Política
¿Secretismo con cifras de la eutanasia en Colombia? El Ministerio de Salud no actualiza las estadísticas sobre el procedimiento: “No contesta”
El sector médico advierte que el Ministerio de Salud no ha entregado estadísticas sobre el acceso al derecho a la muerte digna en Colombia. Reclaman que los datos sean públicos.
La muerte digna es un derecho en Colombia y la Corte Constitucional le dio la orden al Ministerio de Salud de documentar las estadísticas sobre el acceso a la eutanasia en el país.
Sin embargo, el sector salud lleva más de tres meses esperando que la cartera entregue información sobre el estado del acceso a ese servicio durante 2025 sin que el Gobierno emita una comunicación clara del tema.
A la cartera han llegado al menos 23 derechos de petición radicados desde el mes de marzo solicitando datos sobre cuántos pacientes, afiliados a cuáles entidades promotoras de salud (EPS) y en qué ciudades han podido contar con ese procedimiento para poner fin al sufrimiento de los enfermos, sin que ese despacho dé certeza de la cantidad de intervenciones aplicadas.
El catálogo de solicitudes, muchas de las cuales se convirtieron en tutelas para exigir el acceso a la información pública, fue conocido por SEMANA y su resultado pone en duda cómo el despacho que dirige el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo está llevando el conteo de casos en los que se permite acceder a ese derecho.
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“Siempre hemos tenido problemas en el acceso a la información, pero este año hemos percibido un manto de secretismo sobre los procedimientos. El Ministerio no ha contestado a tiempo y han dicho que la información es reservada, cuando se trata de un asunto de salud e interés público”, relató Lucas Correa, vocero del Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DescLab).
El Ministerio de Salud no ha confirmado cuáles son las EPS a las que están afiliadas las personas que se practican ese procedimiento, tampoco las clínicas que lo facilitan, menos en las que se está negando la muerte digna y tampoco los tiempos que deben esperar los pacientes entre el momento en el que se les aprueba el procedimiento hasta cuando pueden efectuarlo.
La realidad, advierte DescLab, es que los usuarios tienen que esperar semanas o meses entre el momento en el que sus médicos tratantes los admiten como pacientes que pueden recibir la eutanasia hasta el instante en el que encuentran un centro médico dispuesto a facilitarles ese procedimiento.
Una sentencia de la Corte Constitucional emitida en 2017 le dio la orden al Estado de llevar un registro de los procedimientos aplicados. No obstante, este reporte solo comenzó a levantarse a partir de 2021 y los constantes retrasos para consolidar la información tienen ese dato de salud desactualizado.
Entre 2015 y 2023 se registraron 692 procedimientos, de los que 271 tuvieron lugar durante 2023. La conformación de la base de datos sobre los procedimientos de eutanasia depende de que todos los actores del sistema de salud le reporten los casos a la cartera para que esta los consolide.
Es tal la preocupación por este asunto que el sector le pidió a la Corte Constitucional declarar las estadísticas sobre el acceso a la muerte digna como un asunto de salud pública, instando al Ministerio de Salud a entregar información sobre este asunto.
En todo caso, este no es el único tema sobre el que las organizaciones le han pedido transparencia a la cartera. Ese despacho viene presentando retrasos en la entrega de información sobre el estado de las EPS que están intervenidas, el cálculo técnico de la UPC y los giros de los presupuestos máximos.
Entre tanto, el Congreso no ha podido reglamentar la eutanasia y se han presentado más de 15 iniciativas que han naufragado en su trámite por falta de voluntad política.
