Rodrigo Londoño le pide al presidente Petro que interceda ante la ONU para recuperar la verificación internacional del Acuerdo de Paz

La decisión del Consejo de Seguridad de la ONU, de reducir su mandato sobre la verificación del proceso de paz con las Farc y de extenderlo solo por un año, sigue generando preocupación y reacción de todos aquellos involucrados en el proceso.

El organismo multilateral dejó por fuera de sus funciones dos aspectos claves del Acuerdo Paz de 2016: la verificación de las sanciones restaurativas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el seguimiento al Capítulo Étnico.

Uno de los primeros en reaccionar fue el presidente Gustavo Petro, quien aseguró que la decisión del Consejo de Seguridad “muestra la displicencia del gobierno actual de los EE. UU. con la verdad en Colombia”. Igualmente, la vicepresidenta, Francia Márquez, calificó la medida como un retroceso significativo en el camino hacia la consolidación de una paz con justicia para los pueblos étnicos, “más aun, teniendo en cuenta que en sus territorios persiste la violencia de los grupos armados ilegales y se hace urgente proveer alivio humanitario”, sostuvo.

El turno ahora es para uno de los protagonistas del proceso de Paz, Rodrigo Londoño, conocido con el alias de Timochenko, ex jefe de las Farc y actual presidente del Partido Comunes. En su cuenta de X hizo pública una carta que le envió al presidente Petro, para pedirle que busque que la ONU recupere su mandato completo sobre el Acuerdo de Paz.

“Lamentamos que el componente de justicia para la Paz y el Capítulo Étnico ya no serán verificados por la Misión, precisamente en momentos en que la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, ha entrado en la etapa sancionatoria y su aplicación requiere de una autoridad y mecanismo internacional que verifique su cumplimiento. El mandato del Acuerdo sobre el punto de Justicia designa el mecanismo internacional que apoye al Tribunal para la Paz en las tareas de verificación del cumplimiento de las sanciones previsto en el numeral 53 d), que, será un componente específico de la Misión Política de verificación de las Naciones Unidas...” sostiene la misiva.

Londoño le propone a Petro elevar conjuntamente, como representantes de las partes del Acuerdo (guerrilla y Gobierno), una solicitud ante el Secretario General y la Presidencia del Consejo de Seguridad, con el fin de que puedan hacer una adición al mandato de la Misión de Verificación en Colombia, para que apoye al Tribunal para la Paz de la JEP.

“Consideramos que este componente es fundamental para el éxito de un Acuerdo que ha sido considerado hito mundial y ejemplo a seguir en la resolución pacífica de conflictos. En este momento crucial no nos puede faltar el aliento y el apoyo internacional”, insiste Londoño, quien finaliza la carta pidiéndole una cita urgente al jefe de Estado.

Mientras se da ese encuentro y se siguen conociendo reacciones a la decisión de la ONU, SEMANA conoció que cuatro magistrados de la JEP viajaron con dinero del presupuesto nacional a hacer ‘lobby’ para proteger el mandato de verificación de la ONU. Sin embargo, no lograron su cometido.

La comitiva —integrada por los magistrados Alejandro Ramelli, Julieta Lemaitre, Juan Ramón Martínez y Fabián Camilo Martínez (este último magistrado auxiliar del presidente Ramelli)— asistió a la sesión del Consejo de Seguridad sobre Colombia. Sus pasajes, viáticos y demás gastos ascendieron a más de 33 millones de pesos, sin ningún apoyo de cooperación internacional, en un viaje que hoy queda marcado como un lobby diplomático fallido.