Procuraduría y Fiscalía priorizan investigaciones contra el ministro de Minas, Edwin Palma

El pasado 21 de agosto SEMANA destapó un nuevo escándalo que salpicó al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, por su gestión al frente de la intervenida Air-e. Esta casa periodística obtuvo el documento que prueba que Hernán Alberto Silva, uno de los hombres de confianza de Edwin Palma y antiguo jefe de compras, envió un correo para que, un día después de ser constituida la empresa Macro Integral Soluciones S.A.S., se ganara un contrato al que ya Air-e le ha girado 14.000 millones de pesos.

Se trata de un contrato que fue suspendido por los cuestionamientos que generó, pero que se manejaba en voz baja. El asunto resulta complejo, pues el contrato está firmado de puño y letra del hoy ministro de Minas, quien sonó para llegar a la presidencia de Ecopetrol, pero que no cumplía los requisitos.

Por esa razón, se conoció que la Fiscalía y la Procuraduría están avanzando en las investigaciones contra el ministro Palma.

Por el lado del Ministerio Público se adelanta la práctica de pruebas y la indagación previa en el ámbito disciplinario para esclarecer las presuntas responsabilidades de Palma.

“Indagación previa contra Edwin Palma Egea en su calidad de interventor de Air-e S.A ESP por las presuntas irregularidades en la planeación, estructuración, celebración y ejecución del contrato celebrado con el consorcio Suministros Eléctricos de Colombia. Que, al parecer, se relaciona con el suministro de materiales para el desarrollo de la operación de la empresa”, dice la Procuraduría.

El expediente incluye la revisión de contratos con la empresa Suministros Eléctricos de Colombia, señalada de haber suministrado los materiales con precios superiores a los del mercado. Los investigadores buscan determinar en cuáles de los 560 artículos adquiridos se presentaron los presuntos sobrecostos.

En el caso de la Fiscalía se confirmó que la seccional de Barranquilla decidió priorizar la investigación ante la magnitud de los contratos y la gravedad de los hallazgos preliminares. El ente acusador centra sus indagaciones en un contrato firmado durante la gestión de Palma como interventor de Air-e.

El objetivo, según los investigadores, es establecer si existió una red de favorecimiento o sobrefacturación en la adquisición de materiales esenciales para la operación de la empresa, encargada de la distribución eléctrica en el Caribe colombiano.

Fuentes cercanas a la investigación aseguran que la Procuraduría avanza en la identificación de los funcionarios que habrían aprobado los pagos irregulares y que estarían relacionados con los procesos de contratación y suministro. Por su parte, la Fiscalía evalúa la trazabilidad de los fondos para determinar si hubo desviación de recursos públicos.

Las autoridades ya solicitaron informes detallados de las operaciones realizadas, cotizaciones, soportes contables y documentos de contratación. Estas pruebas permitirán comparar los valores facturados con los precios de mercado y establecer si hubo faltas disciplinarias o penales.