Se agudiza escasez de medicamentos: mientras pacientes están entre la vida y la muerte, autoridades se lavan las manos

Durante los últimos 25 años, la rutina de Clementina Florián, una ama de casa de la localidad de Kennedy, al sur de Bogotá, era siempre la misma: despertar a su hijo Juan Carlos, de 28 años, y suministrarle a lo largo del día una larga lista de medicamentos que no solo le tratan la epilepsia, sino otras afecciones igual de graves.

Clementina, al otro lado de la línea, hace memoria: 14 pastillas de Rivotril, de 2 miligramos; 12 más de Urbadan, de 20 mg; nueve de Tegretol, de 100 mg y otras nueve de Lamictal, de 100 mg. “Ah, casi lo olvido: el niño toma Risperidona. Lo que él tiene se llama epilepsia refractaria y un retardo mental severo; no puede dejar de tomar los medicamentos. Si no lo hace, queda entre la vida y la muerte”, asegura.

Lo cuenta con angustia. Hace al menos cinco meses, su EPS, Sanitas, no le entrega los medicamentos completos. “Al comienzo, le partía una misma pastilla para que me alcanzara para dos dosis. Pero ahora ya no puedo hacer eso; la demora llega a ser de dos meses. Y eso ha hecho que Juan convulsione varias veces. Yo no trabajo, soy una mujer de 56 años que toda la vida ha estado en casa. Todos esos medicamentos juntos cuestan más de 560.000 pesos. ¿Y yo de dónde?”, se pregunta la mujer.

La escasez de medicamentos que vive el país golpea con fuerza a pacientes con epilepsia, como Juan Carlos, pero no son los únicos. Asociaciones de pacientes oncológicos, psiquiátricos y con VIH denuncian trabas para acceder a fármacos que hacen parte de sus tratamientos vitales.

El propio Invima, al finalizar agosto, reconoció la crisis que acumula ya varios meses, prácticamente todo lo que va de 2024. En el listado de medicamentos vitales que no están disponibles se encuentra la somatropina solución inyectable, una hormona de crecimiento indispensable en tratamientos pediátricos; la nevirapina, usada para tratar el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en adultos y niños a partir de los 15 días de edad; la fenitoína suspensión oral, vital para el tratamiento y la prevención de las convulsiones que puede causar la epilepsia, la cirugía cerebral o el tratamiento para el cáncer de cerebro.

También figura el clobazam, que se requiere para controlar convulsiones en adultos y niños mayores de 2 años, diagnosticados con síndrome de Lennox-Gastaut, un delicado trastorno que causa convulsiones y, a menudo, retrasos en el desarrollo. La lista total incluye 15 medicamentos.

Sin distinguir EPS o región, los obstáculos para acceder a medicamentos se convirtieron en una constante. Y los motivos son múltiples. Jaime Alejandro Hincapié, vicedecano de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias de la Universidad de Antioquia, apunta a que, la de medicamentos, que “es una cadena tan compleja, con tantos actores y tantos intereses, que no está pasando solo una cosa, sino varias”.

Existe una restricción de los flujos de pago entre las EPS y los operadores farmacéuticos. Un punto agudizado por las demoras en los giros que realiza la Adres a esas entidades; la tardanza en los pagos de presupuestos máximos, que ya fue advertida, y la insuficiencia en la UPC de la que alertan esas entidades desde hace meses.

Lo sabe bien Clara Rodríguez, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica (ASCIF). “Esta situación de escasez y desabastecimiento que se ha venido presentando en Colombia, desde hace varios meses, tiene unas consecuencias derivadas de la situación del flujo de los recursos dentro del sistema de salud”, dice en SEMANA.

Rodríguez niega tajantemente que se trate de falta de producción nacional. Y entrega cifras: “Las plantas farmacéuticas producen cerca del 80 por ciento de los medicamentos que se consumen en el sistema de salud. Pero, existen unos medicamentos que no fabricamos, que atienden enfermedades graves y de alto costo. Especialmente, para el VIH, para la diabetes, como las insulinas; los oncológicos”.

Estos tienen un costo bastante alto “y las EPS, que son las responsables de asegurar el suministro de medicamentos a todos los pacientes, dicen no contar con todos los recursos para poder atender esas necesidades. Y son esos medicamentos los que se llevan el mayor rubro de la UPC, frente al resto de medicamentos”.

Así lo reconoce la presidenta de Acemi, Ana María Vesga: “Hoy, las EPS gastan más de lo que reciben, y esa congestión que genera la presión en los flujos, hace que las órdenes a los gestores sean por menor cantidad y que se generen trancones en la dispensación. Hay un problema financiero en el sector que se traduce en la dispensación de medicamentos”, advierte.

Los laboratorios están presentando problemas respecto a la cantidad de suministros que pueden entregar a las dispensadoras. A ese factor se le llama “nivel de servicio” y significa que no en todos los casos se están cumpliendo los pedidos, como ha pasado con los medicamentos anticonvulsivos y con algunas insulinas. No se trata de un problema de abastecimiento, sino de una incapacidad de cumplir con todo el pedido.

El otro asunto son las demoras del Invima para gestionar los trámites que se vienen presentando desde 2022. Las asociaciones de pacientes viven diariamente el drama de la escasez. Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, que agrupa a un centenar de esas asociaciones en todo el país, afirma que se han presentado reportes de falta de medicamentos para pacientes cardíacos, psiquiátricos y que padecen cáncer o epilepsia, “fármacos que los usuarios deben tomar todos los días para mantener su calidad de vida”. A esto se suma que solo hasta este viernes el Gobierno compró 2.610 tratamientos para la hepatitis C.

Una tarea que debió resolver desde enero pasado, pues el retraso en el acceso a este tratamiento puede ocasionar que los pacientes con esta hepatitis crónica desarrollen  fibrosis hepática o hasta cirrosis.

Así Vamos en Salud, observatorio que ha seguido en detalle la crisis, informó la semana pasada que, durante los primeros cuatro meses de 2024, las tutelas interpuestas para acceder a servicios de salud aumentaron en un 42,25 por ciento. Y, más grave aún, de esas las que buscan obtener medicamentos crecieron el 77,5 por ciento.

Mientras para los pacientes es un asunto de vida o muerte, las autoridades se lavan las manos. Esta misma semana, el Ministerio de Salud no solo confirmó los graves problemas de abastecimiento de medicamentos para tratar enfermedades crónicas, sino que culpó a las EPS como las responsables de la crisis, que ya incluso ha costado vidas, como una niña de 5 años en Facatativá, diagnosticada con epilepsia, quien murió a la espera de que Audifarma le entregara uno de los tres medicamentos esenciales que la menor debía consumir.

Según el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, “las EPS, que reciben los recursos a través de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) dentro del programa básico de atención, tienen la responsabilidad de asegurar que los pacientes reciban los medicamentos que necesitan”. El asunto entonces parece un callejón sin salida: las EPS deben comprar los medicamentos, pero esas entidades sostienen que los giros que les entrega el Estado son insuficientes para sostenerse.

Ni Jaramillo ni ninguna otra autoridad en salud han planteado soluciones. Nadie responde. El director del Invima, Francisco Rossi, culpa a la prensa: “Se organizó una campaña, en la que los medios jugaron un papel importante y buscaba crear la idea de que Minsalud e Invima generaron una crisis en todo el sistema para justificar la reforma a la salud. Se dijo que esta supuesta crisis de desabastecimiento obedecía a una intención de retrasar los trámites de registros sanitarios para que los medicamentos no se pudieran comercializar. Se dijo que había trámites represados por burocracia y corrupción”.

En el trasfondo también hay una descoordinación de los actores del sistema. “Solamente el trabajo intersectorial y coordinado por el Ministerio de Salud y del Invima puede ayudar a encontrar la solución. Y se queda corta la solución de la búsqueda de vitales no disponibles que encarecen el gasto en salud, porque lo que debemos prevenir son los escenarios de desabastecimiento”, advirtió Vesga.

Julio Rincón, agente interventor de la Nueva EPS, sostiene que otra de las causas radica en que hoy en día hay muchos medicamentos descontinuados “que los médicos siguen recetando. Acá, internamente, por ejemplo, les hacemos llamados de atención a muchos médicos si están recetando productos que ya no se usan. Porque el paciente llega al dispensario y se encuentra con que está descontinuado. Es un tema también de seguridad farmacéutica, en el sentido de que debemos producir los medicamentos que necesitan las comunidades”, señala en SEMANA.

¿Y las soluciones? No parecen tan claras, como explica Clara Rodríguez. “El país no está en condiciones de importar medicamentos que se necesitan para las enfermedades de alto costo, hasta tanto no se normalice el flujo de recursos. Las EPS se están demorando en pagarles a los gestores farmacéuticos, y estos, a su vez, se han demorado en pagarles a los laboratorios nacionales y a los importadores. Pero, el más afectado sigue siendo el paciente”.

Y va más allá: la apuesta debería apuntar a que Colombia pueda producir medicamentos para diagnósticos de alto costo. “Así, no dependeríamos del flujo de recursos. Y que no suceda lo que pasó con la epilepsia, que tocó traer a un laboratorio extranjero para que supliera la demanda. La industria nacional está preparada para producir ese 20 por ciento de fármacos que se deben importar”.

SEMANA envió cuestionarios al Ministerio de Salud y al Invima, los cuales no habían sido respondidos hasta el cierre de esta edición.