SEMANA revela denuncias contra Finsocial, compañía de Santiago Botero, el empresario que ahora quiere ser presidente. Los clientes aseguran estar asfixiados

Santiago Botero Jaramillo es un empresario paisa que anunció recientemente que será candidato en las elecciones presidenciales del 2026, a través del movimiento ‘Colombia Pa’ Lante Unida’. Finsocial es la empresa más importante que ha fundado Botero, que se dedica a entregar créditos por libranza y libre inversión de forma rápida, específicamente a docentes del sector público, y pensionados. Con una red de asesores, tanto virtuales como presenciales, que incluso llegan a las casas de potenciales clientes, ofrecen servicios en las zonas más vulnerables del país.

Luego de anunciar su candidatura presidencial, salieron a relucir graves denuncias contra Finsocial, por publicidad engañosa, infringir el derecho a la protección contractual y créditos que se alejan de lo que venden sus asesores.

SEMANA conoció múltiples denuncias de maestros y pensionados, quienes señalan que han tenido que dejar de comer y atender sus necesidades básicas para cumplir con créditos cuya deuda, según dicen, se triplicó.

Una de las líderes de los afectados por esta empresa, fundada por Botero en el 2012, es Carmen Cecilia Lora Carrascal, profesora del municipio de San Pedro de Urabá, en Antioquia. SEMANA se comunicó con la mujer, quien asegura que aún sufre por un crédito que solicitó en 2021.

La docente cuenta que pidió un préstamo por 24 millones de pesos para saldar deudas con un familiar. Por un chat, un asesor le dijo que debía pagar una cuota de 725.000 pesos por 120 meses.

A Carmen Cecilia le desembolsaron el crédito que pagó puntualmente hasta mediados de 2022. En ese momento quiso revisar el saldo pendiente para pagar la deuda en su totalidad, pero se sorprendió al ver que ascendía a 87 millones de pesos.

La mujer no dudó en denunciar el caso ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que le dio la razón y le ordenó a Finsocial cobrar la deuda de los 24 millones de pesos, con los intereses acordados.“Como ellos apelaron la decisión, el juez ordenó una medida cautelar para que no me descuenten más dinero. Luego, en diciembre de 2023, me debitaron y siguieron por cinco meses más. Fueron más de 4 millones de pesos. Justificaron diciendo que era porque no tenía paz y salvo”, dijo Lora.

Finalmente, el pasado 2 de octubre, un juez ratificó la primera sentencia contra Finsocial. Agrega que en una de las audiencias, Margarita Méndez Tolosa, a nombre de Finsocial, admitió la existencia de “errores en el plan de pagos, y el contrato de libranza concreta la falta de claridad y veracidad en la información proporcionada”.

La sentencia fue tajante: “(Margarita Méndez Tolosa) admitió que las mismas prácticas informativas se utilizaban con otros consumidores, lo que sugiere una conducta sistemática y reiterada. (...) Todos los elementos mencionados evidencian fallas graves en el cumplimiento del deber de información y en el respeto de los derechos del consumidor por parte de Finsocial”.

Carmen Cecilia aún espera que le devuelvan lo que le deben, según ordena la ley, pero sigue cargando con deudas que han impactado gravemente a su familia: “Si hubiera sido otra persona, me habría quitado la vida. Venía orando en el camino a mi trabajo para que no se acabara el combustible. No me salían las palabras para pedir prestado a mis compañeros”.

Su caso no es el único. SEMANA conversó con Yudy Sandra Castillo Marinez, una docente de Tumaco (Nariño). Manifestó que hasta para pedir el estado de deuda en Finsocial hay que pagar 20.000 pesos.

Ante la SIC denunció que pidió un préstamo por libranza de 15.429.100 pesos en noviembre de 2021. Luego, en octubre de 2022, vino un crédito de libre inversión por 3 millones de pesos. Al final, esto se le convirtió en una deuda impagable de 63.085.042 millones de pesos.

“He pagado más de 50 millones de pesos. Solicité mi estado de cuenta en la Secretaría de Educación. No hago mercado porque tengo que pagar. Me toca comer arroz con huevo o plátano con café”, contó a este medio.

Desconsolada, Yesenia Vásquez Meriño, de Saravena (Arauca), contó que para pagar los créditos de Finsocial debe dejar de comer, con el fin de que sus hijos tengan un plato de comida. “He pensado en declararme en insolvencia. Soy madre cabeza de familia, tengo tres hijos. Me ha tocado trabajar horas extras y buscar recursos por otros lados. Me toca no comer”, dijo la docente.

Su sueño era terminar de construir una casa, pero 44 millones de pesos de dos créditos con Finsocial resultaron convertidos en una deuda de más de 70 millones de pesos.

Genny Judith Padilla Suárez, de Capitanejo (Santander), solicitó 9 millones de pesos en pandemia, que se convirtieron en 45 millones de pesos, en medio de problemas con el pago, mora y demás costos agregados por la entidad financiera que, según las denuncias, corresponderían a seguros que no son informados debidamente a los clientes antes de tomar los créditos.“Interpuse una demanda, pero preferí pagar el monto porque me iban a embargar. Lo hice para llevar a mi esposo a quimioterapias”, dijo Genny Judith.

Igual ocurrió con Esmeralda Arguemedo Tejada, de Mutatá (Antioquia). Un préstamo de 10 millones de pesos se convirtió en 16 millones de pesos. Ahora está reportada en centrales de riesgos, con temor a ser embargada. “Me reportaron, y antes de ayer me llegó la notificación de que me van a embargar el sueldo. Intenté reportar en la Superintendencia Financiera, pero ellos no supervisan”, dijo la profesora.

Lo mismo le ocurrió a Secundina Hernández Saavedra, quien trabaja en el mismo colegio que Arguemedo: “En la pandemia pedí un préstamo de 9 millones de pesos. Ahora les debo 18 millones de pesos, me amenazan con suspenderme el sueldo. Estoy en mora porque no pagué más al ver que no bajaba la deuda”.A raíz de estas denuncias, SEMANA contactó este viernes a Santiago Botero Jaramillo. El empresario decidió reciclar un video viejo y lo publicó en sus redes sociales; en él se refiere únicamente al caso de Carmen Cecilia, de San Pedro de Urabá. Pese a que se le preguntó por más casos y las supuestas conductas de la empresa, no dio respuesta.

En su video en redes sociales, donde varias personas han dejado comentarios críticos en su contra, Botero Jaramillo sostuvo que “Finsocial nunca ha sido multada”, pero la sentencia de la Superintendencia de Industria y Comercio por el caso de Carmen Cecilia, en primera instancia, fue confirmada el pasado 2 de octubre.

“Actualmente, la compañía está en un proceso que sigue estrictamente el debido proceso ante una reclamación que, desde nuestra perspectiva, carece de justificación. No obstante, como siempre, Finsocial acogerá con total respeto cualquier decisión que emita la ley”, manifestó Botero Jaramillo en el video.

En Instagram los comentarios de los usuarios han venido siendo ocultados en las últimas horas. Una de las personas advirtió, a propósito de las constantes quejas contra Finsocial, que, de hecho, han motivado la creación de grupos en Facebook y WhatsApp a los que se han unido miles de personas de todo el país: “No solo las tasas elevadas, es la falta de información en relación al portafolio que ofrecen”.

Adicionalmente, Botero Jaramillo dijo que vendió la compañía hace tres años, pero confirmó que sigue siendo su representante legal. De acuerdo con Botero, “en aproximadamente una semana dejaré de desempeñar el cargo”.

Botero Jaramillo vendió Finsocial en 2021 a inversionistas internacionales, quienes le pidieron mantenerse como CEO por tres años. El empresario terminó contrato en abril de este año, cuando decidió irse a estudiar inglés al exterior. Sin embargo, sigue siendo el representante legal de la compañía. En medio de los ruidos en su contra por las denuncias con Finsocial, Botero Jaramillo se alista ahora para incursionar en la política y salir en busca de votos.