Registraduría, bajo el ataque: ¿en qué terminará la arremetida jurídica contra esa entidad de cara a las elecciones del 2026?

El Secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, ya destapó la estrategia del Gobierno Petro contra el sistema electoral colombiano. Por esa razón, interpuso una denuncia contra el registrador Hernán Penagos por entregarle un millonario contrato a Thomas Greg para la realización de las elecciones de las Juntas Administradoras Locales (JAL), que se harán en noviembre.

Según el funcionario del Gobierno Petro, esa firma es “la reina de la contratación”, y hay evidencias de que el contrato por 40.000 millones de pesos se diseñó a la medida de la empresa. Por el contrario, la Procuraduría General de la Nación, que acompañó todo el proceso contractual, dice que no se encontraron observaciones y que todo se hizo desde la legalidad. Esas posturas demuestran lo que será la etapa preelectoral de 2026, porque no cabe duda de que el Gobierno Petro intentará poner en tela de juicio el sistema electoral colombiano para intentar deslegitimarlo.

Aunque el trabajo de la Secretaría de Transparencia de la Casa de Nariño es fundamental, únicamente se ha enfocado en la Registraduría, y el Ejecutivo se hubiera ahorrado varios escándalos de corrupción si se hubiera puesto la lupa, por ejemplo, en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD). Si bien es cierto que Thomas Greg ha tenido unos 4,4 billones de pesos en los últimos años por contratos para la logística de las elecciones, no hay registro de anomalía alguna en dichos procesos contractuales.

No obstante, el Gobierno Petro quiere sacarlos a como dé lugar de la organización electoral, pero la empresa tampoco se dejará expulsar fácilmente. Fuentes de la propia Casa de Nariño le confirmaron a SEMANA que el círculo cercano a Petro le ha dicho que la continuidad del progresismo en el poder podría estar en riesgo si se mantiene esa firma.

Esa postura hace recordar lo que ocurrió en la pasada campaña presidencial, cuando Petro asumió el discurso de un supuesto fraude un año antes de la elección y sin sustento alguno. En ese momento, diferentes voces le recordaron que el sistema electoral que estaba cuestionando, era el mismo que lo había llevado a varios cargos de elección popular e incluso a ganar la Presidencia de la República.

Por esa razón, no se entiende cuál es la motivación de fondo para iniciar un ataque jurídico contra la Registraduría que, según Hernán Penagos pudo haber adjudicado el contrato de manera directa, pero para evitar suspicacias hizo una convocatoria pública. “Los funcionarios responden ante los órganos de control, no ante funcionarios de un gobierno. Un funcionario de un gobierno no puede sentenciar quién comete actos legales o ilegales.

Por lo menos en un Estado de derecho y democrático, así funciona”, dijo Penagos. Este enredo está dando muestras de lo que vendrá en 2025, cuando se tendrá que contratar la logística electoral de 2026, que incluye elecciones al Congreso, consultas, la primera vuelta presidencial y, seguramente, la segunda. Esta denuncia de Idárraga demostró la estrategia del Ejecutivo y que con seguridad vendrán más ataques en algunos meses.

Según el exregistrador Alexander Vega, hay un ataque orquestado contra el sistema electoral, y reveló que en 2022 Petro, al entregarle su credencial como mandatario, le reconoció que “el sistema electoral también ganó”. Por eso indicó que no entiende la razón por la cual ahora está atacando a la Registraduría.

Durante la IX convención del Partido Liberal, el senador Efraín Cepeda y el director del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, hablaron sobre unas alarmas que se deben prender en la democracia y mencionaron que podría darse intervencionismo del Gobierno Petro en los comicios para, posiblemente, desestabilizar las elecciones.

Además, Idárraga pidió a la Superintendencia de Industria y Comercio intervenir y recordó el episodio de marzo de 2024 cuando se inspeccionó a la Registraduría y se generó un escándalo. Aunque todavía no hay pistas de la contratación de la Registraduría para la logística electoral de 2026, seguramente se vendrá una avalancha jurídica para enredar los procesos. Entre tanto, la próxima polémica será la de los recursos, porque el propio Gobierno Petro es el que tendrá que garantizarlos.