“Si lo hacen, es barato lo que se les pague”: Mario Hernández está de acuerdo con el posible aumento del salario a congresistas, pero les hizo llamado a cumplir con su trabajo

Debido a que la Constitución Política obliga a que cada año el presidente decrete el aumento salarial para los congresistas, es muy posible que eso ocurra en los próximos días. Esto podría ser contraproducente para el gobierno teniendo en cuenta que han tenido un discurso de austeridad y de cambio.

Ante este inminente aumento de salario, el empresario colombiano Mario Hernández apoyó ese incremento, eso sí, con algunas condiciones. “No importa el sueldo si construyen país y piensan en la comunidad, si lo hacen es barato lo que se les pague! Y no que se vendan por mermelada”, escribió en su perfil oficial de Twitter.

Cabe recordar que el pasado 4 de agosto de 2022, días antes de dejar de ser presidente, Iván Duque dejó firmado el Decreto 1546 con el que se fijó un aumento del 2,61 % para el salario de senadores y representantes a la Cámara. El documento publicado dice que “a partir del 1 de enero de 2021, la asignación mensual de los miembros del Congreso de la República se reajustará en dos punto sesenta y uno por ciento (2,61 %).

En ese momento, el sueldo neto de los congresistas era de $ 34.418.133, por lo que el incremento se acercó a los $ 898.313 mensuales. Eso significa que actualmente el sueldo neto de los senadores y representantes es de $ 35.316.133.

Hay que resaltar que el incremento salarial es con retroactivo, por lo que los congresistas vienen recibiendo progresivamente el excedente que suma desde enero de este año. Luego de que se establece el pago para los congresistas; a partir de ello se determina el del presidente, magistrados y otros órganos de control para el país.

¿Siempre ha sido así el pago para el Congreso?

Teniendo en cuenta los registros que comparte la Función Pública, desde 1992 ha habido una estimación relacionada con el pago a los congresistas; siendo en esa fecha de $ 1.800.000 para los funcionarios públicos, mientras que el salario mínimo no superaba los $ 65.000.

Años después, para 2002, se aprobó un incremento del 8 % sobre la base principalmente constituida. Así las cosas, la brecha y diferenciación en comparación con el salario mínimo de 2002 fue notoria, ya que un congresista ganaba $ 14.048.226, mientras el salario mínimo era de $ 309.000.

Si se tiene en cuenta las anteriores cifras, luego de 15 años, en 2017 los números de aumento siguen predominando. Antes de terminar 2016, el gobierno autorizó un aumento de 7,77 % para el salario del Congreso desde el primero de enero de 2017.

En ese sentido, un funcionario legislativo devengaba $ 27.929.064 en 2017, mientras que el salario mínimo legal vigente fue de $ 737.717. Para la fecha, en pleno 2022, la brecha no tiene descenso alguno; un congresista gana 34,4 veces en comparación con lo que el monto constituido de un salario mínimo legal vigente.

¿Y la reducción de salario para los congresistas?

El pasado 26 de octubre el nuevo proyecto de reforma constitucional que busca reducir el salario de los congresistas tuvo su segundo logro en el Congreso: su aprobación en la plenaria del Senado y su paso a la Comisión Primera de la Cámara. Por tratarse de un acto legislativo, necesita 8 debates.

A pesar de que la reducción del salario de los congresistas es una propuesta que se presenta cada tanto, no ha logrado prosperar. Sin embargo, esta vez el panorama parecer ser distinto. El Centro Democrático es el principal impulsor del proyecto, pero a él se han plegado distintas fuerzas políticas que ven la necesidad de intervenir en este tema.

La ponente fue la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, quien celebró que el proyecto haya dado ese primer paso. “Estoy feliz de contarles que logramos aprobar el proyecto del Centro Democrático para reducir el salario. Va a quedar un tope de 25 salarios mínimos (...) Es una buena noticia para quienes creyeron en nosotros”, aseguró Valencia.

Según lo aprobado, quedará ese tope de 25 salarios mínimos y un impuesto del 20 % a los salarios de los congresistas y de todos los altos funcionarios del Estado.