Las diferencias entre los magistrados Cristina Lombana y César Reyes, juntos de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, y conocidos en Colombia por el peso de las investigaciones que adelantan en sus despachos, estallaron a comienzos de 2025.
SEMANA tiene en su poder el rosario de quejas de Lombana contra su compañero radicada ante el Comité de Convivencia Laboral de la Corte el pasado 3 de octubre. La investigación cruzó fronteras y está en manos de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara.
El documento de 12 páginas de la magistrada Lombana contra Reyes, hoy presidente de la Sala de Instrucción de la Cámara, es demoledor. “Sistemáticamente mi trabajo ha sido banalizado y boicoteado por las acciones del magistrado Reyes”, se quejó la jurista.
Citó varios casos, entre ellos, una supuesta extralimitación de funciones de Reyes. En octubre de 2023, cuando el magistrado Francisco Farfán solicitó una licencia de seis meses, él llevaba a su cargo la investigación contra el exsenador Arturo Char por corrupción electoral. Ante esto, Reyes asumió el expediente del político barranquillero.
“En cada sesión, Lombana dejaba constancia de que consideraba que el magistrado Reyes se había extralimitado en sus funciones de presidente, pues esa calidad no lo habilitaba para asumir unilateralmente -mientras llegaba de su licencia el ponente original- una actuación, sin acudir a un mecanismo aleatorio”, se lee en el oficio.
Al final, la investigación fue rotada y Lombana terminó nuevamente al frente. Profirió un proyecto para dejar en libertad a Char y empezó un batalla campal porque Reyes, en su papel de presidente de la Sala de Instrucción, se atravesó.
En la sesión del martes, 19 de diciembre, “Reyes me increpó por más de dos horas, sosteniendo que yo estaba actuando como agente oficiosa al favorecer al procesado, pues lo que la Sala esperaba de la Suscrita era que presentara un proyecto de calificación del mérito probatorio del sumario y no el otorgamiento de la libertad por vencimiento de términos”, narró ella.
De otra parte, Reyes “tiene otra manera de entorpecer la labor de mi despacho: los tiempos que, de manera arbitraria, toma el magistrado para resolver las recusaciones que se han presentado en mi contra”.
Dijo que ha sido la única magistrada de la sala “recusada tantas veces” y con “tanta mora” para que le resuelvan sus “incidentes” por parte de Reyes.
“Las actuaciones se han visto suspendidas por varios meses en un solo año -lo que resulta estratégico para los procesados- sobre todo cuando hay apertura de investigación formal y definición de situación jurídica”, explicó.
“Estos incidentes han sido propuestos, coincidencialmente, un día antes de iniciar la discusión al interior de la Sala de los proyectos dejándolos en el congelador y el expediente en manos de Reyes”, denunció.
Se refiere a los casos de “Piedad Córdoba, Armando Benedetti y Carlos Alberto Carreño Marín”.
Denunció que Reyes y el magistrado Marco Antonio Rueda “sostuvieron que por ser (Lombana) miembro de las Fuerzas Militares (en calidad de juez), no podía ser magistrada de la Corte, como si esa discusión fuera de su competencia, así que si no me separaba de la carrera militar, no se volverían a reunir en Sala conmigo para decidir los asuntos correspondientes, lo que evidencia que desde entonces plantearon mi salida de la Corporación”.
Y siguió: “Resalto la grosera actuación del magistrado César Reyes durante una sesión de la Sala, en la cual se debatió la nulidad presentada por la apoderada de la investigada fundada en la ‘incapacidad’ física que me había sido calificada. No obstante, ese conocimiento, pese a tratarse de una incapacidad referida exclusivamente al ejercicio de mis actividades físicas como militar activa, Reyes quiso hacerla ver como una incapacidad psíquica para el desempeño de mis funciones judiciales, lo cual motivó el llamado al respeto por parte de quienes fungían como Conjueces en ese proceso”.
La pelea de Lombana y Reyes tocó a los funcionarios de la Sala de Instrucción. María Camila Mejía, cercana a Lombana, denunció a la secretaria general, Adriana Hernández Aguilar, cercana a Reyes. “Yo sé que Usted (María Camila) viene del despacho de la Doctora Lombana, pero sepa que aquí su jefe soy yo y no quiero que lleve información ni de aquí para allá, ni de allá para acá”, contó Mejía.
El 6 de agosto de 2025 “me dirigí a la oficina de la señora secretaria. Al ingresar con mi dispositivo móvil en la mano, la aludida servidora me abordó en un tono muy grosero diciéndome: ¿Por qué me está grabando? No la autorizo a grabarme. Me exigió apagar el teléfono móvil procediendo a ello. Inmediatamente me ordenó volver a encenderlo y mostrárselo. Mientras le mostraba la pantalla de mi celular, la señora secretaria me quitó de mis manos el teléfono y comenzó a revisarlo, sin mi autorización”. La pelea apenas comienza.
