Presidente Petro cuestionó llamado a juicio de la Procuraduría a Sergio Fajardo y lanzó pulla contra el Ministerio Público, ¿qué dijo?

El presidente de la República, Gustavo Petro, arremetió contra la decisión que adoptó la Procuraduría contra el exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, organismo que lo llamó a juicio disciplinario con una formulación de pliego de cargos.

El mandatario colombiano señaló a través de su cuenta de Twitter, que el Ministerio Público no puede quitarle derechos políticos a personas que hayan sido elegidas por voto popular, mencionando nuevamente la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tumbó su destitución cuando fue alcalde de Bogotá.

De la misma manera, el jefe de Estado indicó que defenderá a los funcionarios elegidos en las urnas, a pesar de que sean aliados a su Gobierno o no; Fajardo ha sido uno de los críticos de su administración.

“Todo esto solo tiene el fin de evadir lo que realmente esta sucediendo. A ningún funcionario elegido popularmente ni a ningún ciudadano o ciudadana la Procuraduria puede quitarle derechos políticos. Sean aliados míos o no. La norma es general y se debe a la sentencia CIDH de obligatorio cumplimiento”, trinó Petro.

La Procuraduría General formuló pliego de cargos contra el exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, por las presuntas irregularidades presentadas en el proceso de contratación del túnel del Toyo, ubicado a 70 kilómetros de Medellín, en jurisdicción del municipio de Giraldo.

Al parecer, el entonces gobernador habría suscrito de manera directa un convenio interadministrativo con el Instituto para el Desarrollo de Antioquia -Idea- para la administración y pagos de los recursos destinados al proyecto por la Gobernación y el municipio de Medellín, que ascendían a más de 1,3 billones de pesos, cuando lo pertinente era la contratación de una fiducia mediante la convocatoria de una licitación pública.

Para el Ministerio Público, Fajardo Valderrama no podía desconocer ni variar el contenido de las cláusulas establecidas para la administración de los recursos, donde se pactaron obligaciones mutuas para el éxito del proyecto. Además, el Idea no tenía la capacidad para asumir las obligaciones del contrato suscrito, pues no es una sociedad fiduciaria y por lo tanto no cumple sus roles ni sus funciones.

El órgano de control señaló que no era viable jurídicamente que el gobernador Fajardo suscribiera un convenio a través del cual se modificaba irregularmente el convenio interadministrativo de colaboración mencionado, “habilitando, contra la ley, la suscripción directa de un contrato interadministrativo con el Idea, es decir omitiendo la selección objetiva”.

Añadió que Fajardo Valderrama “al parecer fue irresponsable en el ejercicio de su función, ya que permitió, habilitó, dispuso la modificación ilegal del convenio interadministrativo no sólo sin contar con las entidades estatales que lo habían suscrito inicialmente, sino que también vulnerando los principios de transparencia y de responsabilidad de la contratación estatal, con el fin de entregar la administración y manejo de los recursos destinados para el Proyecto Túnel El Toyo al Idea”.

Por esos hechos, el Ministerio Público calificó la aparente conducta del exgobernador como una falta gravísima cometida a título de dolo.

En el mismo auto se archivó la investigación para Aníbal Gaviria Correa, en su calidad de alcalde de Medellín para la época de los hechos; la exdirectora administrativa de Antioquia, Paula Cristina Arboleda Jiménez; el exgerente de Proyectos Estratégicos del departamento, Juan Sebastián Camargo Tobón, y los exdirectores administrativos de la Secretaría de Infraestructura, Sandra Velásquez y Rodrigo Echeverry Ochoa.

Además se archivó para el subsecretario técnico de la Secretaría de Infraestructura Física de Medellín, Héctor Alonso Gómez Giraldo; el asesor de ese despacho, Juan Martín Salazar Vélez; la exdirectora financiera de Proyectos Financieros de Antioquia, Lina Marcela Moncada Hincapié; el exgerente de Proyectos de la Agencia Nacional de Infraestructura, Juan Carlos Rengifo Ramírez, y el representante del Instituto Nacional de Vías, Orlando Ortiz Gómez.

En enero de 2018 comenzó la construcción del Túnel del Toyo, una obra de 9,84 kilómetros: será el más largo de América Latina. Para realizarla se necesitan potentes máquinas, como retroexcavadoras, tractores y perforadoras Jumbo. Precisamente, la operación de estas últimas está a cargo de 200 profesionales: 198 hombres y dos mujeres.

Aparecen contundentes pruebas a favor de Sergio Fajardo y sus exfuncionarios en el caso del crédito en dólares, en la Gobernación de Antioquia; ¿habrá preclusión?

Era abril de 2021 y la campaña por la presidencia estaba al rojo vivo, en ese momento el candidato Sergio Fajardo recibió un golpe demoledor, el fiscal Francisco Barbosa anunció la imputación de cargos por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Su intención de ser presidente se veía golpeada y desde entonces, junto con María Eugenia Escobar, su secretaria de Hacienda, emprendieron una cruzada para demostrar su inocencia, tarea que empieza dar frutos: la Procuraduría archivó la investigación disciplinaria, pero el proceso penal sigue, aunque su defensa espera que también desaparezca ese fantasma.

En realidad, la bomba que les explotó en las manos a Fajardo y su equipo de la Secretaría de Hacienda hace dos años viene de mucho tiempo atrás, cuando era gobernador de Antioquia; en diciembre de 2013 decidieron firmar, con la asesoría de Findeter, un contrato de sustitución de deuda, que en la práctica significaba englobar lo que debía la Gobernación y pagarlo en un solo crédito con intereses muy bajos, un negocio muy favorable.

El ofrecimiento del crédito lo hizo la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) y al gobernador Fajardo y a su secretaria Escobar les sonó la idea. Finalmente, se tramitó por 77 millones de dólares con CorpBanca. Todo marchaba sobre ruedas y parecía un negocio redondo, pero lo que no se esperaba era el aumento de la deuda por cuenta de la subida del precio del dólar.

El pago se hacía en pesos, pero la deuda se adquirió en dólares, y aunque por esos años la moneda estaba estable, en 2015 se disparó y de los 1.850 pesos que costaba al momento del acuerdo, escaló a casi 2.500 pesos.

Por eso, para la Fiscalía, se podía probar que no hubo “un estudio sobre la necesidad de suscribir un contrato de empréstito en moneda extranjera, ni existió una proyección que advirtiera sobre la volatilidad del dólar, ni se blindó la contratación con un seguro de riesgo cambiario”.

De la misma manera, pruebas recientes y la decisión de la Procuraduría han determinado que, junto con Findeter, el departamento de Antioquia llevó un trámite contractual ajustado a la norma. Un proceso de hace varios años, que casualmente despertó cuando Fajardo era candidato a la presidencia, pero que ha dado muchas vueltas.

Fajardo cumplió su periodo como mandatario de Antioquia y lo sucedió Luis Pérez; fue su secretario de Hacienda, Adolfo León Palacios, quien basado en un informe de la Contraloría señaló a Fajardo como el gobernador que había endeudado al departamento por el crédito en dólares. El asunto parecía haber parado ahí pero llegó a la Fiscalía.

Lo tomó el nada célebre fiscal anticorrupción, Gustavo Moreno, uno de los articuladores del escándalo más grande que haya enfrentado la rama judicial conocido como el cartel de la toga, en medio del cual magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a cambio de fuertes sumas de dinero, torcieron los procesos contra altos funcionarios para que no terminaran condenados. Con Moreno no pasó nada, pero en 2021 el caso reventó.