Profesores de la Universidad Nacional denuncian a la administración de Leopoldo Múnera ante Fiscalía y Procuraduría, ¿qué pasa?

Los profesores Diego Torres y Verónica Botero, miembros del Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Nacional, denunciaron ante Procuraduría y Fiscalía General de la Nación a la administración de Leopoldo Múnera por presunta falsedad ideológica en documento público.

Todo por una presunta omisión de la Secretaría General del CSU en la respuesta de la institución al Consejo de Estado por las demandas al nombramiento del rector Leopoldo Múnera.

A través de una carta, dirigida a María Fernanda Lara Díaz, profesora y secretaria general, explican que en la sesión del 30 de agosto se pronunciaron sobre las demandas contra la elección de Múnera.

“Como se ha venido dando en estas y todas las otras demandas (en total seis en contra de la designación realizada el 6 de junio de 2024), la Secretaría General predispone la postura del CSU frente a las demandas, que siempre son aprobadas por cinco (5) de sus miembros y donde sus otros dos (2) miembros, que somos los firmantes de esta carta y que no comparten la proyección de la respuesta, dejan constancia y solicitan que sus posturas queden consignadas en las actas de la respectiva sesión y en las comunicaciones que se remitan como respuesta a la autoridad jurisdiccional precitada. Esto había sido rigurosamente respetado por la Secretaría General”, indicaron los profesores.

A pesar de esto, en un hecho, según los profesores denunciantes, “completamente irregular, presuntamente ilegal y además reprochable”, la Secretaría General habría omitido sus conceptos.

La Secretaría General del CSU les respondió a Torres y Botero que, como supuestos coadyuvantes de los demandantes, deben remitir sus comentarios al Consejo de Estado como tal.

“Los argumentos de su negativa deben ser remitidos directamente al Consejo de Estado en su condición de coadyuvantes, aclarando en todo caso que su sentido del voto es reconocido en la respuesta que se remite al Consejo de Estado, tal y como consta en las versiones finales de respuesta que se adjuntan a esta comunicación”, indicó Fernández Lara, según la carta de los profesores.

Conocida por SEMANA la carta de respuesta de la secretaria general del CSU a los profesores Torres y Botero, fechada el 5 de septiembre, la también profesora les argumenta:

“Ustedes se encuentran facultados para “apoyar y colaborar con actos procesales de la parte a la cual pretenden auxiliar”; en este sentido, ustedes pueden remitir de manera directa al Consejo de Estado su postura, tal y como lo han hecho en la mayoría de pronunciamientos sobre las medidas cautelares, por ejemplo los pronunciamientos realizados en desarrollo de la sesión extraordinaria asincrónica 20, realizada entre el 26 y 27 de agosto de 2024, actuando así, de manera coherente, con el reconocimiento que se les dio en el proceso y sin que ello implique en ningún momento vulneración alguna sobre su derecho a participar como integrantes del Consejo Superior Universitario en la sesión”.

Y les aclara: por un lado, que “el sentido negativo de su voto quedó de manera expresa incluido en el contenido de la respuesta que fue remitida al Consejo de Estado”; por otro, que “no se contempla que la Secretaría General sea vocera particular de sus opiniones y posiciones personales en su calidad de coadyuvantes, posiciones que, no obstante, han quedado plasmadas en las actas de las sesiones, como soportes del proceso deliberativo”.

Sin embargo, los profesores no reconocen esto y, por el contrario, dicen que la Secretaría General no tiene la competencia y potestad para “cercenar la postura que se sirva indicar un miembro con derecho a voto, al que además fue formalmente solicitada su postura y donde la misma fue expresada explícitamente para que fuera parte del acta, como también de la respuesta que se iba a dar a la autoridad que juzga la designación del actual rector de la universidad”.

Según Torres y Botero, ni siquiera que el Consejo de Estado los haya declarado coadyuvantes “le da el derecho [a la] profesora María Fernanda de callar las posturas de los suscritos en calidad de miembros del CSU”.

“Más aún cuando el documento público que se remitió al Consejo de Estado y que debió ser contentivo de toda la verdad ocurrida durante la sesión asincrónica, donde usted misma consigna que hubo 5 votos a favor y 2 votos en contra frente a los proyectos de respuesta, y las intervenciones debieron quedar plasmadas como fue pedido expresamente por nosotros, y como se había dado en el pasado”, reclaman.

Ante la acusación, Lara Díaz respondió, en el mismo documento del 5 de septiembre conocido por este medio: “Me permito informar que los proyectos de respuesta sobre los pronunciamientos a las medidas cautelares y a las contestaciones de demanda son elaborados desde la Dirección Jurídica Nacional y no corresponden a una imposición al Consejo Superior por parte de la dependencia a mi cargo, afirmación con la cual ustedes desconocen el trabajo imparcial, responsable y objetivo con que no sólo yo he actuado sino todo el equipo de la Secretaría General, en el marco de las funciones que como servidores públicos nos corresponden”.

Para finalizar, la secretaria general del CSU afirmó: “De acuerdo con las aclaraciones efectuadas, de manera enfática rechazo la acusación sin fundamento que realizan sobre el actuar de esta Secretaria General y de su equipo de trabajo, en tanto la acusación de haber incurrido, presuntamente, en el delito de “falsedad ideológica en documento público” queda desvirtuada, dado que en ningún momento se faltó a la verdad, por cuanto la respuesta remitida al Consejo de Estado contiene el sentido de su voto y, adicional, se brindó de manera oportuna la posibilidad de que ustedes de manera directa, en su calidad de coadyuvantes, remitieran al Consejo de Estado los argumentos adicionales que consideraran pertinentes”.

Pese a ello, los profesores anuncian que la situación los lleva a remitir a la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación los hechos, con el fin de que sean investigados.