Preocupación por ley que sancionará Gustavo Petro que restringe las encuestas políticas y le da más poder al Consejo Nacional Electoral

El presidente Gustavo Petro tiene sobre su escritorio una ley aprobada por la Cámara y el Senado que mete en cintura a las firmas encuestadoras en el país porque las restringe, les cambia la regla de juego, les hace más exigencias y las limita a la hora de publicar algunos de sus resultados.

Esta ley, que fue radicada en octubre de 2024, fue aprobada por el Senado y la Cámara, y las firmas encuestadoras coinciden en que no fueron consultadas y hay conceptos gaseosos, se incurre en ambigüedades y hasta desconocimiento del tema. La iniciativa la lideraron senadoras de todas las vertientes políticas, entre ellas, Angélica Lozano, de la Alianza Verde; Paloma Valencia, del Centro Democrático, y Clara López, del Pacto Histórico.

Uno de los temas más polémicos es que las empresas encuestadoras podrán medir el termómetro político solo hasta tres meses antes de la inscripción de sus candidatos presidenciales. Es decir, si el presidente Gustavo Petro sanciona la ley la semana entrante, las encuestas en que se pregunte por quién quiere votar a la Presidencia quedarán prohibidas hasta la última semana de octubre porque la inscripción empieza el 31 de diciembre de 2026.

Esta decisión —a juicio de las firmas que miden el pulso político— es perjudicial para los colombianos porque les restringirán la información y en este caso la campaña presidencial se adelantará casi a ciegas. Lo preocupante es que hay partidos políticos que están midiendo cada mes a sus candidatos para determinar su comportamiento frente al electorado.

La nueva ley busca más transparencia en la publicación de encuestas y pretende que cada vez que se publiquen los resultados de una medición, la firma le entregue al Consejo Nacional Electoral todos los soportes, estadísticas, análisis, números marcados, grabaciones telefónicas y formulaciones con preguntas y respuestas. Cada empresa tendrá que adoptar sistemas de ciberseguridad avanzados.

Y algo más: impone requisitos sobre el tamaño de ciudad de origen de las personas que participan en las encuestas. En adelante, de forma obligatoria, se tendrán que encuestar en todos los municipios de Colombia con más de 800.000 habitantes, según las estadísticas del Dane.

En otras palabras, se acabaron las focalizaciones por ciudades de interés de los candidatos.

Por su parte, el Consejo Nacional Electoral quedará con más poder porque en adelante será el encargado exclusivo de vigilar el comportamiento y la divulgación de encuestas de parte de estas firmas: regulará, auditará, sancionará y custodiará los datos de cada medición. Y no hay otras instancias para apelar su decisión.

“Esta ley es absolutamente negativa”, le dijo a SEMANA Andrés Perdomo, gerente de nuevos negocios del Centro Nacional de Consultoría.

“Hay una evidente contravención a principios básicos de intervención estatal indebida en sectores económicos, hay temas de la ley de tratamiento de datos que se vulneran, exige que las encuestadoras entreguen al CNE las bases de datos y números de teléfono en los casos de encuestas telefónicas. Les faltó poco para que pidieran los puntos GPS o ubicación de las viviendas cuando las mediciones se hacen cara a cara”, manifestó.

El presidente de la junta directiva del Centro Nacional de Consultoría, Carlos Lemonine, conversó en su momento con la senadora Clara López. “Ella le dijo que ese tema estaba embolatado, fue hace unos meses, pero no sabemos qué pudo suceder para que se articularan fuerzas políticas diversas para que se convierta en una ley de la República. Conciliada y todo”, añadió Perdomo.