Política
Registrador Hernán Penagos advirtió que, logísticamente, no es posible hacer una consulta popular el 7 de agosto, tal como lo propuso Petro; estas son sus razones
De acuerdo con el registrador, se requiere mínimo tres meses para organizar una consulta.
El registrador nacional, Hernán Penagos, le cerró temporalmente la puerta al decreto del presidente Gustavo Petro, que le solicitaba convocar a votaciones para su consulta popular el 7 de agosto de 2025, día en que se conmemora la Batalla de Boyacá.
Penagos, lleno de argumentos, trasladó la pelota a la cancha del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, que tendrán que dirimir jurídicamente la suerte del decreto presidencial. Al fin y al cabo, el Senado certificó que no avalaba dicha reforma porque fue hundida en la Plenaria.
Más allá del debate jurídico que esperará la Registraduría, Penagos habló de otro gran problema que, sobre el terreno, significa adelantar las votaciones al 7 de agosto, es decir, a menos de 60 días.
“Organizar una consulta exige una planeación muy juiciosa, que debe adelantarse con todo rigor y exige una definición clara de los fundamentos judiciales para llevarla a cabo”, dijo.
Y explicó el proceso logístico que se requiere para una consulta: “Debo decirles que, materialmente, no es posible realizar todos los procesos logísticos y de planeación para convocar una consulta popular en 53 días. Mínimamente, la Registraduría requiere alrededor de tres meses. Así lo determina la Constitución y la ley”, informó el jefe del organismo electoral.
Las razones son varias. “Una consulta popular nacional es semejante a un proceso electoral ordinario, como unas elecciones presidenciales o al Congreso. No es muy diferente. Hay que convocar a todos los habitantes del país”, explicó.
Dijo que las elecciones del 2026, donde se escogerá presidente y el Congreso para el próximo cuatrienio, requieren de meses de preparación.
“Cerca de año y medio construyendo de manera ordenada todo lo que conduzca a garantizar el voto libre de la ciudadanía. Esta consulta también lo requiere”, aclaró Penagos.
En esta consulta popular de Petro, por ejemplo, se destinarían 112.000 mesas de votación. “Y tendrá que llevarse material electoral a 67 países y a 124 consulados. La tarea de la distribución de material electoral a esos lugares apartados del planeta, es descomunal y difícil porque no solamente eso lo hace la Registraduría, sino cada país al momento de recibir ese material” explicó.
En ese orden de ideas, “solo el proceso de distribución conlleva meses para que llegue oportunamente a las naciones. Y no olviden: esta consulta popular, en el caso del exterior, debe abrirse con una semana de anticipación. En los consulados se puede votar una semana antes. Como no se trata de una elección ordinaria, hay que capacitar de una forma muy juiciosa a 650.000 jurados de votación. ¿Saben lo que eso significa? Requiere unas semanas importantes”, respondió.
La puesta en marcha de los sistemas de información por parte de la Registraduría tampoco son un tema menor. “Nuestra entidad no puede fallar”, enfatizó.
Por lo pronto, el registrador les pidió a las Cortes que se pronuncien sobre el decreto expedido por el presidente Gustavo Petro. También a la Procuraduría.
La consulta popular promovida por Gustavo Petro quedó frenada. Y, al menos de momento, es imposible que se realicen el 7 de agosto, tal como se lo anunció a SEMANA el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre.
