sumó la JEP. Personas conocedoras del caso comentaron a SEMANA que el tribunal se estaría alejando de las responsabilidades del M-19 y profundizando en la de las Fuerzas Militares.
Una de las voces que ha tomado protagonismo es la del exministro de Justicia, Yesid Reyes, hijo del expresidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes, asesinado en estos acontecimientos: “A diferencia de las dos secciones que se refieren de manera objetiva a la censurable participación del M-19 y de las fuerzas armadas en esos luctuosos acontecimientos, la que recomienda la JEP termina favoreciendo la posición de uno de esos actores, al hacer énfasis en que solo la actuación del Estado en esos lamentables sucesos ha conducido a la emisión de sentencias condenatorias, tanto a nivel nacional como internacional”, manifestó en una columna de opinión publicada por El Espectador.
