Política
¿Qué hará la Corte Constitucional con el magistrado Vladimir Fernández, quien habría sido elegido con plata corrupta de la UNGRD?
Algunos expertos recuerdan lo que hizo en su momento la Corte Suprema de Justicia con el entonces magistrado Gustavo Malo, salpicado en el escándalo del cartel de la toga.
A partir de este lunes, 28 de abril, los ojos del país estarán puestos en la Corte Constitucional y en el magistrado Vladimir Fernández, cuya elección, según la exconsejera presidencial Sandra Ortiz, se agilizó con plata corrupta de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
En su más reciente edición impresa, SEMANA reveló las pruebas que Ortiz le entregó a la Fiscalía sobre la operación corrupta que terminó con la elección de Fernández en el máximo tribunal de la justicia ordinaria en Colombia, el 17 de octubre de 2023.
Se trata de seis conversaciones de WhatsApp de Ortiz con el entonces presidente del Senado, Iván Name, y con el propio Fernández, con quienes acordó un desayuno, el 13 de octubre de 2023, en el que también estuvo presente Carlos Ramón González, entonces director del Dapre.
Según le dijo Ortiz a la Fiscalía, Name recibió 3.000 millones de pesos de la UNGRD para agilizar la elección de Fernández e incluir dicha votación en el orden del día de la plenaria del Senado. Los pagos se hicieron el día anterior al desayuno y en la noche del propio 13 de octubre, según le confirmó Ortiz a los investigadores en el búnker.
La elección de Vladimir Fernández se concretó el 17 de octubre de 2023, cuatro días después del desayuno en la oficina de Name.
Cuando SEMANA publicó inicialmente, el pasado 9 de abril, que Ortiz había salpicado a Fernández en la matriz de colaboración que le entregó a la Fiscalía, la Corte Constitucional se estremeció y hubo una sala virtual para analizar el impacto en la credibilidad del alto tribunal.
Las razones son apenas naturales. Que un magistrado de la Corte Constitucional esté salpicado en un escándalo de corrupción golpea seriamente la credibilidad y la legitimidad de ese alto tribunal, guardián de la Constitución de 1991, y hace rememorar escándalos en el pasado, como los que afrontaron los magistrados Jorge Pretelt y Rodrigo Escobar.
Por eso, la pregunta que todo el mundo se hace hoy es cuál será la suerte que correrá el magistrado Vladimir Fernández, un hombre de confianza de Gustavo Petro, a quien —de hecho— perciben en la Corte, más que un magistrado, como un “abogado” de los intereses del presidente Gustavo Petro. Otros lo perciben como “infiltrado” y hasta un “espía”.
Aunque inicialmente el magistrado Fernández, el pasado 9 de abril, intentó decir que todo eran “mentiras” en su contra, las pruebas destapadas por SEMANA, y el testimonio de Sandra Ortiz, lo ponen contra las cuerdas. ¿Qué hará la Corte Constitucional tras conocer las pruebas que comprometen a Fernández?
En las últimas horas, algunos expertos juristas consultados por este medio recordaron, por ejemplo, lo ocurrido con el entonces magistrado Gustavo Malo, de la Corte Suprema de Justicia, salpicado en el escándalo de corrupción del cartel de la toga.
En el 2018, ante la decisión de Malo de no renunciar a ese tribunal, la Corte Suprema de Justicia tuvo que modificar su reglamento con el fin de suspender a magistrados que enfrentaran procesos penales en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
Dicha decisión, en abril del 2018, se tomó con el objetivo de proteger la confianza de los colombianos en ese tribunal.
Malo, en ese momento, fue acusado de una red de corrupción que tomaba decisiones judiciales a cambio de sobornos. Durante seis meses, Malo se ausentó de la Corte Suprema de Justicia, mediante incapacidades y una licencia no remunerada.
En marzo de este año, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de nueve años de cárcel contra Malo, quien en el 2018 fue declarado como “indigno” en el Senado. La condena contra Malo data desde 2021, tras ser señalado de hacer parte de una empresa criminal en el seno de la propia justicia.
En el caso de Vladimir Fernández, luego de la denuncia publicada por SEMANA en su más reciente edición, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes deberá iniciar una investigación de oficio. Fernández, al ser magistrado de la Corte Constitucional, tiene fuero.
Como la Corte Constitucional no contempla en su reglamento la figura usada en el 2018 por la Corte Suprema de Justicia, habrá que ver qué pasos sigue el máximo tribunal, donde el caso de Vladimir Fernández ha generado una verdadera tormenta. Se espera un pronunciamiento este lunes por parte del alto tribunal.
La Fiscalía, por su parte, también está en el ojo del huracán, pues pese a las evidencias aportadas por Sandra Ortiz, el proceso no ha avanzado. Fuentes han señalado a SEMANA que Vladimir Fernández fue una pieza clave en la elección de Luz Adriana Camargo como fiscal general, en la Corte Suprema de Justicia. Aunque la Fiscalía intentó restar mérito a las pruebas aportadas por Ortiz, antes de que el país las conociera, la defensa de la exconsejera presidencial para las regiones habló de datos precisos y corroborables que permiten iniciar procesos contra aforados, como el caso de Fernández. Sin embargo, en un primer momento, a los investigadores de la Fiscalía sí les habría llamado la atención la información entregada por Sandra Ortiz. Luego, sin explicación, todo cambió, señalan fuentes cercanas a ese proceso.
La integridad y la confianza en la Corte Constitucional se debe salvaguardar. En épocas turbulentas como las que vive el país, la Corte Constitucional debe ejercer ese contrapeso con una credibilidad intachable.
