¿Se acabarán los límites para alcaldes y gobernadores? Estas son las iniciativas que están apoyando

Los alcaldes y gobernadores, como cada cuatro años, buscan que sus solicitudes sean tenidas en cuenta por el Congreso recién instalado. Con la renovación que significa la llegada del nuevo gobierno, aprovecharon para plantear propuestas que levantarían muchas restricciones que hoy tienen. El primer proyecto tiene el apoyo de Daniel Quintero, alcalde de Medellín, suspendido por la Procuraduría por supuestamente haber incurrido en participación política en la pasada campaña presidencial.

El proyecto del representante liberal Andrés Calle fue calificado como la “Ley Daniel Quintero”, la cual busca regular la participación política de funcionarios públicos. Hoy hay un

vacío en su reglamentación. “El Congreso no ha cumplido su misión de hacer, mediante una ley estatutaria, la regulación en este caso”, le dijo Calle a SEMANA.

Por esto, la iniciativa radica en permitir que estos funcionarios participen en actividades de los partidos y que, en época electoral, tengan la capacidad de anunciar su apoyo, de forma visible y transparente. Quienes no están incluidos son los funcionarios de la rama judicial, los órganos de control y la fuerza pública, impedidos constitucionalmente.

“Somos el único país en Latinoamérica donde los funcionarios públicos, de los cuales muchos son elegidos popularmente como actores políticos, pierden el derecho político de poder manifestar su afinidad política”, argumentó Calle.

Aseguró que los presidentes, gobernadores y alcaldes siempre tienen un candidato de sus afectos para sucederlos. La idea es que estos lo anuncien “por encima de la mesa” y con límites claros.

“De ninguna manera se pueden utilizar los recursos públicos, utilizar los escenarios públicos, promover ascensos, disminuir salarios o coaccionar a los funcionarios inferiores jerárquicamente para promover a cierto candidato”, explicó el representante.

Esta se une a las propuestas de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, las cuales ya se hicieron llegar a la bancada de gobierno a través de una reunión entre Luz María Zapata, directora ejecutiva, y Roy Barreras, presidente del Senado.

Una de las más polémicas es la revisión de la Ley de Garantías. Según Zapata, la aplicación de la norma durante las elecciones presidenciales y regionales es un retroceso para el cumplimiento de los planes de desarrollo. En total, son ocho meses de parálisis.

“Con esas limitaciones en el momento que la Ley de Garantías nos impone que no podemos adelantar convenios ni hacer inversiones, eso se vuelve realmente complicado para el ejercicio de un mandato en el que se tienen que cumplir planes de desarrollo obligatorios”, explicó la directora de Asocapitales.

Por otro lado, la asociación también pide que se fortalezcan los requisitos para las revocatorias de mandato, dado que 13 alcaldes de ciudades capitales tuvieron que enfrentar un proceso de este tipo, todos infructuosos.

“No puede ser que una tercera parte de nuestros alcaldes haya estado sometida al estrés y el desgaste por estar defendiéndose de un comité de revocatoria de mandato. Vale la pena que revisemos, no la revocatoria, pero sí sus requisitos”, agregó.

Zapata asegura que, más que un tema de incumplimiento, se trata de un ejercicio de oposición: “Al otro día de ser elegidos, los que perdieron estaban montando comités de revocatoria de mandato”.

El endurecimiento de estos requisitos aún no está definido, pero uno de ellos podría ser ampliar el tiempo que se debe esperar desde la posesión para llevar a cabo el proceso. En la actualidad, es de un año después del inicio del gobierno. Asocapitales podría proponer hasta dos años.

A pesar de los planteamientos de los alcaldes de las capitales, se debe revisar la “avalancha” de proyectos que se están radicando en el Congreso. De esta forma, se buscaría incluir varias de estas peticiones en ellos.

Sobre la regulación de la participación política, Asocapitales se encuentra revisando el caso, y un grupo de expertos asesorará a esta organización para tomar una decisión frente al tema.

Por ahora, se conoce la ambiciosa propuesta de los alcaldes y gobernadores, que podría retirar muchas barreras. Sin embargo, también abren un debate que seguramente será extenso y complejo.

La Ley de Garantías, por razones relacionadas con la reactivación económica, quiso ser modificada por el gobierno de Iván Duque. Esto causó una ola de críticas por la posibilidad de que se utilizaran recursos públicos para fines políticos. A pesar de que se mantuvo y fue aprobada en el Presupuesto General de la Nación de 2022, la Corte Constitucional terminó tumbando el aparte por las múltiples demandas en contra.

Quedan cuatro años de trámite y un poco más de uno para los actuales alcaldes y gobernadores. Se espera que, en lo que les queda de gobierno, sean muy activos en el Legislativo para hacer llegar sus peticiones.