El Gobierno Petro publicó un decreto que crea un comité de expertos para el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el marco de las protestas sociales entre los años 2019 y 2021.
Ya se anticipó una demanda para que el Consejo de Estado tumbe esta medida por las aparentes ilegalidades que la rodearían, pues se trataría de una “nueva JEP”, según indican quienes anuncian la acción.
La norma tiene las firmas de los ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, quienes establecieron que se tratará de un mecanismo transitorio, extrajudicial, independiente, integrado por tres personas y que funcionará hasta el 31 de julio de 2026, todo con tres objetivos.
El primero pretende “documentar y analizar antecedentes, hechos y patrones de comportamiento que puedan constituir violaciones a los derechos humanos ocurridas en el período comprendido entre los años 2019 – 2021, así como hechos o acciones posteriores relacionados con contextos de protesta social”.
El segundo va encaminado a “identificar las acciones y omisiones de los agentes del Estado y particulares que, presuntamente, hayan actuado con su omisión, aquiescencia, tolerancia, apoyo o coordinación en la vulneración de derechos humanos en contextos de protesta social”.
El tercer objetivo estableció “formular recomendaciones a las instituciones del Estado para el respeto, protección, prevención y garantía de los derechos humanos de quienes participan en acciones de movilización y protesta social, entre ellas, la no estigmatización y no criminalización, el acceso a la administración de justicia, el derecho a la verdad y garantías de no repetición”.
En todo caso, se aclaró que este comité de expertos no tendrá las facultades para la determinación de responsabilidades penales, civiles, administrativas o disciplinarias.
La controversia por el decreto
Uniformados, reservistas, estudiantes universitarios y el exministro de Defensa Diego Molano expresaron que esta norma constituiría un abuso de poder y una violación directa a la Constitución.
Ellos advierten que el Ejecutivo estaría intentando recrear “una JEP” con aparentes facultades inconstitucionales e ilegales para “investigar” a los soldados y policías que actuaron en el estallido social.
“No podemos permitir que, bajo el pretexto de ‘esclarecer’ los hechos, se intente, sin competencia legal alguna, fabricar responsabilidades políticas o jurídicas a quienes, con valentía y determinación, protegieron la democracia y garantizaron la supremacía de la Constitución durante los disturbios de 2019 y 2021”, afirman los demandantes.
Ellos presentarán cuatro argumentos ante el Consejo de Estado para que se reconsidere esta norma, pues insisten en que sería ilegal:
- Habría presunta usurpación del poder Judicial.
- Habría un aparente ataque a la privacidad y al debido proceso.
- Habría un posible desconocimiento de la presunción de inocencia.
- Habría supuesto daño al honor de la fuerza pública.
Entre otras cosas, se dijo: “El Ejecutivo no tiene autoridad para investigar. Las funciones de perseguir delitos y sancionar faltas son exclusivas de la Fiscalía, la Procuraduría y los jueces. Al crear un comité con estas atribuciones, el Gobierno rompe la separación de poderes y desconoce el diseño constitucional del Estado”.
También causa ruido a los demandantes la idea del Gobierno Petro de que las entidades de su administración, sin excepción, deberán colaborar con la entrega de información necesaria para el cumplimiento del mandato que se le encomendó al comité.
En la queja se interpretó esta decisión como “un ataque directo al debido proceso, la intimidad y el habeas data. La norma expone datos personales de ciudadanos y de la fuerza pública, sin garantizar su derecho a la defensa”.
Otra de las preocupaciones es que el comité evaluará hechos y sacará conclusiones “sin ofrecer el mecanismo básico de defensa o contradicción a las personas señaladas. Esto transgrede de manera flagrante la presunción de inocencia”, explicaron los demandantes.
El exministro Diego Molano indicó que esta decisión del Gobierno Petro también pretendería incidir en las contiendas electorales: “Este decreto vulnera derechos fundamentales, usurpa funciones del Congreso y de la rama judicial, no garantiza el debido proceso, pero, especialmente, va a ser utilizado durante la campaña del 2026 para buscar influir en las elecciones y deslegitimar a la fuerza pública”.
Detalles del comité
El comité estará integrado por tres personas “de las más altas calidades éticas y profesionales, con experiencia, formación y conocimiento en derechos humanos. Estas personas deberán ser postuladas por organizaciones sociales de la sociedad civil con trayectoria en la defensa y protección de víctimas de violaciones a los derechos humanos”, entre otros.
Serán contratados a través del Ministerio del Interior y contarán con un equipo técnico investigativo, integrado por nueve personas, con plata que también saldrá del Ministerio del Interior y de Justicia.
Una vez esté listo el informe, se estableció que será el presidente el encargado de exponerlo públicamente a través de los medios de comunicación, las redes sociales institucionales y otros espacios públicos de difusión.
Mientras el Gobierno Petro avanza en la socialización de este decreto e invita a la postulación, ya se radicó la demanda ante el Consejo de Estado.
