¿Se enredó la reforma política? Coalición Centro Esperanza anuncia que votará negativo, si no se hacen modificaciones

Luego de haber sacado adelante la ley de paz total y la reforma tributaria, el Gobierno nacional se enfoca en tramitar la reforma política, sin embargo, está claro que no será para nada sencillo.

Este jueves, la Coalición Centro Esperanza, en la que hay congresistas de Alianza Verde, Dignidad, Verde Oxígeno y Nuevo Liberalismo, anunciaron que si no se hacen modificaciones en cuatro líneas rojas, votarán de manera negativa el proyecto.

Los temas que generan preocupación en este sector son la flexibilización del régimen de doble militancia, las listas cerradas, la financiación de campañas políticas y la puerta giratoria legislativo-ejecutivo.

Uno de los puntos que no apoyará la Centro Esperanza es el hecho de que se permita en 2026 el “transfugismo”, es decir, que los políticos no tengan problemas por doble militancia y puedan saltar de una colectividad a otra. Estos dos artículos van incluidos en la ponencia que se discutirá en Cámara.

“Lo anterior podría debilitar las bancadas y representar un posible fraude al elector”, dice una comunicación emitida por los congresistas de estas colectividades.

Otro de los aspectos polémicos es que las listas a corporaciones públicas deberán ser cerradas. Esta propuesta no cae bien en la Centro Esperanza, en la medida en que no están claros los mecanismos de democracia interna al interior de los partidos para determinar quiénes ocuparán estas listas.

Sin embargo, uno de los principales propósitos del Gobierno y de la bancada del Pacto Histórico es replicar lo que hicieron en las pasadas elecciones en las que optaron por una lista cremallera, en el que estén intercalados hombres y mujeres, y los ciudadanos puedan votar por el partido o coalición y no por determinado candidato.

Algunos cuestionan que este sería el principal propósito del Gobierno con la ley, consolidar el Pacto Histórico como plataforma política.

Por eso, este es uno de los temas álgidos, tanto así que en el debate del Senado algunos congresistas consideraron que si ese artículo se caía no tiene sentido el proyecto.

El tercer punto que pidieron la Alianza Verde y los demás partidos que integran esta coalición tiene que ver con la financiación de las campañas, pues no estaría claro si sería privada o estatal, además, “se eliminan los topes de financiación”.

Finalmente, critican el artículo que permite que los congresistas puedan pasar a ser ministros sin que incurran en inhabilidades.

“En correspondencia con las preocupaciones expuestas, solicitamos al ministro del Interior y al Gobierno nacional facilitar un debate amplio, plural y suficiente, a fin de corregir y/o enderezar los aspectos problemáticos”, puntualiza el pronunciamiento.

Esta comunicación de la Centro Esperanza de inmediato generó preocupación en el Gobierno, pues por lo menos la Alianza Verde hace parte de su coalición y perder estos votos puede resultar decisivo a la hora de lograr la aprobación del proyecto.

Extender periodos

Buena parte de la polémica de esta reforma también estará en el artículo que permite la posibilidad de aumentar el periodo del presidente, los congresistas, los gobernadores, los alcaldes, así como los diputados y concejales.

Según conoció SEMANA, la idea se pondrá en discusión durante el trámite de la reforma política en la Comisión Primera de la Cámara, debate que está previsto para la próxima semana.

Esta propuesta, que todavía está en discusión, ya había sido puesta sobre la mesa en los debates de esta iniciativa en el Senado, pero no fue acogida. Sin embargo, según un acuerdo al que llegaron los ponentes, la idea es revivirla.

Según lo propuesto inicialmente, la idea es extender el periodo a estos altos funcionarios a cinco años, es decir un año más del que tienen ahora. No obstante, esta disposición no aplicaría para ninguno de los que actualmente ostentan estos cargos sino que será a futuro.

El planteamiento es que para el caso del presidente y los congresistas aplique desde 2026 y para los gobernadores, alcaldes, concejales y diputados sea desde 2027. Es decir, esta medida no beneficiaría al presidente Gustavo Petro ni a los actuales parlamentarios.