Por orden de la Comisión de Acusaciones, este miércoles allanarán las oficinas del Consejo de Estado; estos son los detalles

Un nuevo allanamiento se dará este miércoles, 12 de noviembre. SEMANA conoció en exclusiva una decisión de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes en contra del Consejo de Estado en la que decreta la realización de una diligencia de inspección judicial en las instalaciones del Consejo de Estado a las 4:00 p. m.

Las razones de fondo tienen que ver con la nulidad electoral del gobernador de San Andrés, Nicolás Iván Gallardo, quien fue suspendido por el alto tribunal por supuesta doble militancia.

SEMANA conoció que los hechos que se investigan de fondo podrían estar relacionados a casos de supuesta corrupción dentro del Consejo de Estado.

La Comisión de Acusaciones de la Cámara solicitó para este proceso que haya acompañamiento en la diligencia de la Policía, la Dijín y el Cuerpo Técnico de Investigación adscrito a esa comisión.

Además del caso del gobernador de San Andrés, a la Comisión de Acusaciones habrían llegado otros recursos de mandatarios locales y regionales que han presentado demandas porque también han sido inhabilitados por hechos similares, por lo que piden que se investiguen las actuaciones de los magistrados del Consejo de Estado.

Cabe recordar que, en el caso de Gallardo, el alto tribunal decidió suspender su elección porque había sido avalado por el Partido Liberal, porque supuestamente habría respaldado a candidatos de otro partido para la asamblea departamental.

En entrevista con SEMANA, el gobernador de San Andrés aseguró: “Nosotros notamos desde la misma fijación del litigio unas inconsistencias, como también otras partes de reforma de la demanda, una doble reforma, la cual no debió tener lugar. La demanda solo se podía reformar una única vez y, además, las supuestas pruebas con las que a nosotros nos hacen el juicio o la valoración no contaban con la cadena de custodia y había alteraciones y manipulaciones de estas”.

En ese momento, Gallardo informó que le dejaría esas inconsistencias a su equipo jurídico.

“Vamos a estar tomando todas las medidas que tengan del caso y, desde la aclaración, hacer caer en cuenta de una serie de situaciones. Vamos a seguir con todos los mecanismos posibles, vamos acudir a la tutela y, por esta connotación particular de nuestro departamento, de nuestra etnia y de lo que representamos, vamos a pedir unas medidas cautelares ante la CIDH, ya que se están vulnerando todos los derechos políticos de una comunidad que eligió de forma contundente, un territorio étnico que socialmente debe tener una diferenciación especial”, afirmó.