Presidencia de Petro insistió que política de sustitución de cultivos ilícitos de Santos “abrió la puerta a formas de corrupción”

Por medio de una carta, Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, respondió a la orden que se había impartido al presidente de la República Gustavo Petro para entregar en 48 horas información, tras tildar como un “antro de corrupción”, la política de sustitución de cultivos ilícitos del gobierno del expresidente Juan Manuel Santos.

En la misiva, Sarabia envió la carta a Rafael Pardo, Eduardo Díaz, bajo referencia de la tutela que salió hace varios días, en la cual los exministros del gobierno Santos pedirán una retractación.

Laura Sarabia remitió un comunicado de prensa de la la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, allí se insistió que ese programa sí abrió la puerta a formas de corrupción.

“Claro que, si bien el PNIS no fue pensado para que fuese un “antro de corrupción”, lo real es que la manera en la que se estructuró y se diseñó, le abrió la puerta a ciertas formas de corrupción. El Gobierno del Presidente Gustavo Petro, a través de esta Dirección, ha tomado todas las medidas necesarias para atender la situación”, dice el documento compartido por Sarabia.

Y avanza: “Hemos recibido las quejas de los beneficiarios y las hemos remitido a los entes de control con el fin de investigar y determinar responsabilidades (ver línea de tiempo adjunta). Todo esto sin otorgar prórrogas ni extensiones de los contratos, ya que no se puede favorecer el incumplimiento”.

En otro de los apartes indicó: “Desde diciembre pasado, sobre la operación del PNIS, se han evidenciado irregularidades en la celebración y ejecución de los contratos, a través de múltiples quejas interpuestas por los beneficiarios, quienes denuncian elementos con valores por encima de su valor comercial, entregas de insumos en mal estado, ganado enfermo, maquinaria inservible, sin garantía de cambio y entregas parciales en efectivo simulando la recepción de insumos”.

“Este tipo de situaciones han generado en las comunidades una total desconfianza en el programa y las políticas de sustitución, y un descontento que se evidencia en los reclamos por el real cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado; razón por ello, esta Dirección ha venido implementando un seguimiento a los temas contractuales y ha fortalecido la vigilancia de los mismos”, insistió el Gobierno nacional.

También afirmó: “Ante este panorama, el principal objetivo de esta administración es el cumplimiento de los compromisos del PNIS. Para ello, se ha promovido, a partir de la Ley del Plan de Desarrollo “Colombia Potencia de la Vida”, la posibilidad de que los beneficiarios del Programa puedan renegociar la operación de los proyectos productivos de manera que se adecúe a sus nuevas condiciones sociales y económicas. El proyecto de inversión para asegurar los recursos necesarios para implementar la totalidad del programa, se fortaleció con la apropiación de la totalidad de los recursos el pasado mes de septiembre”.

Y expresó: “Sumado a esto, este gobierno recuperó un componente esencial para la sustitución de cultivos que el PNIS desconoció: la gradualidad, que es la necesidad de que los cultivadores tengan como soporte el cumplimiento previo de los compromisos del Estado, en lugar de obligar a las comunidades a abandonar su sustento y vivir en la incertidumbre”.

El pasado viernes, el Consejo de Estado le envió un oficio a la Presidencia de la República en la que le da 48 horas para que responda un derecho de petición que presentaron los exministros Rafael Pardo Rueda y Eduardo Díaz Uribe en el que piden, entre otros aspectos, una retractación pública por parte del jefe de Estado por haber calificado como un “antro de política de corrupción” la política de sustitución de cultivos ilícitos durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

En la acción judicial presentada se cita que en un evento público en octubre de 2023 en Tumaco, Nariño, así como en sus redes sociales, el presidente Petro hizo varios cuestionamientos a la política pública de sustitución que se hizo durante el Gobierno Santos (2010-2018) del cual tanto Rueda como Díaz hicieron parte activa en el mencionado programa, clave tras la firma del Acuerdo de Paz en el 2016.

El meollo del asunto se centra en la declaración del 10 de octubre de 2023 cuando el presidente Gustavo Petro dijo textualmente: “En el modelo de sustitución propuesto por Santos, la plata no llegó, las administraciones contrataron unos intermediarios que llaman operadores, metieron la plata en fiducias y los operadores se tumbaron la plata. ¿O no? Los operadores se tumbaron la plata de los campesinos, es decir, la política de sustitución de cultivos generada en el gobierno Santos es un acto de corrupción y hay que decirlo”.

Por considerar que las declaraciones afectan sus derechos fundamentales de la honra y el buen nombre, los dos exministros presentaron una tutela en la que reclaman que el jefe de Estado explique el fondo de estas afirmaciones o, de lo contrario, haga en el mismo espacio, una retractación pública.