Presidente Petro arremetió contra la Fiscalía: “17.000 procesos contra terceros por genocidios están durmiendo el sueño de los injustos”

El presidente de la República, Gustavo Petro, volvió a despacharse en contra de la Fiscalía General de la Nación, enfocando el nuevo sablazo a los procesos contra terceros civiles en el marco del conflicto armado.

En el discurso que dio en la posesión de Vladimir Fernández como nuevo magistrado de la Corte Constitucional y su exjefe jurídico de Casa de Nariño, el mandatario colombiano arremetió advirtiendo que los 17.000 procesos penales contra terceros, según él, quienes ordenaron “masacres” y “genocidios” duermen el sueño de los injustos.

De la misma manera, hizo referencia al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso y su testimonio en la JEP, afirmando que “le tienen miedo a la verdad”.

“Ese episodio lo acabamos de vivir con la confesión de Mancuso, que tuvieron que inventar el concepto de bisagra para poder lograr que Mancuso hablara en la JEP. ¿Cuánto miedo daba que Mancuso hablara en la JEP? ¿Miedo a quién? Al que teme la verdad. A los que temen la verdad”, sostuvo Petro.

También agregó en su intervención: “Han producido esta fragmentación con el mismo propósito, que al fragmentar el proceso judicial la verdad no aparezca ante la sociedad colombiana. Y si la verdad no aparece ante la sociedad colombiana, entonces la impunidad se vuelve reina. Y la reina impunidad genera la repetición, de nuevo la masacre, de nuevo la violencia”.

“17.000 procesos penales contra terceros, autores y ordenadores de la masacre y el genocidio de Colombia duermen el sueño de los justos, o de los injustos, más bien, en la Fiscalía General de la Nación. Y entonces, ¿dónde está la verdad? ¿Dónde está la transformación del territorio? ¿Dónde está la tierra?”, insistió el mandatario colombiano.

Salvatore Mancuso reclama inestabilidad jurídica y pide que todos sus procesos pasen a la JEP

Después del 17 de noviembre, el excomandante paramilitar, Salvatore Mancuso Gómez, quedó con un pie en Justicia y Paz y otro en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Debido a esta situación, reclamó este viernes una inestabilidad jurídica, por lo que pidió que todos sus procesos, que se cuentan por decenas, pasen a conocimiento al tribunal que se conformó después del Acuerdo de Paz firmado en el 2016.

En una extensa misiva, Mancuso Gómez anunció que apelará la decisión emitida por la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas con el fin que se ponga fin a esa inestabilidad jurídica que reclama. En cinco puntos, el excomandante de las AUC, que se encuentra en una cárcel de Georgia, en los Estados Unidos, manifiesta que su caso quedó en vilo.

“La inseguridad jurídica prevaleciente (...) la inviabilidad de separar o escindir mi rol de bisagra de mi función como comandante de las AUC, esto es, sin ser militar, como un sujeto material y funcionalmente incorporado a la fuerza pública por el diseño y ejecución continuas de operaciones militares conjuntas entre los grupos de autodefensa y la fuerza pública”, reseña la misiva.

En otro de los apartes, Mancuso responde a los señalamientos que ha recibido recientemente y las críticas a la decisión de la JEP de aceptar su sometimiento “en su calidad de sujeto funcional y materialmente incorporado a la fuerza pública, entre 1989 y 2004″.

“Las proclamas de inocencia y las acusaciones de calumnia que recibo de expresidentes y exfuncionarios solo subrayan su negación frente a una colaboración manifiesta con las AUC, tanto en lo operativo como en lo financiero y político. Durante años compartimos el poder político y militar, lo que los hace cómplices, ya sea por acción o por negligencia, de la expansión y el poder de las autodefensas en el país”, indica.

En su extensa determinación, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas concluyó que Salvatore Mancuso, quien comandó durante años los Bloques Norte y Montes de María de las AUC, que delinquían en el norte del país, actuó “como sujeto bisagra o punto de conexión, tuvo el poder para ‘mover los hilos’ de estructuras militares, empresariales, políticas, e incidir en agentes del Estado de alto rango”.

La aceptación extraordinaria hecha por la JEP tuvo en cuenta la información entregada durante varias sesiones públicas y reservadas por el exjefe paramilitar, así como documentos que sostienen la alianza entre las Fuerzas Militares y de Policía, entre ellos el extinto DAS, con las AUC en diferentes operativos en contra de la población civil a los que acusaban de tener nexos con la guerrilla.